Tierra prometida
En Casa Amarilla lo público se desvanece. El complejo de viviendas que construyó el IVC está listo para ser adjudicado. Pero las prioridades para conformar el listado de dueños son definidas por una asociación que, según testimonios de vecinos, pide dinero para incluir a nuevos beneficiarios. Mientras tanto, la Ciudad también intenta privatizar los predios que quedaron libres, para que el Club Boca Jrs construya un estadio shopping. Por Martina Noailles
En un mes o dos las viviendas de Casa Amarilla tendrán dueño. Según confirmó Iván Kerr, director del IVC, a Sur Capitalino, la lista final de las 438 familias beneficiarias está siendo definida por una asociación civil en base a los 1200 preadjudicatarios que se inscribieron en el programa. A decir verdad, como el organismo de vivienda decidió no hacer públicas las listas originales, no hay forma de comprobar que todos los nombres que propuso la asociación hayan estado alguna vez en aquel listado. Pero si así lo fuera, lo que sin duda no tiene explicación es el criterio por el cual la asociación decidió quiénes sí y quiénes no serán los destinatarios de un techo a pagar en 30 años.
Casi en simultáneo con el último tramo de las obras en Casa Amarilla, el PRO confirmó la razón por la cual de las 1200 viviendas previstas sólo construyeron un tercio (y porque los obligó la Justicia): el predio público que quedó disponible es el que ahora intenta rezonificar para vendérselo al Club Boca Jrs, cuyo vicepresidente, Oscar Moscariello, es además el legislador que presentó el proyecto en la Legislatura. Los directivos de la institución xeneize quieren levantar allí un mega estadio-shopping, de gran impacto para el barrio. Si bien muchos vecinos, organizaciones barriales y agrupaciones de hinchas se oponen, la iniciativa ya tiene dictamen de la Comisión de Planeamiento y ahora debe pasar por una audiencia pública antes de su sanción definitiva.
Treinta mil
“Haremos lo que nos ordenó la Justicia, todo está en la causa”, repiten los funcionarios del IVC cada vez que se los consulta por el ya tristemente célebre listado final de adjudicatarios. El expediente iniciado como amparo en el Poder Judicial de la Ciudad es la única explicación que ensayan cuando deben argumentar por qué una asociación civil, es decir privada, tiene la enorme potestad de digitar los beneficiarios de un programa del Estado. “Ellos propusieron los nombres pero la última palabra la tenemos nosotros”, señaló Kerr en la entrevista que dio a Sur Capitalino. La frase es engañosa. El convenio que la Asociación Civil Casa Amarilla firmó con el IVC en la Justicia dice que los 438 adjudicatarios serán propuestos por la asociación y que deberán cumplir con requisitos básicos como ser miembro de la asociación, estar inscriptos en el Programa y no ser propietario de una vivienda. ¿Qué pasa si algunos de los 438 no cumplen con esto? Volverá a ser la asociación la que determine quién ocupa esos espacios vacantes.
Esa es quizás la razón por la cual durante los últimos meses Sur Capitalino recibió al menos cinco denuncias de vecinos a quienes, miembros de la asociación Casa Amarilla, les habían ofrecido un lugar en esa lista por una suma de dinero que varía entre 30 mil y 50 mil pesos. Obviamente ninguno quiso dar su nombre ni presentar la denuncia en la Justicia. Temen represalias ya que viven en el mismo barrio de quienes se lo ofrecieron. Además, en algunos casos, decidieron que sí aceptaban pagar ese monto por el pase a un techo. A ellos les dieron una fecha: el 19 de diciembre. Ese día sería la supuesta “entrega” del departamento. Nada oficial, claro.
Tampoco fue oficial -o al menos el IVC negó ser parte de la convocatoria- la reunión que se realizó el domingo 23 de noviembre en el Teatro Verdi. El llamado fue de boca en boca y cuando Sur Capitalino intentó ingresar, le cortaron el paso. “Es una reunión cerrada”, dijo un muchacho con tatuajes y remera de Boca. “¿Es por Casa Amarilla?”, preguntó esta periodista. “Sí, para algunos de Casa Amarilla”, terminó la conversación. A la salida, algunos de los hombres y mujeres que participaron del encuentro explicaron que la convocatoria la había hecho “la Asociación y el IVC” y que el objetivo era “actualizar los papeles”. No más palabras. Ninguno quiso dar más detalles.
