De lejos todo es color ladrillo. El revoque es un gasto que sólo algunos pueden pagar. No pasa lo mismo con su gran vecino, Puerto Madero. Lo que separa los departamentos más caros de Argentina con el Barrio Rodrigo Bueno son cinco minutos a pie, tener gas natural, luz eléctrica, agua sin plomo y, en caso de necesitarlo, la posibilidad de que una ambulancia llegue hasta la puerta de tu casa.

 

Al norte descansa la Reserva Ecológica Costanera Sur, que se estableció como tal después de que naciera el barrio. Al este, el Río de la Plata. Al oeste, las megatorres de la era menemista. Separados por un riacho, al sur del barrio, el proyecto inmobiliario más ambicioso de la ciudad: la construcción de “la Dubai Argentina” -Solares de Santa María- en la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors.

 

Solares de Santa María es un proyecto de Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRSA), el grupo inmobiliario que preside Eduardo Elsztain. IRSA cuenta con un gran poder económico, son dueños de los principales shoppings y edificios de Argentina; tiene buenos amigotes en todo el abanico político, en sus filas se alzan nombres como el de su gerente de Relaciones Interiores, Augusto Rodríguez Larreta, hermano del gobernador porteño; y tienen una capacidad de lobby que llevó a diputados amarillos a exigir que la urbanización del Barrio Rodrigo Bueno se votara con la condición de aprobar, en simultáneo, el proyecto inmobiliario de IRSA.

 

Pero a pesar del poder desigual, los vecinos llevan ganada -al menos por ahora- una de las batallas más importantes: el emprendimiento de IRSA no funcionó porque, a pesar de que se trató el 23 de marzo pasado, en la misma sesión en la que se aprobó la Ley de Reurbanización del barrio, la presión social y la lucha de los vecinos junto a distintas organizaciones, logró que no se aprobara.

 

Pero las tensiones entre el Gobierno de la Ciudad y los vecinos del Barrio Rodrigo Bueno no empezaron con la discusión de la Ley de Reurbanización. El abanico político nunca miró con buenos ojos -sino que todo lo contrario- el asentamiento que se gestó en el centro del poderío económico high class. Y desde el 2005, el barrio sufrió un derrotero judicial que llegó hasta el Tribunal Superior (ver recuadro). En 2015, el conflicto fue expuesto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

 

“El mercado piensa a largo plazo, y el PRO piensa a largo plazo, porque su clase viene de la clase inmobiliaria. Entonces ellos saben que el primer negocio que no les resultó fue IRSA. Ahora el proyecto es incorporar las tierras de las villas al mercado inmobiliario para que el mercado se encargue de ellas de acá a 20, 25 años”, explica Jonatan Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC).

 

Desestimado el desalojo tradicional, el indirecto, entonces, podría ser una alternativa. El PRO, con cada medida que toma, estaría generando condiciones favorables para que el mercado pueda hacer lo suyo en un futuro: en palabras técnicas, producir una gentrificación; un desplazamiento forzado por la presión inmobiliaria.

 

En aquella reunión vecinal -donde Mariana recuerda con énfasis sus años de lucha- el centro del debate son los créditos: algunos vecinos, quizás más nuevos, introducen como opción aceptarlos. Las organizaciones ponen un paño frío: por ley el Estado debe proponer una solución dentro del barrio a cada vecino. Es contradictorio ofrecer créditos para que alguien se vaya sin haber presentado antes un proyecto de cómo va a quedar formado el barrio.

 

“Es mejor que abramos el paraguas porque ya estamos re quemados con leche. No es la primera vez que ellos nos quieren hacer el jueguito por atrás”. Ahora el tono de Mariana, y el de la reunión, no es el mismo. La discusión se vuelve blanco o negro, hogar o calle, ejercer sus derechos o que siga siendo un deseo platónico.

 

Según la Ley 5.798 de Reurbanización, el Estado debería garantizar una solución habitacional dentro del predio. Pero los intereses juegan más fuerte. El PRO decidió cederles la tierra a los vecinos y, según fuentes del IVC, que ellos se hagan cargo de la construcción o el mejoramiento de su vivienda. El tema es que si esas tierras dejan de pertenecer al Estado, el mercado puede comprarlas sin tener que pasar por la Legislatura.

 

Este es uno de los puntos de la ley en el que el Gobierno fue más resistente. La disputa hizo que, quienes realmente quieren una integración social del barrio, no lograran una redacción favorable sobre la protección del ingreso del mercado a estas tierras. La presión temporal -tuvieron solo dos meses para discutir el proyecto de ley y habían estado más de diez años luchando por la urbanización- hizo que debieran aceptar las condiciones que el PRO imponía para poder dejar sentadas las bases para incorporar la tierra y dejar cancha libre al mercado.

