Privatización y torres

 La Legislatura porteña aprobó en primera lectura un proyecto del Ejecutivo que autoriza a rezonificar y vender más de 2,5 hectáreas en la zona de Catalinas Sur, para que allí se construyan edificios de hasta 30 pisos. El oficialismo rechazó tratar en el recinto el texto elaborado por los vecinos para crear un área ambiental participativa. Un nuevo proyecto inmobiliario que cambiará para siempre la identidad del barrio. Por Juan Manuel Castro

Privatización y torres

Venta de terrenos públicos. Más negocios inmobiliarios. Menor calidad de vida. Ese es el resultado del proyecto de ley que acaba de aprobar la Legislatura porteña, desoyendo los reclamos de muchísimos vecinos de La Boca. La iniciativa, votada el 7 de septiembre en primera lectura, impone un convenio entre los gobiernos porteño y nacional para rezonificar 6,42 hectáreas públicas de la zona de Catalinas Sur y luego privatizar más de un tercio para que allí se construya el complejo Catalinas Sur II, con torres que podrán alcanzar los 30 pisos de altura. Los vecinos habían elaborado un proyecto de ley para reutilizar estas tierras y generar un área ambiental con gestión participativa. La iniciativa vecinal tenía despacho de minoría y ni se trató. En el barrio afirman que el proyecto del PRO es una forma de “extender Puerto Madero hacia el sur”, a la par de la reforma al Código Urbanístico para tener construcciones de altura a la vera del Riachuelo.

 
El predio en cuestión está ubicado en el polígono delimitado por Azopardo, Brasil, Caboto, Gualeguay, Arnarldo D´Espósito y la avenida Pedro de Mendoza. Según el Código de Planeamiento Urbano, este lote es UF (Urbanización Futura). Lo comprenden grandes fracciones de dominio público, entre ellos el terreno en tenencia precaria de la Asociación Civil Catalinas Sur y el lote concesionado por el Estado Nacional al Darling Tenis Club.
 
Con 33 votos positivos, 14 negativos y 11 abstenciones (ver recuadro), la Legislatura aprobó un convenio entre el Poder Ejecutivo porteño y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para rezonificar todo ese terreno. Habrá una audiencia pública y una segunda votación final. Una vez validada la norma, la AABE tendrá hasta 24 meses para vender el lote en cuestión.
 
Allí se podrán levantar edificios con una altura de hasta 90 metros sobre la avenida Brasil (unos 30 pisos), y sobre las calles Gualeguay y Caboto de 60 metros (20 pisos). En total, se podrán desarrollar unos 150.000 m2 de construcción. “A razón de 80 metros cuadrados por unidad, podrían vivir cerca de 5.000 personas en 1.875 unidades”, razonó el legislador Gustavo Vera (Bien Común). Tanto este representante como su par Laura Marrone, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, contrapusieron la densidad poblacional de 5.000 personas en 2,7 hectáreas de Catalinas Sur II con las 11 manzanas para 10.000 personas de Catalinas Sur.
 
Por su parte, el presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura, Agustín Forchieri (PRO en el interbloque Vamos Juntos), informó que el 65% del terreno en cuestión pasará a la Ciudad como espacio público bajo denominación Urbanización Parque (UP): “Son casi 20.000 metros cuadrados. Lo recaudado de las ventas de ese 35% restante (cerca de 2,7 hectáreas), unos 20 millones de dólares, serán para inversión pública en la Comuna 4. El polígono perteneciente al distrito capitalino será 100% público”. El convenio con la Nación establece que la Ciudad recibirá hasta 20 millones de dólares de lo que haya obtenido "mayor valor" y, si quedan excedentes, corresponderán a la AABE. El Tribunal de Tasación de la Nación valuó, en junio último, en unos 330 millones de pesos a estos terrenos.
 
En los considerandos del proyecto del Gobierno porteño, Mariano Orlando, director general de Planeamiento Urbano del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, encabezado por Franco Moccia, afirma: “En relación a la Comuna 4 se apunta a reactivar la zona Sur y acompañar la dinámica de evolución de los Distritos especiales (de las Artes y Tecnológico), la consolidación el nuevo centro gubernamental y conformar una unidad urbanística con la obra denominada Paseo del Bajo”. Y agrega: “El proyecto urbano apunta a una renovación integral del polígono, contemplando la reestructuración y recalificación del espacio público, la integración al tejido urbano circundante y la generación de una imagen urbana que refuerce la identidad de este ámbito de la ciudad”. Lo que no aclara es a qué identidad se refiere. Ya que en La Boca no existen torres de 30 pisos de altura. En Puerto Madero, sí.
 
