Por Martina Noailles

Dicen que es invisible, pero está ahí, sólo es cuestión de aminorar el paso y enfocar la mirada. Muchos vecinos lo saben pero no hablan de eso. Otros, nunca se detuvieron a pensar. Así, el silencio se convierte en la mejor arma de las redes de explotación sexual infantil. La otra pata imprescindible, claro, es la complicidad de aquellos que tienen la obligación de hacer algo para frenarla: fuerzas de seguridad, Poder Judicial, gobiernos. A veces, los miembros de estas redes llegan a estar sentados en el banquillo de los acusados. Rara vez, hasta son condenados y van presos. Esta excepción es la excusa que hoy elegimos para abrir bien grande la boca y los ojos, y volver a escribir una nota sobre éste, uno de los peores delitos contra niñas, niños y adolescentes. Ocurre en La Boca. 

La historia perversa comienza, por lo general, con hombres que se acercan a niñas de ocho, nueve o diez años en grave situación de vulnerabilidad social. En medio de situaciones familiares complejas, estos señores les ofrecen ayuda, protección y dinero y, en poco tiempo, logran generar un vínculo afectivo que luego se transforma en explotación sexual.

“Algunas de ellas vienen siendo abusadas por miembros de su propia familia y estos hombres aparecen como ‘padrinos’ que las refugian, las cuidan, les dan una casa… Al principio no les hacen nada, pero luego comienza el abuso y más tarde la explotación”, relata una trabajadora social que conoce el barrio y que hoy acompaña a tres jóvenes que fueron víctimas y, con valentía, se animaron a denunciarlo ante la Justicia.

La causa que acaba de llegar a juicio oral se inició en 2006 con una denuncia penal presentada por el Consejo del Niño, Niña y Adolescente y la Fiscalía de La Boca. El dato surgió de la escuela donde una de estas nenas asistía y por donde uno de estos “padrinos” la pasaba a buscar. Un día, la niña rompió el silencio y se lo contó a una maestra. Pasaron seis años hasta que aquella punta desenredó el ovillo. Ahora, en el juicio, salieron a la luz algunos datos que si bien describen el modo de operar de esta red específica, son denominador común de otras que siguen funcionando en el barrio. 

Como contábamos más arriba, los proxenetas eligen niñas de familias muy pobres, se acercan, las ayudan económicamente, las protegen, las someten. Después suelen abusarlas sexualmente para luego dar paso a la explotación. Además, le dan celulares, le cargan la tarjeta y le realizan regalos a ellas y a sus familias. A través de estas niñas llegan a otras. A veces de la escuela, otras del barrio, y hasta de los hogares transitorios donde algunas de ellas son llevadas cuando la Justicia sospecha de la situación. Incluso allí, donde se supone que están a salvo de los explotadores, siguen siendo contactadas por los proxenetas a través del mail o directamente de visitas personales, “justificadas” por el vínculo de afecto. En algunos casos, los explotadores utilizan a otras chicas, algunos años más grandes (de 14 o 15) como “intermediarias”. Nuevas víctimas. 

Los acusados en el juicio que desde el 28 de mayo lleva adelante el Tribunal Oral Federal en lo Criminal 22 están denunciados por abuso sexual, corrupción de menores y promoción y facilitación de la prostitución agravada por cometerse contra menores de 13 años.

Según el expediente, algunos de ellos habrían sido dueños de varios “kioscos”, por ejemplo uno ubicado en Brandsen y Palos, donde además de atender a los clientes del negocio, las niñas habrían sido explotadas sexualmente. La sospecha de los investigadores es que la red estaba dividida por roles. Uno de los acusados sería el organizador, otros se encargaban de captar a las niñas y, los restantes, de conseguir los clientes. Otros sitios reconocidos durante el juicio son las terminales de algunos colectivos del barrio, galpones de Alpargatas, algunos ciber y un lugar sobre la avenida Pedro de Mendoza. También habría vendedores ambulantes que ofician de nexo.

Un dato impactante que surgió en las audiencias lo relató una de las chicas víctimas. Frente a los jueces y los siete abogados de los acusados, dijo que una vez una nena se negó a ser explotada y al intentar escaparse, la mataron y la enterraron. Como no logró ubicar el lugar donde ocurrió el supuesto asesinato, los allanamientos hasta ahora dieron negativo.

La desprotección en la que se encuentran estas tres chicas durante las audiencias es más que simbólica y reproduce parte de la vida que sufrieron de niñas. Hoy las jóvenes no tienen abogados que la defiendan. Los que tenían, miembros del Consejo del Niño, Niña y Adolescente, no se presentaron a confirmar la querella antes de la etapa oral de este proceso, por lo que ahora no participan del juicio. Sus declaraciones fueron, entonces, ante jueces, policías, fiscales, acusados, abogados. Todos hombres. Una vez más, en desventaja y desigualdad frente a sus explotadores.

Sin embargo afuera, en la vereda de los tribunales de Comodoro Py, un grupo de trabajadores de la Subsecretaría de Promoción Social acompañaron a las chicas la audiencia del 4 de junio. El objetivo: hacer pública y visible el inicio del juicio oral, exigir la condena de los cuatro imputados y denunciar que las víctimas no cuentan con defensores. “Nos encontramos ante una política de vaciamiento institucional que deja en soledad tanto a las jóvenes como a las trabajadoras/es que cotidianamente enfrentamos esta situación. Al no asumir la responsabilidad de desmantelar las redes de explotación sexual, el Estado se convierte en cómplice, con el agravante de que precariza las políticas públicas destinadas a combatirlas”, señaló aquel día el delegado general de la Junta Interna de Promoción (ATE Capital), Mariano Skliar.

La coordinadora de la oficina La Boca-Barracas de la Asesoría General Tutelar suma otra cara del abandono: “No hay políticas públicas de acompañamiento integral y restitución de los derechos a la víctima. Se quedan solas. No tienen una salida económica ni un apoyo psicológico y social desde el Estado que les permita dar vuelta esa situación de explotación”, afirma Andrea Ventura sentada en el mismo lugar donde hace tres años, la AGT lanzó la campaña “El silencio es la voz de la explotación sexual infantil” destinada a los profesionales que diariamente trabajan en el territorio con niños, niñas y adolescentes. Es que uno de los déficit que relatan quienes todos los días asisten a los chicos (maestras, médicos de centros de salud, psipedagogos, psicólogos) es la falta de articulación y de herramientas para abordar esta problemática de manera conjunta e intersectorial.

“Yo atendí a una chica víctima de una red de explotación sexual que llegó derivada de la escuela pero por problemas de aprendizaje… si yo no me hubiera acercado con el equipo territorial a los distintos ámbitos de la nena (escuela, familia, centro de salud donde se atendía) nunca hubiera detectado nada”, explica Tamara, psiquiatra infantil del CESAC 41. A su lado, Nancy, otra de las integrantes del equipo de salud, asiente y agrega: “Además, las campañas no tienen continuidad, son totalmente aisladas”.

Oídos sordos. Vistas gordas. Condiciones de extrema vulnerabilidad social. Una mezcla al dedillo de proxenetas y prostituyentes (no clientes). Cada uno a su tarea para que todas las niñas de 9, 10 u 11 años tengan la posibilidad de jugar con muñecas, pintarrajearse la cara e imaginarse subidas a tacos altos para enamorar a su príncipe azul.