La decisión fue confirmada por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y por el Ministerio de Educación local debido a la detección de una serie de irregularidades en el tradicional instituto.

La medida incluyó la suspensión por 90 días de la rectora, Teresa Cañas de Davis, y la designación de la profesora Celia Sábato en su lugar, bajo la figura de "delegada normalizadora".

En el instituto existía "una oferta de cursos extracurriculares que estaban arancelados", lo cual implicaba una situación irregular, dado que la institución pertenece a la red de enseñanza pública, es decir, gratuita.

La investigación reveló que en 2003 se recaudaron 908.000 pesos por los cursos extracurriculares, y se observó que "la cuota mensual que abonaban los alumnos, más el pago de material didáctico, no revestía el carácter de contribución voluntaria y configuraba un arancelamiento de una actividad académica".

También se detectó que existió un acuerdo entre el Lenguas Vivas, su Cooperadora y un instituto internacional, por el cual se dictaban cursos a estudiantes extranjeros en el edificio de Carlos Pellegrini.

Según el convenio, por la utilización de aulas y oficinas de la escuela con acceso a Internet, el instituto de origen norteamericano se comprometió a abonar 1.800 pesos mensuales, más una contribución inicial de 2.000 pesos para pago de servicios.

La investigación detectó también en la Asociación Cooperadora irregularidades en los libros, recibos, comprobantes de gastos y hasta un plazo fijo en el Banco Nación Argentina con casi 50.000 pesos a nombre de un particular.

Esta situación anormal fue denunciada también por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, que hizo una investigación comandada por el defensor adjunto Gustavo Lesbegueris, quien en septiembre del 2003 ya había pedido el inicio de un sumario administrativo en el establecimiento.

El objetivo de la solicitud, destinada en aquel entonces al jefe de Gobierno Aníbal Ibarra, fue "establecer la responsabilidad de los funcionarios y agentes del Instituto y de la Cooperadora de ese establecimiento en relación a las denuncias formuladas por el cobro de aranceles por enseñanza pública".

También indagaba acerca de la venta de material didáctico, la utilización de recursos humanos, edilicios y materiales de la institución para el dictado de cursos arancelados.

En ese marco, la Defensoría del Pueblo denunció que existía un sistema de "cobro compulsivo" de cuotas para esos cursos y que esa situación incluía un arancelamiento de la educación pública incompatible con las normas vigentes.

Fuente: TELAM