Área ambiental participativa
El Gobierno porteño hizo público el proyecto de Catalinas Sur II en septiembre del año pasado y ante el pedido de los vecinos, hubo encuentros con miembros de la Dirección General de Planeamiento Urbano. Incluso el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, habló en el barrio sobre el tema.
 
Ante la avanzada del Gobierno, los vecinos confeccionaron una respuesta activa e integral, y presentaron su propio proyecto en abril de este año, antes que la iniciativa del Ejecutivo porteño llegara a la Legislatura. Allí plantearon crear una Mesa de Trabajo y Consenso (MTS), como la que funciona hace décadas en Parque Avellaneda (Comuna 9), integrada por vecinos, autoridades gubernamentales porteñas y de la Comuna 4. El proyecto impedía, además, construir inmuebles o vender el lote.
 
En sus fundamentos, enfatizaban la “vida comunitaria” que disfrutan los vecinos por el diseño urbano de Catalinas. Alertaban sobre la falta de espacios verdes en La Boca, sobre todo para cumplir con la máxima de la Organización Mundial de la Salud de 10 m2 por habitante. Citaban como antecedente la ley de creación del parque de Flora Nativa Benito Quinquela Martin. “Si queremos una ‘Ciudad Verde’ no tapemos con edificios pantallas que denigran el modo de vida, privando a los vecinos del aire y Ia luz”, agregaron en su exposición.
 
En el proyecto oficial aprobado por los legisladores, el Gobierno sostiene haber escuchado a los vecinos: “Entre octubre de 2016 y abril de 2017, se fueron recopilando propuestas que fueron forjando una nueva propuesta del Ejecutivo que es la que finalmente se pone a consideración y donde resulta primordial la preservación del predio utilizado por la Asociación Catalinas Sur”. Lo que no dicen es que, a cambio, torres de 30 pisos se levantarán a metros de sus casas.  
 
Cuando los vecinos se enteraron del proyecto del Gobierno y de su urgencia para que sea aprobado antes de fin de año, se reunieron en forma semanal en el Teatro Verdi y en el Quincho de Catalinas Sur. Allí ratificaron lo planteado en el proyecto comunitario. El arquitecto Gustavo Cañaveral dijo que la zona ribereña tiene su propia “fisonomía barrial” y debe ser conservada, mientras que la vecina Marta Corach, que vive desde 1977 en Catalinas, dijo que la extensión de Puerto Madero hacia La Boca, los desalojos e incendios en conventillos, el nuevo Código Urbanístico, el Distrito de las Artes, Catalinas Sur II y el Paseo del Bajo (ex Autopista Ribereña) son parte del “mismo proyecto donde gana el sector inmobiliario”.
 
Bronca en las gradas
El jueves 7 de septiembre, los vecinos siguieron la votación desde las gradas con pancartas y  gritos de “No a las torres”. Uno de los momentos de mayor repudio fue cuando el legislador Forchieri dijo que los “vecinos genuinos” están a favor de Catalinas Sur II. “Para proteger a los barrios no hay que dejarlos así como están, hay que darle chance de desarrollo”, cerró el representante oficialista.
 
Desde la oposición, Paula Penacca (FpV) le respondió: “Se desoyó la voz de los vecinos. No se escucha cuál es la necesidad real, no necesitamos vender terrenos para hacer más negocios inmobiliarios, no necesitamos edificios como reserva de valor porque se vuelven costosos para los vecinos del barrio, eso expulsa a los vecinos, eso genera gentrificación”. Adrián Camps (PSA) también lamentó que la Legislatura busque “maximizar el ingreso de dinero a las arcas públicas y al mismo tiempo favorecer desarrollos inmobiliarios”.
 
Apuntar al Riachuelo
En paralelo, el Gobierno de la Ciudad busca modificar el Código Urbanístico, que rige las normas de construcción porteñas. El ministro de Desarrollo Urbano y Transporte, Franco Moccia, dice que el cambio “busca la homogeneización, la trasparencia y que más gente viva cerca de su trabajo”. Entidades patrimonialistas y barriales dicen, al contrario, que es una luz verde para que desarrolladoras inmobiliarias construyan donde antes no estaba permitido y a mayor altura.
 
