La población más afectada por intoxicación con plomo es la de menores recursos, que vive en asentamientos precarios, en las márgenes del Riachuelo o en zonas cercanas a basurales y/o cementerios de automóviles, donde los niños juegan en suelos contaminados.

Estos lugares, en su mayoría ubicados en la zona sur de la Ciudad, acarrean décadas de contaminación por ser destinatarios de actividades de alto riesgo ambiental como la disposición final y quema de basura, cementerios de vehículos, entre otras.

El ingreso de plomo al organismo puede provocar intoxicación aguda o crónica. La primera  se manifiesta con síntomas gastrointestinales, trastornos respiratorios, y neurológicos,  convulsiones y coma,  mientras que la segunda se presenta con neuropatía periférica, cólico saturnino, anemia, nefropatía intersticial crónica, gota saturnina, depósito de plomo en hueso e inmunosupresión. Pero las principales manifestaciones son a nivel neurológico e incluyen retardo mental, trastornos del aprendizaje, alteraciones de conducta, deterioro del coeficiente intelectual, pérdida de memoria y ansiedad.

El aumento poblacional registrado, especialmente en los últimos años, en la mayoría de los asentamientos de la ciudad da cuenta de la potencialidad del riesgo ambiental. La cantidad de familias que viven en éstas áreas convierten esta problemática de salud ambiental en una cuestión que no debiera ser desatendida por los actuales funcionarios gubernamentales con responsabilidad en la temática.

Según el relevamiento de datos realizado por la Defensoría, los estudios epidemiológicos realizados en niños y las diversas muestras de suelo analizadas revelan una elevada presencia de plomo en varios sectores de la Ciudad. Además, la escasa implementación de mecanismos de detección de riesgo y la falta de equipamiento propio en los establecimientos de salud del Gobierno de la Ciudad para el diagnóstico de esta problemática, no sólo obliga a derivar estas muestras/estudios por fuera del ámbito de su jurisdicción sino que también contribuye a gestiones burocráticas y gastos indebidos de recursos.

A su vez, la Agencia de Protección Ambiental, máxima autoridad ambiental de la Ciudad, no ha tomado hasta el momento debida intervención para la solución en aquellos sitios que ya han sido detectados como fuentes contaminantes.

Por este motivo, la Defensoría del Pueblo recomendó al Presidente de la Agencia de Protección Ambiental que implemente un Programa de Monitoreo Sistemático de suelos, agua y aire a los fines de analizar la calidad ambiental en los asentamientos y villas emplazados en el ámbito de la Ciudad; y que desarrolle un Plan de Acción para realizar las tareas de remediación ambiental necesarias para descontaminar todo sitio en los que se detectaran niveles de metales pesados por encima de los límites establecidos.

También se instó a la Ministra de Salud, Graciela Reybaud, que disponga la adquisición del equipamiento específico para la determinación de metales pesados en, al menos, uno de los establecimientos de salud pertenecientes al Gobierno de la Ciudad.