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sábado 22, noviembre de 2014

Un fallo excluyente

Tal como quería el Gobierno porteño, la Cámara de Apelaciones dio marcha atrás con la urbanización del barrio Rodrigo Bueno que había ordenado la jueza Liberatori. Los vecinos y la Defensoría General de la Ciudad denunciaron que recurrirán a la Suprema Corte porque lo consideran inconstitucional. Por Carla Perelló

Un fallo excluyente

“Estamos acá para repudiar el fallo de carácter excluyente. No puede ser que por una presión inmobiliaria quieran sacarnos de acá”, sostuvo ante sus vecinos Luis Espinoza, delegado del barrio Rodrigo Bueno. Todos estaban reunidos en la sede de la Junta Vecinal que ellos mismos construyeron, frente a la Iglesia de Caacupé. Allí, los representantes de los habitantes junto con funcionarios del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires dieron una conferencia de prensa en la que esbozaron los ejes del recurso de inconstitucionalidad que presentaron ante la Justicia para rechazar el último fallo que concede el pedido del Gobierno porteño de no urbanizar .

 
“Ellos se equivocan. En Rodrigo Bueno se vive, se educa, se enseña”, clamaban los carteles pegados en la sede de la junta. Era cerca del mediodía y los vecinos comenzaban a llegar, algunos dejaron de ir a trabajar para poder estar. Otros, asistieron con sus niños, tomando tereré para combatir el calor. Las consignas son la respuesta al fallo de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad que concedió el pedido de las autoridades porteñas: que no se urbanice el barrio, lo contrario de lo que había exigido la jueza Elena Liberatori, en 2011.
 
El dictamen, votado por mayoría por Fernando Juan Lima y Esteban Centenaro, favorece al Gobierno con el eje puesto en que la Reserva Ecológica es preexistente a los habitantes. "La posesión aparentemente pacífica no se torna en título hábil para reclamar la propiedad”, sostienen.
 
La lista de argumentos en contra del fallo es larga y está detallada en las 58 páginas del recurso. El defensor general de la Ciudad, Horacio Corti, hizo eje en tres razones por las que ese fallo adverso es “ilógico”: el barrio tiene su origen años antes de la creación de la Reserva, los jueces no toman conciencia de la colectividad que habita allí ni del impacto que tendrían sus decisiones y, por último, que el barrio puede convivir con la naturaleza.
 
Por ende, en el recurso solicitan una audiencia al tribunal para que sean los mismos vecinos quienes cuenten cómo viven -propusieron invitarlos al barrio-, hace un recorrido histórico de la gestación del barrio y de las irregularidades en las que han incurrido las diversas gestiones del Gobierno porteño con las que se construyó una “cadena de omisiones estatales” sobre los habitantes del terreno en disputa. Es decir, hacen como si nada hubiera habido en ese espacio nunca. En caso de ser aceptado, el Tribunal Superior de Justicia deberá expedirse sobre la causa.
 
Estudios del Conicet y del Instituto Gino Germani mencionados en el recurso muestran que los primeros habitantes llegaron en 1980. Mientras, que recién en 1986 llegó la ordenanza 41247 que crea el Parque Natural y Zona de Reserva Ecológica. No dice que existen casas en el lugar y lo mismo sucede en 1989 cuando establecen los límites de la Reserva con la ordenanza 43609. Durante este tiempo, construyeron un muro e implementaron “políticas públicas expulsivas”, sostienen en las investigaciones, además de aplicar “recursos extorsivos como ofrecer subsidios o créditos hipotecarios” para que la gente se vaya. Todos ellos “modos de invisibilizar al barrio”.
 
A pesar de esas prácticas, en la actualidad hay más de dos mil habitantes, las casas son de material y quienes allí viven construyeron su propia identidad. “Existe un nivel mínimo del derecho a la vivienda que el Estado local está obligado a garantizar”, cuestión que el fallo les niega, por lo que es “inconstitucional y arbitrario”.
 
Los defensores hicieron hincapié en que “por derecho” el lugar pertenece a los habitantes y en que el Gobierno sólo debe “terminar la urbanización”, porque el barrio existe. Pero la consecuencia a la que los expone el fallo es el desalojo: niega “el derecho a la vivienda digna”.
 
El Gobierno, la empresa IRSA, los habitantes y “defensores del espacio público”, son los actores que anhelan ese lugar. Pero los habitantes no se rinden. “Nuestra huella está acá, capaz que hasta dejamos nuestro ADN en la lucha”, sostuvo James Mamani al terminar la conferencia.
 
En unos días, los vecinos presentarán por cuarta vez un proyecto de urbanización con radicación del barrio como una acción más de la lucha por acceder a la vivienda digna.

 

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