La joven, embarazada a raíz de los abusos sufridos durante su cautiverio, estuvo internada en el hospital Ramos Mejía desde donde salió la información sobre su situación, la cual fue confirmada  en una cena con empresarios por el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri.

 

Al conocerse que se le practicaría un aborto no punible, la organización Pro Vida inició procesos judiciales para impedir la práctica médica, y la mujer sufrió persecuciones en el mismo hospital y en su entorno familiar.

 

“Frente al estado público que tomaron los hechos -aún cuando no se divulgó el nombre de la víctima- no hay dudas que la privacidad fue vulnerada”, aseguró la Defensoría. Y agregó que “la garantía de protección y cuidado de la información sobre la salud y privacidad pesa sobre el Hospital desde donde se debe poner el esfuerzo para lograr los recursos materiales y culturales para proteger a las pacientes”.

 

María Julia Giorgelli, jefe de denuncias del Centro de Protección de Datos Personales (CDPP) del organismo, contó a Télam que “confirmamos que el hospital no resguarda los datos personales de las personas internadas, a cuyas historias clínicas tiene acceso casi todo el personal”.

 

Por eso, la Defensoría solicitó al director del Ramos Mejía, Eduardo Roberto Seoane, que “arbitre los medios necesarios a efectos que se garantice la protección de los datos sensibles de los y las pacientes atendidos en ese nosocomio”, como así también, que “se garantice la realización de las prácticas médicas en los casos encuadrados en el artículo 86 del Código Penal de la Nación”.

 

La Defensoría también pidió a la ministra de Salud de la CABA, Graciela Mabel Reybaud que dé a conocer el dictamen a todos los centros de Salud y Atención Comunitaria, y a los hospitales dependientes de ese Ministerio.