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martes 12, agosto de 2014

“La voz de los vecinos debe ser escuchada”

Horacio Corti no habla de techo sino de hogar. Dice que las reubicaciones ordenadas por la Corte en la Causa Riachuelo son relocalizaciones forzosas y que los vecinos deben poder participar de las decisiones políticas que los involucran. Asegura que los jueces están muy lejos de la realidad. Reportaje al Defensor General de la Ciudad.

La voz de los vecinos debe ser escuchada
Por Martina Noailles
 
Horacio Corti asumió al frente de la Defensoría General de la Ciudad hace poco más de cuatro meses. Su nuevo rol como jefe de quienes defienden a los más sectores más vulnerados y vulnerables de la Cuidad parece haberle sentado bien: si bien siempre estuvo del otro lado del mostrador (fue juez de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso de la Ciudad) para Corti los problemas sociales no son expedientes sino realidades. Así, apenas se puso el traje de Defensor General porteño, caminó junto a vecinos y delegados los bordes de la villa 21 y el asentamiento Lamadrid. Sur Capitalino lo entrevistó en su oficina, junto al Defensor General Adjunto en lo Penal y Contravencional, Luis Duacastella, quien asiste a la mesa de trabajo del asentamiento Lamadrid en busca de que el Gobierno porteño garantice los derechos de los vecinos en su reubicación.      
 
Según lo anunció en diferentes oportunidades, uno de los objetivos con los que llegó al cargo es el de acercar la Justicia a los más vulnerables ¿Cómo se logra?
No sólo acercar sino tener una relación singular con los vecinos, tanto colectiva como individualmente. Si una persona está en relación con la Defensoría significa, muy probablemente, que fue rechazada o expulsada por otra institución o, al menos, que otra institución no escuchó su reclamo. Entonces, nosotros tenemos que tener conciencia de esa situación y estar en condiciones de escuchar a los vecinos y ver cómo colaboramos en solucionar los diferentes problemas.
 
¿Cómo se hace concretamente en la práctica?
De muchísimas maneras. Una de las formas que ya venía trabajando la Defensoría y que nosotros tenemos la idea de fortalecer es que haya oficinas de la Defensoría en diferentes lugares de la ciudad, especialmente en zona sur. Eso es prioritario. Empezamos fortaleciendo una oficina que ya teníamos en La Boca. A eso se le suma un trabajo más profundo con los vecinos, más cotidiano, y en la propia actividad colectiva que tienen los vecinos en particular en las villas y asentamientos del sur.
 
Así llegan al asentamiento Lamadrid…
Ahí la Defensoría interviene en la gran Causa Mendoza. Lo que nos involucra es lo que tiene que ver con la situación humana de quienes están afectados por la problemática social y ambiental asociada al Riachuelo. Ese es un trabajo cotidiano y personal que hace la Defensoría. Y creemos que no puede hacerse sólo en una oficina adonde va el vecino a plantear su problema sino que somos nosotros quienes vamos a los lugares adonde están los problemas y participamos junto con los vecinos para ver de qué forma se pueden solucionar.
 
El principal problema allí es la relocalización.
Sí. El eje central es que hay personas que van a ser relocalizadas, pero en realidad son relocalizaciones forzosas porque hay una resolución judicial que dice que hay un lugar donde no se puede vivir por el grado de contaminación y entonces las personas tienen que ser relocalizadas. Pero no participó su voluntad. Entonces, ¿de qué manera esa persona que va a ser “objeto”  de relocalización es considerada un sujeto por las instituciones que están a cargo de esa relocalización? En esa tarea colabora la Defensoría para que esa persona tenga toda la información sobre cuál va a ser su futuro, cuándo, a dónde, qué sucederá mientras tanto, qué pasará con su salud y educación, con su fuente de trabajo, o como se mantendrán esos recursos creados por la propia comunidad como comedores y organizaciones.  A veces llegan al nuevo lugar y todo eso desaparece. Para que eso no suceda los vecinos tienen que tener información, poder hacer escuchar su voz y participar en esa política pública que deriva de una decisión judicial.
 
