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miércoles 11, febrero de 2009

Los funcionarios porteños deberán dar explicaciones

Los funcionarios del Gobierno porteño fueron citados por el juez, Roberto Gallardo, el próximo lunes a una reunión con vecinos de la ex “Villa El Cartón” y ONGs.  La idea del encuentro es consensuar una solución habitacional para los vecinos que desde el incendio del asentamiento en 2007 permanecen en el centro de evacuados Parque Roca.

El juez en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad, Roberto Gallardo, convocó una reunión con funcionarios del Gobierno porteño y los vecinos de la ex “villa Cartón”,  que desde el incendio ocurrido el 8 de febrero de 2007, viven en el centro de evacuados del Parque Roca.

Desde ese momento, la Asesoría General de la Ciudad y organismos defensores de Derechos Humanos, vienen denunciando el riesgo de vida que enfrentan los niños y adolescentes en el lugar.  Ante la presentación de un recurso de amparo, el Juez Gallardo falló a favor de la relocalización.

Aunque el Gobierno porteño apeló la resolución, en diciembre de 2008,  la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario ratificó lo dispuesto por el magistrado y ordenó reubicar a la gente afectada.

En cumplimiento de lo ordenado por el tribunal, el Juez decidió citar a los funcionarios del ministerio de Desarrollo Social que conduce María Eugenia Vidal, que ya comprometieron su presencia, a los vecinos y ONGs  para que se resuelva el mecanismo de traslado.

Hoy, son más de 1.500, las  personas que viven en el Centro de Evacuados que se levantó como medida “provisoria”. En su momento, desde el Gobierno anunciaron que el traslado al predio del Parque Roca iba a ser por un plazo máximo de seis meses hasta encontrar una salida para las familias damnificadas por el incendio.

El objetivo de la reunión del lunes próximo será encontrar una solución para resolver de forma urgente la precaria situación habitacional entre los funcionarios,vecinos y las ONG que trabajan en la zonas.

La Cámara, en su resolución, le ordenó a Gallardo que en el encuentro se defina “un acuerdo para la reubicación de los habitantes del Centro de Evacuados, quedando obligado el Gobierno a ofrecer alojamiento que reúna condiciones de habitabilidad, dignidad y seguridad adecuadas, o poner a disposición de las familias un subsidio suficiente para satisfacer las necesidades básicas de vivienda”.

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