Aunque desde el sitio oficial del Gobierno porteño se comunicó el desbaratamiento de un “aguantadero”, donde un supuesto grupo de delincuentes mantenía  amedrentadas a las familias que vivían en el edificio, la realidad que despertó al barrio la madrugada del viernes 27 de febrero fue otra.

Con un imponente despliegue de personal policial, del SAME, del Gobierno porteño y de fuerzas de Infantería se llevó a cabo el desalojo ilegal de más de 400 personas que habitaban el edificio desde hace casi veinte años.

Las  “fuerza de choque anticirujas”, como se conoce al grupo de 29 civiles que acompaña a la policía en cuanto operativo de desalojo se realiza en la ciudad, irrumpieron a las 5 de la mañana a las trompadas, sin previo aviso y con una orden administrativa que no los habilitaba para expulsar a los vecinos.

Desde 2007, cuando un amparo judicial logró frenar un intento de desalojo, las familias mantienen diálogo con las autoridades  porteñas para tratar de encontrar una salida a la crisis habitacional, que hasta ahora parece resumirse en subsidios de emergencia.

En los años 70 una parte del viejo edificio de Paseo Colón fue afectada para el ensanchamiento de la Avenida -obra que nunca se llevó a cabo- y la otra, desde hace años  permanece en litigio judicial entre el antiguo propietario y el gobierno municipal, de modo que la titularidad del inmueble no está firme y no sería posible que un juez ordenara el lanzamiento de sus ocupantes.
Aún así,  desde el miércoles personal del Ministerio de Desarrollo Social se encargó de difundir entre las familias la falsa noticia de que existía una orden judicial de desalojo y que la misma se haría efectiva el viernes.  La desesperación de los vecinos era cotizada a través de un subsidio de 7 mil pesos para cada grupo familiar que abandonara  el edificio.

El “apriete” se fue endureciendo con el paso de las horas.  Según cuenta Rosa, una de las vecinas desalojadas y militante de la Agrupación Aukache: "llegaron a los empujones y nos decían que en 48hs nos iban a desalojar y si no aceptamos los 7000 pesos ahora, sino cuando se efectivice el desalojo, no vamos a recibir nada".  A pesar de los  manejos poco ortodoxos, sólo unas 13 familias aceptaron el  ofrecimiento,  el resto resistió y exigió la orden judicial para permitir el ingreso de los funcionarios municipales.

Los ocho vecinos que intentaron impedir el desalojo formando un cordón humano en la puerta de entrada al edificio, fueron detenidos durante unas horas y  quedaron procesados por “resistencia a la autoridad”.

La Agrupación Aukache, asiste a los ocupantes de la ex fábrica de fideos desde hace años e  indicaron  que “el 70% de los habitantes del edificio son trabajadores en blanco y el resto están ocupados con changas permanentes o trabajos en negro decentes. Estos datos son ciertos pues hicimos un censo interno con recursos propios ya que el gobierno porteño jamás se interesó por estas personas”.

Algunos de los integrantes de la agrupación reconocieron a los civiles que actuaron junto al personal policial como “barrabravas”, y señalaron  que “revistan en el Ministerio de Espacio Público de la Ciudad, a cargo de Juan Pablo Piccardo, vienen entrenándose ya con pateaduras y violencias varias contra los sin techo que viven en las plazas públicas, y llegaron a la cumbre del heroísmo apuñetando a los docentes en las movilizaciones del año pasado. En esta oportunidad demostraron otra vez su ‘eficacia’ como patota oficial de los privilegiados”.

Las 90 familias que rechazaron el subsidio oficial, presentaron denuncias por las intimidaciones sufridas ante la Defensoría del Pueblo y en los juzgados correspondientes.  “A los maltratos del operativo, se suman el patoterismo de punteros políticos del barrio que responden al macrismo y  las amenazas telefónicas que recibieron los  militantes de las agrupaciones sociales advirtiendo que de continuar con la protesta "los vamos a matar a todos".

Rubén Rosmarino, dirigente de Aukabe,  detenido junto a los demás vecinos aseguró que “nadie quería permanecer viviendo en ese estado pero es peor ir a la calle” y pidió “una salida digna para los vecinos. Hicimos un censo: el 90 por ciento de los compañeros tiene ocupación y podría pagar una cuota accesible. La ciudad había prometido 10 mil viviendas por año, pero el gobierno actual no construyó ni una”.

La falta de políticas para enfrentar la crisis habitacional que deja a miles de vecinos en la calle es acompañada por el silencio de los funcionarios de turno que eligen la violencia, las amenazas, el chantaje y la agudización de la exclusión.
 

Jimena Rodríguez
Fuentes: Indymedia, Página 12, Radio Universidad (UBA)