El Estado porteño no está cumpliendo en tiempo y forma con las relocalizaciones, y en Lamadrid ni siquiera existía mesa de trabajo ¿Cómo intervino la Defensoría?
Luis Duacastella: La primera intervención que tuvimos fue pedir que se organicen con delegados y así resolver un conflicto interno. Hicimos una presentación judicial pidiendo la mesa de trabajo y tuvimos la resistencia del IVC a reconocernos como parte de esa mesa porque no estábamos en la causa. Finalmente fuimos admitidos. También había una discusión sobre la legitimidad del cuerpo de delegados porque la idea del Gobierno de la Ciudad y del IVC es negociar individualmente con cada vecino su situación otorgándoles un crédito a tasa subsidiada. Nosotros planteamos que no estamos en contra del crédito pero sí en que sea la única alternativa. Ahora hay un compromiso para la próxima mesa de agosto de plantear alternativas concretas al crédito con algún tipo de operatoria.
HC: La función del Ministerio Público de la Defensa es lograr que se escuche la voz de los vecinos y tratar de solucionar problemas, no de generarlos. Así se lo planteamos a los jueces intervinientes y estamos trabajando en una relación muy estrecha con el Ministerio Público de la Defensa de la Nación. No es algo discursivo sino que es algo que se ve en la práctica. Nosotros asistimos jurídicamente a los vecinos y esa es una voz que tiene que ser escuchada. Es lo mejor para la eficaz resolución de los problemas.
 
La mayoría de las denuncias y consultas en la oficina de la Defensoría en La Boca son sobre el problema habitacional. ¿Cómo ven esta situación más general que atraviesa el barrio?
 LD: En La Boca hay una ley de hace varios años, la 2240, de recuperación urbano ambiental del barrio que fue dispuesta en un sentido político pero es utilizada exactamente en el sentido contrario. La recuperación urbano ambiental es, para el Gobierno porteño, la creación de un polo turístico, un dique cero, cerrar conventillos, mover líneas de transporte alejando a los vecinos del transporte. La ley creaba un polígono y establecía la relocalización. Había tres posibilidades: la adecuación de los conventillos al código de edificación y que se titularizara a los ocupantes; la construcción en una cantidad de terrenos del barrio para relocalizar esos conventillos que no podían ser utilizados; y la tercera tenía que ver con un saneamiento ambiental anterior al fallo de la Corte. Lo que han hecho es mudar a 80 familias a soluciones definitivas de vivienda propia y el resto las han pasado a la política de los créditos. Nosotros estamos tratando de ligar los problemas del asentamiento Lamadrid con la Ley 2240 y el Recup Boca. Es uno de los reclamos de los vecinos y el IVC no lo quiere tratar de esta manera. El que gerencia este programa es el gerente jurídico del IVC y el otro es el gerente técnico. Pareciera que fueran dos organismos distintos.
 
¿Qué pasa cuando esto llega a los jueces? ¿Escuchan a los vecinos?
HC: Yo antes de llegar a la Defensoría estaba en la Cámara contenciosa como magistrado. Y ahora veo, incluso autocríticamente, que hay una dificultad muy grande -no en las palabras sino en la realidad- para comprender la humanidad de los problemas más allá de su forma y argumentación jurídica. Es muy difícil comprender el problema humano que está presente en un caso judicial porque eso implica tener contacto real con las personas, el lugar donde viven, su realidad, y eso es algo que para las instituciones ya de por sí es muy difícil, más aún para el Poder Judicial una institución encerrada en sí misma y con dificultades para absorber la realidad social. Y es un problema cultural que exige cambios profundos y mucho tiempo. Pero la realidad de las personas está hoy. Y una función central de la Defensa es hacerlo notar cotidianamente, lo que hace que sea visto por los operadores judiciales como una presencia muy molesta.
LD:  El IVC tiene una política y es tal. Pero no puede ser esa una política judicial. Lo que yo noto es que el Tribunal Superior trata de dictar fallos que tengan que ver con un programa o política y no con el caso que estamos viendo. La justicia empieza así a ser permeable a un programa, a una política determinada. Éste es el retroceso que apareció en el último tiempo en los temas sociales: de una política más garantista a una que tiene más que ver con el orden urbano y la seguridad.
 
LA DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN LA CAUSA RIACHUELO
En el marco de la ejecución de la sentencia de la “Causa Mendoza”, más conocida como “Causa Riachuelo”, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Defensoría General de la Nación creó un “Equipo de Trabajo” específico, coordinado por el Dr. Horacio Garcete. El equipo está destinado a la realización del abordaje territorial necesario para garantizar un integral acceso a la justicia de las poblaciones afectadas por las relocalizaciones dispuestas en la sentencia, de modo de articular con mayor rapidez los distintos reclamos que surgen en estos procesos.
En la sentencia de la Causa Riachuelo, la Corte Suprema destaca el derecho de la población afectada a participar en las decisiones de las autoridades responsables de cumplir la sentencia, y la Defensoría General de la Nación, como cabeza del Ministerio Público de la Defensa de la Nación, cumple un rol fundamental.
Las acciones del Equipo consistirán en el relevamiento y canalización de las demandas, provisión de una asistencia integral especializada y de proximidad a las familias, elaboración de diagnósticos integrales de las problemáticas socio ambientales de los territorios afectados, difusión y divulgación de los derechos y las herramientas institucionales pertinentes para hacerlos efectivos, y la promoción de la articulación político institucional con los actores e instituciones involucradas.

 

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