Piden sumariar a funcionarios por la inscripción online

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires reclamó al gobierno porteño que garantice el derecho a la educación de los cerca de 17.000 niños y adolescentes que no consiguieron vacante, y que se les inicie un sumario administrativo a los funcionarios que pusieron en marcha el nuevo sistema de inscripción online sin los recaudos necesarios. La Defensoría basó su presentación en las más de 400 denuncias que recibió de parte de los padres de los afectados, que demuestran "además de impericia, falta de seriedad y responsablidad en el uso de los datos" por parte de las autoridades educativas.

Piden sumariar a funcionarios por la inscripción online
La Resolución 3188/13, que fue dirigida la semana pasada al jefe de Gabinete de Ministros porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fundamenta el pedido de sumario administrativo en haber aplicado el nuevo sistema "con impericia y falta de seriedad".
 
El texto solicita que se instruya "un sumario administrativo tendiente a atribuir y/o deslindar responsabilidades de los funcionarios del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires" en la aplicación del nuevo sistema.
 
"Debido a las graves deficiencias del nuevo sistema, que fueron oportunamente advertidas por nosotros, pedimos por medio de esta resolución se les otorgue las vacantes a los miles de niños, niñas y adolescentes que a la fecha no cuentan con un lugar confirmado", señaló el responsable de Derechos de la Educación de la Defensoría, Gustavo Lesbegueris. 
 
Desde el organismo señañlaron que: "haber aplicado el nuevo sistema, a pesar de las advertencias nuestras, de la Defensoría General y de los gremios, creó problemas en Primaria y Secundaria, donde nunca se habían registado dificultades y puso en riesgo datos personales de las familias".
 
La resolución se basó en un estudio de los más de 400 reclamos que recibió la Defensoría de parte de los padres y que "muestran además de impericia, falta de seriedad y responsablidad en el uso de los datos".
 
"Nosotros advertimos semanas antes, que el sistema que tuvo un costo de más de 15 millones de pesos ponía en riesgo el derecho a la Educación. Se hizo una prueba piloto de la que no se conoció el resultado y no se hicieron campañas informativas en las escuelas antes de lanzarlo", entre otras deficiencias, que marcó el defensor.
 
Ante esta situación, la UTE inició la campaña "Ningún niño sin escuela pública" que reclama a través de la recolección de firmas las 17.000 vacantes para los alumnos de la ciudad de Buenos Aires que no tienen asignado a un lugar para el ciclo lectivo 2014.