 

Una arquitecta del IVC que trabaja en el territorio señala: “El relevamiento es el punto clave para poder tomar las decisiones. Una vez que se tengan los datos de cada familia se van a empezar a tomar decisiones. Por lo general, todos los vecinos dicen ‘a mí me gustaría mudarme con mi vecina que tengo ahora’. A medida que se va avanzando se van a ir definiendo las cosas”. El discurso es muy claro, el vecino no va a querer irse así no más. Pero el Gobierno conoce muy bien el otro panorama: “Uno ve que IRSA compra edificios enteros en la ciudad para expandir sus shoppings -por ejemplo, está expandiendo el DOT y el Alto Palermo-. Entonces, compran edificios enteros, ¿cómo no te van a comprar tu casa en el terreno más caro de la ciudad y de la Argentina?”, analiza Baldiviezo.

 

Desde el IVC contemplaron esta posibilidad. Lucas Randle, coordinador de la urbanización del barrio, explica: “El IVC está trabajando en establecer lo que es el Derecho de Preferencia. Este, básicamente, es una obligación que se incorpora en todas las escrituras, con lo cual si el vecino el día de mañana quisiera vender, por cualquier motivo, tiene que ofrecérselo en venta primero al IVC, quien ejerce este Derecho de Preferencia durante un plazo determinado. Esto faculta al IVC a generar una especie de administración de bienes de viviendas sociales y evitar que sea el mercado el que los expulse”. Pero, teniendo en cuenta que el gobierno tiene más amigos en los grupos inmobiliarios que en el barrio, los y las vecinas tendrán que sacar la lupa al momento de debatir este punto en busca de la letra chica.

 

El límite entre una real integración social y una reurbanización por intereses es muy estrecha. Los detalles con los que se regulen las obras pueden habilitar, o no, a que se edifique en esa zona. Un ejemplo: si las viviendas mejoradas y nuevas se hacen en parcelas grandes y con alturas de más de 17 metros -planta baja y dos pisos- la categorización de la tierra cambiaría -de rural a urbana- y habilitaría a construir allí torres como las que su vecino quiere hacer al otro lado del riacho. Entonces, como dice Mariana, hay que abrir el paraguas.

 

Durante todos estos años, el Gobierno argumentó que no podía urbanizarse el barrio por cuestiones ambientales. En primer lugar, por su convivencia con la Reserva Ecológica. En segundo, por la contaminación que, decían, tenía el suelo donde funcionó un cementerio de autos. Sin embargo, los estudios del suelo empezaron a hacerse el año pasado y Randle dijo desconocer si previo a que él empezara a trabajar en el IVC-en septiembre del año pasado- se realizaron estos análisis.

 

Otra barrera estaba relacionada con las inundaciones: el Gobierno decía que no se podía construir en un lugar tan cercano a la costa o en un riacho. Y en parte es cierto: hay casas que están en peligro de inundación porque su nivel está por debajo de la Avenida España. Para esas familias no hay alternativa, tendrán que ser relocalizados fuera del barrio.

 

Algunas de esas problemáticas, de un día para el otro, quedaron atrás. Después de haber puesto tantos palos en la rueda, el Gobierno anunció, con bombos y trompetas, la urbanización. ¿Por qué, de un día para el otro, este cambio de postura? La explicación oficial es genérica y parece inquebrantable: “Se está urbanizando la Rodrigo Bueno, la villa Fraga, la villa 20, y Lamadrid. Tiene que ver con que se dio esta coyuntura casi histórica de que el mismo partido gobierna tanto en la Ciudad, como en la Nación y en la provincia, lo cual facilita el acceso a los recursos y a políticas que, en otro momento, de otra manera, era impensados”, responde Randle. “No dicen por qué sí Rodrigo Bueno, dicen por qué sí urbanizamos”, cuestiona Baldiviezo.

 

Ante esta pregunta, desde el IVC responden con el caballito de batalla de la causa judicial: “La Rodrigo Bueno estaba en una situación judicial compleja. Había llegado, con pasos adversos, al Tribunal Superior de Justicia”. Entonces, ante la pregunta de por qué sí, aparece el fallo de la justicia, no el pedido de los vecinos. Cerrado el tema judicial, el funcionario explica: “Hasta acá siempre se había hablado de relocalización del barrio, nosotros entendimos que eso no era bueno, entonces hubo un trabajo muy fuerte con lo que tiene que ver con la sanción de la ley”. Una aclaración: cuando dice que “se había hablado de relocalizar el barrio” omitió detallar que esa posibilidad existió únicamente por parte del Gobierno. Los y las vecinas no tuvieron entonces -ni manifiestan tener ahora, 12 años después- interés alguno en abandonar la casa que levantaron con sus propias manos. 

 

No existe urbanización sin barrio, sin vecinos, sin derechos, sin un interés real en mejorarle la vida a los y las personas que viven aislados, excluidos de los suministros básicos. La urbanización no es solo una casa nueva, unos cuantos faroles que iluminan los pasillos o ensanchar la calle principal para que entren autos o más de dos personas caminando una al lado de la otra. El artículo primero de la Ley de Reurbanización así lo especifica: “Dispóngase la reurbanización, zonificación e integración social, cultural y urbana del Barrio Rodrigo Bueno, con la permanencia de los vecinos en el mismo, ello basado en los principios de igualdad, de justicia espacial, integración, no discriminación y del derecho a la Ciudad”. La urbanización es, entonces, un derecho constitucional: no una negociación con IRSA ni un proyecto inmobiliario a largo plazo.