Los detalles no existen, tampoco, en los nueve cuerpos del expediente 30027/0 que tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 11 a cargo de la jueza Paola Cabezas Cescato. Aunque el IVC insiste en que “todo está en la Justicia”, la causa no tiene un solo movimiento desde hace meses. Ni el organismo ni la asociación realizaron alguna presentación desde la firma del convenio a fines de 2012. Según constató Sur Capitalino, desde mediados de 2013 a la fecha sólo figura un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Asociación Demos Vida que fue rechazado en todas las instancias. Por lo demás, no hay nuevas listas ni confirmación de los nombres que estaban. Evidentemente, todos los movimientos de adjudicatarios están sucediendo fuera de la Justicia.
En plan privatizador
“Complejo Deportivo del Club Atlético Boca Juniors”, explicita el título del proyecto que presentó en la Legislatura el vicepresidente de Boca y legislador del PRO, Oscar Moscariello. La iniciativa busca cambiar la zonificación de las dos hectáreas de espacio verde que quedan en Casa Amarilla para que puedan ser utilizadas con otros fines, diferentes a los dispuestos en el decreto 723/10. Allí se establecía que las tierras debían ser destinadas “exclusivamente al desarrollo de la función pública (educacional, de seguridad o de salud).
El objetivo de ese decreto, de septiembre de 2010, era ceder en transferencia fiduciaria una lista de parcelas de dominio del Instituto de la Vivienda porteño a la Corporación Buenos Aires Sur. El objetivo de la transferencia, según el decreto, era “el desarrollo de políticas públicas, orientadas a mejorar la calidad de vida e inclusión social, con esfuerzos del sector público y privado, en tanto dichos predios se encuentran ubicados dentro del polígono declarado como Área de Desarrollo Sur de la Ciudad”. La lista que detallaba cuáles eran esos predios estaba en un anexo que, a diferencia del decreto, nunca fue publicado en el Boletín Oficial.
Desde entonces, los terrenos pasaron a ser de la sociedad del estado Corporación del Sur, que a diferencia del IVC, tiene atribuciones para venderlos. Lo que ahora busca el PRO es que, tras la rezonificación, el predio quede en condiciones de ser comprado por Boca para construir un estadio-shopping. Aunque Moscariello asegure que el objetivo es un parque temático vinculado con lo deportivo y lo recreativo. “Todo lo demás son conjeturas”, dijo y agregó: “La idea es hacer una recuperación de esa zona, que es la más visitada por los turistas. Es altamente positivo”.
Sin embargo, el ex legislador porteño Rafael Gentili dio a conocer una carpeta que el presidente de Boca Juniors, Daniel “El Tano” Angelici, le dio en una reunión cerrada que mantuvieron el año pasado dirigentes del club y legisladores. Allí queda bien claro que el proyecto que tiene el club para los terrenos de Casa Amarilla es la construcción de nuevo estadio para 80 mil espectadores sentados. En la carpeta también se incluye un cronograma para avanzar en esa línea: “1. Concenso (sic) de la Legislatura, respecto de la adecuación de la normativa; 2. Concurso urbano de ideas auspiciado por la Legislatura, la Institución, la Universidad de Buenos Aires y demás entidades profesionales pertinentes; 3. Adecuación de la normativa para la materialización del proyecto integral; 4. Concurso internacional para el proyecto de nuevo estadio; 5. Inicio de las obras. 6. Inauguración”.
Para llegar al recinto legislativo, la iniciativa de Moscariello pasó rápidamente por el Consejo del Plan Urbano Ambiental (CoPUA), donde no fue analizado en comisión ni estuvo en el listado de temas del día. Así, en 48 horas, el PRO sacó un dictamen de mayoría y lo envió a la Legislatura. La iniciativa ya superó el primer escalón cuando, a pesar de todos los testimonios en contra, la Comisión de Planeamiento con mayoría PRO dio dictamen. El proyecto es de doble lectura por lo que aún debe pasar por dos votaciones y por una audiencia pública. El PRO tiene 28 bancas y necesita llegar a los 31 votos para aprobarlo. Será determinante la posición del bloque radical, de la Coalición Cívica, Proyecto Sur y Confianza Pública.
“El barrio de La Boca viene sufriendo desde hace décadas un grave deterioro de su trama urbana en un permanente estado de emergencia habitacional. Se ha llegado a límites impensables e inaceptables por su gravedad y exige propuestas para un desarrollo sustentable, y no la cesión de espacio público para negocios privados, como propone el legislador Moscariello”, señalaron vecinos, organizaciones e hinchas en un informe que ya circula por los despachos de los legisladores. La ley 2240 ya declara la Emergencia Urbanística y Ambiental de un barrio que, de avanzar esta iniciativa, vería cómo en los últimos terrenos públicos de espacio verde que le quedan a La Boca se levanta una mole de cemento.