La tarea no es fácil: “Hacer efectivo el derecho a defensa en juicio, velar por la observancia de los derechos humanos en los lugares de detención, asegurar el acceso a la justicia de las personas, promover y garantizar tanto los derechos individuales fundamentales como los colectivos, en la búsqueda de la protección del interés social”.

A pesar de la letra fría de la ley, día a día más de la mitad de los vecinos porteños ven vulnerados muchos de los derechos que la Constitución ordenó garantizar en 1996. Mario Kestelboim asumió como defensor general de la Ciudad hace exactamente dos años. Desde su cargo, es parte del sector del Poder Judicial porteño que lidia con las políticas de exclusión del Ejecutivo comunal.

“No importa cuál es el Gobierno, deberá ajustar sus políticas y conductas a las determinaciones judiciales”, asegura con voz firme y lenta desde su oficina en el barrio de Congreso.

Para lograr su objetivo, o al menos “aportar un granito de arena”, la Defensoría tiene actualmente cinco oficinas de orientación al habitante, que planea multiplicar de aquí a fin de año para llegar a los sectores más necesitados.  

 –¿Qué hace una Defensoría General de la Ciudad?–

La Constitución de la Ciudad es una de las más progresivas en materia de reconocimiento de los derechos y garantías de los habitantes, en cuanto al resgurado de los derechos humanos, el trabajo y la vivienda digna, la salud, la educación y el medio ambiente. Desde la Defensoría intentamos poner en conocimiento de la población cuáles son esos derechos y contribuir a la eficacia y la eficiencia de las disposiciones. Vamos derivando las consultas o los problemas de los vecinos a nuestras defensorías en lo contencioso administrativo y tributario. Allí se intenta agotar la vía administrativa de reclamo y sino se plantean acciones de demandas o amparos en resguardo de los derechos que no son satisfechos por el Gobierno de la Ciudad. Porque además del derecho está el deber de cumplirlos de parte del Estado.

 –Cada vez que desde el Poder Judicial se le ordenó al Gobierno cumplir con alguno de estos derechos, el Ejecutivo denunció a los jueces de injerir en sus políticas... –

Los derechos y las obligaciones que están en la Constitución porteña deben ser cumplidos tanto por el Gobierno como por los órganos jurisdiccionales, y el reclamo que los vecinos realizan individual o colectivamente son atendidos en la medida en que sean efectivamente vulnerados. No importa cuál es el Gobierno, deberá ajustar sus políticas y conductas a las determinaciones judiciales. Hay un sistema republicano en el que cada uno tiene su rol. El Judicial vigila que las políticas se cumplan en resguardo de los derechos y garantías constitucionales.

–¿Y las políticas públicas de Macri garantizan los derechos de los más vulnerados? –

Evidentemente no está encarando una solución. No he visto que el Gobierno esté trabajando eficazmente en la construcción de viviendas o en resolver algo desde el Instituto de la Vivienda. Eso está claro, es ostensible, no se trata de una opinión: si se analiza el presupuesto, las partidas que se han votado en la Legislatura para resolver el problema de la vivienda no son eficaces, son ineficientes. Parecería que la prioridad que se le está dando a las veredas o al pavimento es mucho más significativa que la que correspondería dar a los fondos públicos para la resolución de los problemas de vivienda o la urbanización de los asentamientos. Es ostensible también que en el tema de los cartoneros u otras situaciones de ocupación, se avanza en resolver temas patrimoniales individuales en detrimento de las condiciones sociales de las personas que se ven ante la necesidad de ocupar lugares que no tienen destino. No es casual que casi el 80 por ciento de las consultas que recibió la Defensoría en 2008 tiene relación con  problemas habitaciones, subsidios y falta de vivienda. En cuanto a la ocupación del espacio público se está avanzando en liberar zonas ocupadas por vendedores ambulantes pero no se hace simultáneamente un plan de creación de puestos de trabajo. Por ende, el resultado es más marginación. Además, también es espacio público las hectáreas del Parque Tres de Febrero que varios gobiernos le cedieron al Club de Amigos, a Gimnasia y Esgrima o al Lawn Tenis Club.

 –¿Cuál es la política de la Defensoría para llegar al vecino?–

Llegamos a través de la instalación de oficinas en los barrios. Tenemos una oficina de atención a las personas privadas de su libertad que funciona todos los días durante las 24 horas, en esta sede de Combate de los Pozos. Y la otra oficina que tenemos es la de orientación al habitante, que tiene como finalidad hacer conocer sus derechos a los vecinos y orientarlos en la resolución de sus problemas. Actualmente tenemos cinco sedes (ver recuadro) pero la idea es que de aquí a fin de año podamos abrir nuevas en otras zonas de población con necesidades básicas insatisfechas, como La Boca, Constitución, Once y Chacarita.

 –¿Cree que los pobres, los que más la necesitan, tienen verdadero acceso a la Justicia?–

Estamos viendo de qué forma podemos contribuir con nuestro granito de arena en temáticas que nos superan totalmente. Como el problema habitacional, la falta de trabajo, la salud y la educación.

–¿Tienen relación con la Defensoría del Pueblo?–

Estamos tratando de coordinar nuestra actividad con la Defensoría, que también comenzó su descentralización pero tiene largos años trabajando. En marzo firmamos un convenio marco con ellos y propusimos abrir oficinas conjuntas. La Defensoría del Pueblo no puede actuar ante la justicia, sólo administrativamente ante el Gobierno de la Ciudad. Hay denuncias que nosotros derivamos hacia allí y viceversa. 

 –¿Qué opina sobre la creación de un código penal juvenil? –

Más allá de escuchar los reclamos de las víctimas, lo que se debe atender es la situación social, económica y cultural que origina este grado de marginación y estas prácticas delictivas por parte de los menores. Se sabe y se conoce que detrás de estos menores hay organizaciones que no son abordadas ni afectadas ni apartadas como corresponde. Nos parece atinada la posibilidad de darles garantías procesales a los menores y evitar la discrecionalidad y arbitrariedad a la que pueden recurrir algunos magistrados que con esta legislación pueden disponer medidas donde la defensa en juicio no existe. Estos menores victimarios son definitivamente víctimas de una organización social injusta en la que no hay políticas públicas intensas para terminar con la marginación, una situación que se hereda de generación en generación desde 1955.    

Por Martina Noailles para la Cooperativa EBC