Un día antes de aprobarse el proyecto de torres en Catalinas, Desarrollo Urbano hizo una segunda jornada de difusión sobre la reforma del Código en su Palacio Lezama. El arquitecto Francisco Pratti habló de la distribución de las “áreas de desarrollo prioritario” adonde irán a parar los metros cuadrados construibles que no se puedan concretar en las Áreas de Protección Históricas (APH) o en edificios catalogados. Justamente, una de las áreas prioritarias es la vera del Riachuelo. En el recinto, el legislador de la Coalición Cívica en el interbloque Vamos Juntos, Maximiliano Ferraro, lo resumió: “La Ciudad no tiene espacio para crecer para otro lado, así que hay que apuntar al Riachuelo”.
 
El arquitecto Rubén Kavanagh replicó: “Como queda un solo terreno edificable en Puerto Madero, buscan hacer un gran corredor hacia el sur, incluso hasta Quilmes; esto también está ligado a los desalojos misteriosos en La Boca, por los cuales los vecinos dejan el barrio. El corredor costero es una política integral para tener la mayor rentabilidad”.
 
En las próximas semanas, seguramente antes de las elecciones de octubre, los vecinos llevarán nuevamente su voz a la audiencia pública. Ya en noviembre, con más de la mitad del recinto a su favor, el Gobierno se aprestará a aprobar la ley que cambiará para siempre la fisonomía y la identidad del barrio.
 
 
Alertan por riesgo ambiental
En una de las parcelas donde estará emplazado el conjunto de torres Catalinas Sur II funcionó un depósito de combustible de YPF. Incluso algunos vecinos denuncian que a fines de los años 70 hubo una gran explosión.
“Esto estaba lleno de tanques de YPF, yo no sé cómo estará todo allá abajo hoy en día, una vez removieron el cemento que tapa la tierra y salió un olor intenso”, dice Adriana, una de las vecinas de Catalinas que participó en las asambleas contra el proyecto del oficialismo y a favor de crear un área ambiental. En la iniciativa de los habitantes de Catalinas se proponía hacer de esta parcela una plaza seca para evitar riesgos.
En el recinto de la Legislatura, Laura Marrone (FIT) expresó: “Uno de los terrenos está contaminado porque tuvo depósitos de hidrocarburos que provocaron una explosión. Existen leyes en nuestro país que reclaman que no se puede rezonificar un terreno si tiene depósitos de hidrocarburos y no fue reparado. En el proyecto (del Poder Ejecutivo porteño, que se aprobó) no figura un informe de APrA respecto de los peligros que subyacen en la parcela”, agregó.
 
A favor y en contra
De los 57 legisladores que estaban en el recinto al tratarse el proyecto, 33 votaron en positivo, 14 por la negativa y 11 se abstuvieron. Aquí el detalle de los votos: A favor, 28 del bloque Unión Pro (Omar Abboud,    José Luis Acevedo, Juan Pablo Arenaza, Christian Bauab, Claudia Calciano, Octavio Calderón, Mercedes De Las Casas, Daniel Del Sol, Carolina Estebarena, Agustín Forchieri, Alejandro García, Cristina García, Diego Marias, Esteban Penayo, Natalia Persini, Eduardo Petrini, Carmen Polledo, Daniel Presti, Roberto Quattromano, Francisco Quintana, Emilio Raposo Varela, Clodomiro Risau, Victoria Roldán Méndez, Lía Rueda, Gabriel Sahonero, Eduardo Santamarina, Paula Villalba, Jian Yuan) más Maximiliano Ferraro y Paula Oliveto de la Coalición Cívica, Diego De García Vilas y Graciela Ocaña de Confianza Pública y Javier Gentilini del Frente Renovador.
Se abstuvieron todos los legisladores de Suma+ (Natalia Fidel, María Inés Gorbea, Marcelo Guouman, Juan Francsico Nosiglia, Hernán Rossi y Patricia Vischi), los tres de Bloque Peronista (Silvia Gottero, Claudio Heredia y María Rosa Muiños), Marcelo Depierro de Mejor Ciudad y Claudio  Palmeyro, Sindical Peronista. Y en contra votó el Frente para la Victoria (José Campagnoli, Andrea Conde, Pablo Ferreyra, Paula Penacca, Lorena Pokoik, Magdalena Tiesso y Carlos Tomada), Laura Marrone y Marcelo Ramal del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Roy Cortina y Hernán Arce del Partido Socialista, Adrián Camps de Socialista Auténtico, Gustavo Vera de Bien Común, y Fernando Vilardo de Autodeterminación y Libertad.