La Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, y el Defensor General de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Corti, rubricarán el convenio mañana miércoles, a las 11 hs, en el auditorio Guillermo Díaz Lestrem de la Defensoría General de la Nación (Callao 970, CABA).

En 2004 la problemática de la cuenca fue llevada a instancias judiciales por un grupo de vecinos que presentaron una demanda en reclamo de la recomposición del ambiente y la creación de un fondo para financiar el saneamiento.

Esta situación dio origen a la causa “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios”, que responsabilizaba al Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a 44 empresas por los daños y perjuicios derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza – Riachuelo.

Posteriormente, se amplió la demanda hacia los 14 municipios de la Provincia de Buenos Aires por los que se extiende la Cuenca.

El 8 de julio de 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación  (CSJN) dictó un fallo histórico donde se determinó quiénes son los responsables de llevar adelante las acciones y las obras de saneamiento, el plazo en que deben ser ejecutadas, dejando abierta la posibilidad de imponer multas para el caso de incumplimiento.

La sentencia involucra a tres jurisdicciones estatales (Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y 14 municipios (Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora -en la cuenca baja- Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza, Merlo y Morón -en la cuenca media- y Cañuelas, Presidente Perón, San Vicente, Las Heras y Marcos Paz -en la cuenca alta-).

Desde entonces, ambas instituciones se encuentran abocadas a esta tarea con equipos de trabajo específicos destinados al abordaje institucional en los procesos de urbanización de villas y asentamientos y de relocalización de personas.

A través de este nuevo convenio, las Defensorías se comprometen concretamente a realizar en forma conjunta el abordaje territorial y extrajudicial de los vecinos de la sirga del Riachuelo y de los conjuntos habitacionales donde sean relocalizados. Además, acuerdan intervenir en forma conjunta en la asistencia de los vecinos involucrados, como así también promover, intervenir y requerir en conjunto las medidas que estimen conducentes en la causa.