El nuevo dato hace de esa relación privado-público, el negocio perfecto (para los privados, claro): el Ministerio de Seguridad porteño decidió alquilar en Molina 4 lofts de 200 m2 cada uno para instalar oficinas de la Subsecretaría de Administración de Seguridad. En tres años, que es por el tiempo que se hizo contrato, la Ciudad gastará en esos alquileres más de 8 millones de pesos (8.459.360 para ser exactos). En los fundamentos publicados en el Boletín Oficial N 4971, del 22 de septiembre pasado, no indican las serias dificultades que está teniendo la inmobiliaria Achával Cornejo para vender o alquilar los 360 lofts con concheras y los locales que están en la planta baja. Dicen que es urgente –no hubo licitación alguna y la contratación fue directa- reubicar esa Subsecretaría debido al “incremento de tareas y funciones que trajo aparejado el traspaso de la Policía Federal al ámbito de la Ciudad, lo que implica un crecimiento de oficinas, cantidad de equipamiento y recursos humanos para su adecuado funcionamiento”.

 

Para expicar por qué el Estado porteño decidió alquilar, casualmente, en un emprendimiento del que es inversor el Presidente de la Nación, el Ministerio de Justicia y Seguridad aseguró que no había ningún inmueble de la Ciudad con las características necesarias para instalar las oficinas y que éste les pareció el más adecuado porque, además, está a metros de la sede de ese Ministerio “en el ámbito del barrio de Barracas”. Sin embargo, el dato es falso. Primero debemos aclararle a los funcionarios que tanto el edificio donde funciona actualmente el Ministerio como el Molina Ciudad no se encuentran en Barracas sino en La Boca.

 

Hecha esta aclaración, la segunda mentira es la más importante: Según relevó Sur Capitalino, existe un inmueble propiedad del Instituto de la Vivienda porteño que está a sólo una cuadra y media de Molina. El edificio de dos pisos de Olavarría 986 está vacío y abandonado desde hace cinco años. Allí funcionaba un hogar transitorio para familias que vivían en conventillos a ser recuperados. Se incendió en julio de 2011 y bajo el fuego murió un bebé de un año. Desde entonces, el edificio está tapiado y la Ciudad gasta en él la custodia de una empresa de seguridad privada las 24 horas.

Esa esquina podría recuperarse, sin dudas, con menos de los 8 millones y medio que costarán los alquileres de los lofts. Pero el negocio no sería tan redondo.

 

Es que con el alquiler de varias unidades de un edificio privado que está prácticamente deshabitado, no sólo ganan sus inversores –Macri y sus socios Fernando Baremboim, Hernán Civils Rovirosa e Iván Achával- sino que además se lleva sus pesos la inmobiliaria a través del cual se hizo el contrato: Achaval Cornejo. Por haber sido intermediaria en los alquileres, la inmobiliaria que preside el íntimo amigo de Macri –y testigo de su casamiento con Juliana Awada- cobrará 338.374,56 pesos.  

 

Los lofts que alquiló el Ministerio de Seguridad que preside Martín Ocampo llevan los números 203, 253, 254 y 207. En el combo también tienen a disposición 12 cocheras. Los tres primeros departamentos son propiedad del empresario Juan Gonzalo Cacheda; y el último, el 207 de 223 m2, es de Juan Domingo Mazzón, hijo de Juan Carlos “Chueco” Mazzón, histórico operador del PJ que murió en agosto de 2015. Juan Domingo es el Gerente de Fondos Comunes de Inversión del Banco Patagonia, a cuyo directorio llegó como representante del Estado (Anses) en 2011. Además, preside Patagonia Inversora SA, cuya sociedad depositaria es el Banco.

 

Los contratos de alquiler que constan como anexos de las Resoluciones 635 y 636 publicadas en el Boletín Oficial, no pactan precios mensuales –como cuando alquila cualquier familia- sino el total por los tres años. El contrato con Mazzón es por 2.094.900 de pesos, a pagar 43.753 por mes durante el primer año, 56.879 mensual el segundo y 73.943 el tercero. En el caso de los 3 lofts de Cacheda, el total es de 6.364.460 a pagar 132.925 pesos mensuales hasta el 4 de mayo de 2017, 172.803 por mes el segundo año y, por último, unos 224.644 pesos.

