Los docentes porteños tendrán licencias por violencia de género

La Legislatura aprobó la incorporación de la licencia por violencia de género al Estatuto Docente que contempla la percepción de haberes para aquellas docentes con carácter de titular, interino o suplente que padezcan cualquier tipo de violencia de género que afecte su seguridad personal. Se deberá presentar un certificado de algún servicio de atención a víctimas de violencia.

Los docentes porteños tendrán licencias por violencia de género

El proyecto aprobado en comisión fue fruto del consenso entre los legisladores Marcelo Ramal (FIT),  Lorena Pokoik y Paula Penacca (FPV), Juan Nosiglia, Marcelo Gouman y Natalia Fidel (Suma+), Maximiliano Ferraro (CC) y Lía Rueda y Victoria Morales Gorleri (PRO).

La necesidad de crear una licencia especial para los casos de violencia de género ganó visibilidad luego de la marcha Ni Una Menos. Hasta ahora, las docentes debían pedirse días por enfermedad o recurrir a la licencia psiquiátrica cuando eran golpeadas y no podían ir a trabajar.

La modificación al artículo 70 de Estatuto Docente, con la incorporación del inciso “Y”, busca acompañar a las víctimas de violencia de género otorgando una licencia especial para todo el personal docente, sea titular, interino o suplente, de manera de proteger y defender la integridad de las personas.
 
De esta forma se formaliza un marco de protección legal a las docentes que padecen violencia de género y no encuentran marco alguno para proteger uno de los elementos fundamentales que le pueden permitir avanzar hacia la separación de sus golpeadores: la continuidad de su fuente de trabajo como posibilidad de su independencia económica.
 
El legislador Marcelo Ramal (FIT) resaltó la importancia de que las docentes ya no tengan que ampararse bajo la licencia psiquiátrica por este motivo y pidió incluir la posibilidad de reubicación de escuelas de las maestras, reclamado desde los gremios.
 
El debate había estado paralizado durante meses porque los legisladores del PRO pedían una denuncia penal como requisito para acceder a la licencia.  Finalmente se acordó que las docentes cuenten con una “debida justificación emitida por los servicios de atención y asistencia a las víctimas” y, luego, en un plazo de 72, presente “la denuncia judicial correspondiente o la certificación emitida por los organismos estatales competentes”.
 
“Celebro la aprobación de este proyecto porque viene a instituir un tipo de licencia que estaba de alguna manera negada por Estado. Se suma a esa ampliación de derechos que tenemos que garantizar a las trabajadores docentes”, dijo Maximiliano Ferraro, presidente de la Cominsión de Educación.