A través de la Ley de la Evaluación Integral del Sistema Educativo, se creará una entidad descentralizada con personería jurídica propia con el objetivo de “diseñar, desarrollar y coordinar la evaluación integral del sistema educativo de la Ciudad” y estará a cargo de un Director Ejecutivo elegido por concurso, el que estará acompañado por un Consejo de 11 miembros, donde participarán los gremios.

El proyecto original, enviado el año pasado por el Jefe de Gobierno, fue modificado en los últimos días, tras varias reuniones con los diputados del frente UNEN que pidieron la introducción de algunos cambios como condición para sumar su respaldo.

Así fue como pasó a llevar el nombre de Unidad en vez de Instituto Evaluador, modificó el carácter de ente autárquico por descentralizado, reformó la elección por concurso del director, que tendrá un mandato de cinco años al frente del cargo, y por último eliminó los artículos que habilitaban a la entidad a recibir financiamiento externo, pero no descartó aceptar donaciones.

La introducción de los cambios originó críticas en los bloques opositores que decían no haber tenido el tiempo suficiente para analizar las modificaciones realizadas.

Los legisladores del Frente para la Victoria, el Partido Obrero, el MST, Verde Alameda, el Frente Nuevo Encuentro y el Frente Progresista Popular votaron en contra  y manifestaron su rechazo a la implementación de la norma.  El diputado kirchnerista Jorge Taiana calificó como "una vergüenza discutir un proyecto que no fue consensuado con los docentes" e indicó que la creación de esta Unidad "va a fragmentar las competencias políticas del Ministerio de Educación y dará lugar a más estructura de un Estado que va a ser más deficiente".

Por su parte, Marcelo Ramal, diputado por el Partido Obrero, señaló que “el mismo Estado que desfinancia la educación pública, empujando al derrumbe edilicio, la falta de vacantes y la caída de los salarios, pretende erigirse en “evaluador” y colocar en el banquillo a los docentes”. Y agregó que “el proyecto del PRO apunta a liquidar el Estatuto del Docente y, con ello, golpear las conquistas laborales de los maestros”. Su discurso fue aplaudido por muchos legisladores.

Los gremios, que siguieron el debate en el recinto, también manifestaron su rechazo. El secretario general de UTE, Eduardo López, apuntó: "Decimos sí a la evaluación, no al ente autárquico porque la evaluación es parte inseparable del proceso educativo. No hay educación sin evaluación, porque de lo contrario es instrucción, pero la evaluación no se puede tercerizar a empresas privadas, estatales o extranjeras, porque la tiene que regir el gobierno de la Ciudad que es el receptor de la voluntad popular".

Fuente: Página 12