"No somos objetos a ser relocalizados"

 Vecinos que habitan el Camino de Sirga del Riachuelo se movilizarán mañana ante la Corte Suprema de Justicia para exigir ser parte del expediente que ordena el saneamiento de la cuenca. A las 10, el máximo Tribunal citó a una audiencia pública en la que las familias afectadas por las relocalizaciones no podrán dar testimonio de sus padecimientos. A ocho años de la sentencia judicial, restan reubicar 1182 familias de las casi 1800 afectadas en la Ciudad de Buenos Aires, es decir que sólo se ha avanzado en un 35%. Aquí el comunicado de los vecinos:

"No somos objetos a ser relocalizados"

 El próximo miércoles 30 de noviembre se realizará una nueva audiencia pública ante la Corte Suprema para discutir el estado de la implementación de la sentencia de 2008 en la causa “Mendoza”, que ordena el saneamiento del Riachuelo y brindar respuesta a las miles de familias que viven en la cuenca Matanza-Riachuelo.

 
Pero en esa audiencia, los vecinos de los barrios afectados no seremos escuchados. Porque a pesar de ser los mayores perjudicados por la contaminación, no somos parte de la causa, lo cual limita nuestro derecho a ser oídos por los jueces y denunciar violaciones a nuestros derechos.
 
Por eso, el miércoles a las 10 hs nos movilizaremos a la puerta de los Tribunales donde exigiremos ser parte y protagonistas del expediente y no “objetos” a ser relocalizados, y reclamaremos que, a 8 años de la sentencia, se implementen acciones efectivas para cumplir con la manda de la Corte Suprema de Justicia y detener el daño que pesa sobre nuestras familias para lograr definitivamente una mejora sostenida y real de nuestras condiciones de vida.
 
Reclamamos:
 
- Que se tomen medidas inmediatas para cumplir con la construcción de las obras de saneamiento y viviendas de calidad para las familias del camino de la sirga, se monitoree en tiempo real las obras y se sancionen a los responsables de los incumplimientos;
 
- Participación de los vecinos en todos los procesos de diseño y construcción de obras y en el control de su ejecución;
 
- Que las obras de reurbanización en el barrio involucren a trabajador@s y cooperativas del barrio, también para asegurar la calidad de las viviendas y obras. Necesitamos contar con los medios que permitan mejorar nuestra condición de vida;
 
- Atención inmediata de los problemas de salud de las familias y estrategias claras y sostenidas de salud ambiental. En centros de salud bien dotados de recursos y más cercanos;
 
- Plan integral de mejoramiento de vivienda que incluya a las viviendas gravemente deterioradas de las familias ya mudadas por la causa;
 
- Protocolo para atender a las emergencias de manera oportuna y no luego de varios meses;
 
- Mapa de riesgo sanitario que permita prevenir daños y organizar prioridades en nuestros barrios;
 
- Saneamiento integral del Riachuelo y del medio ambiente en el marco del respeto a los derechos humanos de la población.
 
La situación actual de la causa
 
A ocho años de la sentencia judicial, restan relocalizar 1182 familias de las casi 1800 afectadas en la Ciudad de Buenos Aires, es decir que sólo se ha avanzado en un 35%.
 
En el caso de la Villa 21-24, la más grande y representativa de la problemática, sólo se ha avanzado en un 12%, pese a que se ordenó su relocalizacion integral para antes de enero de 2013.
 
De la última audiencia de 2012 hasta la fecha se relocalizaron 280 familias, es decir, un promedio de 70 por año. Durante 2016 no se efectuó ninguna relocalización.
 
En la Villa 21-24 no se ha terminado una sola vivienda de la ley 5172, lograda con la lucha vecinal, para dar respuesta a las miles de familias afectadas por la manda judicial. Tampoco se ha avanzado en nada en el cumplimiento de la ley 5486 de urbanización de Magaldi y El Pueblito, y muy poco se ha hecho por el cumplimiento de la ley 2240 para el barrio Lamadrid.
 
Las relocalizaciones realizadas fueron a la Comuna 8, colapsada en materia de servicios de salud y educación, y a complejos habitacionales con problemas de construcción y de acceso a los servicios públicos. No se previeron las formas de mantenimiento de las economías hogareñas ni están alcanzadas por la tarifa social de los servicios públicos.
 
Los hogares que permanecieron en pie luego de las relocalizaciones sufren graves problemas edilicios y las autoridades se niegan a remediar las viviendas deterioradas ante la incertidumbre de cómo seguirá el proceso. Mientras tanto por la falta de información adecuada por parte del IVC, otras familias comienzan a asentarse en los lotes vacíos, agravando el problema.
 
En simultáneo, a ocho años de la sentencia judicial, continúa la degradación del ambiente porque no hay redes cloacales y pluviales, y la degradación de la salud por la epidemia de dengue, zika, problemas respiratorios y de plomo en sangre de los niños y la población adulta.
 
SOMOS PARTE DE LA SOLUCIÓN, NO DEL PROBLEMA ¡EXIGIMOS PARTICIPACIÓN!
 
VECINOS AFECTADOS EN LA CAUSA DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO