El proyecto del diputado Aníbal Ibarra, que fue presentado en la Legislatura en 2012 y aún espera tratamiento, se comenzó a debatir públicamente ayer en la sede de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro, Carlos Calvo 2363, en un encuentro al que asistieron la legisladora Susana Rinaldi, el senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego, Osvaldo López; el diputado nacional Carlos Heller; el secretario general de los trabajadores del subte, Roberto Pianelli; el secretario general de UTE-CTERA, Eduardo López, y el legislador porteño Edgardo Form.
 

También estuvieron presentes representantes de cooperativas de vivienda, barrios carenciados y organizaciones de inquilinos.
 

La iniciativa promueve la intervención activa del Estado porteño en la regulación de los contratos de locación que se realicen en el ámbito de la ciudad.  Entre sus fundamentos, el proyecto señala que: “gozar de una vivienda digna y de un hábitat adecuado por parte de todos los seres humanos constituye un derecho universalmente consagrado, no obstante, la vivienda constituye actualmente más una mercancía que un bien social, se configura más como una reserva de valor sometida a la especulación económico-financiera que como un bien a través del cual se da cumplimiento a un derecho”.
 

En este sentido, el diputado Ibarra explicó: "hoy la ciudad de Buenos Aires tiene un claro desequilibrio en el mercado de los alquileres, en el que los inquilinos deben cumplir con condiciones cada vez más costosas, mientras que muchas viviendas permanecen ociosas por la especulación inmobiliaria".
 

"Esa situación debe ser subsanada por el Estado, que es quien debe garantizar el derecho a una vivienda digna. Esta ley viene a equilibrar un mercado en el que el gobierno porteño ha dejado que el libre juego del mercado especule sobre su propia falta de políticas habitacionales", agregó.
 

Con este objetivo, la Ley de Regulación de Locaciones Urbanas fija  un plazo mínimo de  tres años para los contratos con destino de vivienda y establece que el precio del alquiler mensual no podrá superar al 0,7 por ciento del valor inmobiliario de referencia del inmueble.  A tal fin, la autoridad de aplicación establecerá y publicará en forma anual los valores inmobiliarios de referencia, previa tipificación de los inmuebles en base a criterios preestablecidos que contemplen, por lo menos, ubicación, antigüedad, aspectos constructivos, dimensiones, distribución, funcionalidad y servicios.
 

Asimismo, contempla que la vivienda desocupada, como "contraria al interés social", será gravada por el triple de su tributación en los casos en que estén deshabitadas por más de un año. 
 

Para los casos en los que participen intermediarios,  establece que la comisión no puede superar el monto de un mes de alquiler y debe ser pagada en partes iguales por el inquilino y el propietario.
 

La iniciativa también contempla regulaciones sociales como: la creación de un Fondo de Locaciones Urbanas para Vivienda Única, con el objetivo de otorgar garantías a los inquilinos en respaldo a las obligaciones con los propietarios (a título oneroso o gratuito) y subsidia hasta el 50% del contrato el primer año de alquiler a los inquilinos que nunca hayan alquilado un inmueble. También auxilia a los desalojados por un plazo de 180 días hasta regularizar su situación.