 

Dado que según las leyes 23.928 y 25.561 está prohibido indexar los contratos de alquileres (es decir, aumentar escalonadamente de antemano estableciendo la futura inflación anual), los contratos firmados por el Ministerio utilizan el mecanismo de proyectar el alquiler de todo el plazo contractual, dividiendo los pagos en alquileres mensuales desiguales y progresivos. ¿Cuál es el porcentaje de aumento interanual que pagará el Estado porteño? Un 30 por ciento. Casi el doble del 17% que el Banco Central anunció que habrá de inflación en 2017.

 

En ese contexto, parece un chiste el punto incluido en ambos contratos de alquiler, donde se aclara que “no se realizará ningún tipo de actualización inflacionaria sobre el valor de la presente locación”.  Mientras que en las resoluciones, se deja por escrito que se previó un incremento en el valor locativo de un 30% anual, para el segundo y el tercer año, “acorde a lo que se estila en el mercado”.

La Ciudad estará pagando entonces, durante el primer año de alquiler, unos 13 dólares el m2 de oficinas. Para comparar con los precios de mercado, Sur Capitalino se comunicó con la inmobiliaria Achaval Cornejo, la cual presupuestó en 20 mil pesos mensuales un loft de 209 m2 en el 5to piso del mismo edificio Molina, monto que incluye acceso a todos los “amenities” como spa y pileta, y la disponibilidad de una cochera. En este caso, entonces, el m2 rondaría los 6 dólares y medio. Si bien el destino propuesto para ese loft sería vivienda, el precio es exactamente la mitad de lo que pagará la Ciudad para poner sus oficinas.

 

Que el Estado porteño alquile edificios privados, garantizando el negocio de sus dueños, no es una excepción sino que más bien parece la regla, sobre todo en el sur de la Ciudad. El mecanismo de ayuda a los amigos se repite: primero, los complejos VIP son inaugurados y promocionados con ediciones de Casa FOA a los que Mauricio Macri asiste como jefe de Gobierno. Así como en 2013 se eligió el edificio del Molina; en 2012 fue la ex fábrica de bizcochos Canale, casi 30 mil m2 de superficie frente al Parque Lezama que se habían transformado en el Palacio Lezama.

 

Los propietarios del lugar donde ahora funcionan varios Ministerios de la Ciudad son Gustavo Adolfo Fernández y Bernardo Ángel Fernández de la firma AB Consultora, quienes viven en el mismo edificio de la avenida del Libertador que el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y también son dueños del colorido edificio de oficinas Central Park, en Barracas. A ellos, el Gobierno porteño les alquiló todo el edificio que originalmente estaba previsto para desarrollo de oficinas corporativas pero que no estaba teniendo el éxito previsto. En 2014 se firmó el contrato que, en este caso, implica el desembolso de 198 millones de pesos por tres años. Aquí también se habilitó la Contratación Directa y se estableció un pago que aumenta 15% cada seis meses, superando las mediciones oficiales. Si se considera la tasación hecha por la firma Toribio Achaval, que ofrecía el inmueble completo a 300 mil dólares mensuales, la primera cuota implicó un sobrepago de más del 50% al valor del dólar oficial de inicios de 2015, unos 2,5 millones de pesos, según publicó la Revista El Otro.

 

Otro ex fábrica, en este caso de Pepsi en la calle Finochietto a metros del Parque Lezama, también fue elegida por el Gobierno porteño, en este caso para mudar al Instituto de la Vivienda y la Dirección General de Registros de Obras y Catastro. Allí el Estado paga 3 millones de pesos mensuales. Unos 13 dólares por metro cuadrado.

 

En 2011 Casa FOA se hizo en el ex Mercado del Pescado, la manzana donde actualmente funciona el Centro Metropolitano de Diseño, en Barracas al sur.