La Sala Segunda de la Cámara ratificó los procesamientos por el delito de “trata de personas agravado por haber sido cometido mediante el abuso de una situación de vulnerabilidad, por la cantidad de víctimas, por la cantidad de autores y por haberse consumado la explotación”, y trabó embargos por montos de entre 30 mil y 200 mil pesos.

Los tres procesados regenteaban talleres textiles en las calles Daract y Mom, en el barrio porteño de Nueva Pompeya, en los que una familia con dos hijos menores de edad y otras dos personas, todas de nacionalidad boliviana, confeccionaban prendas de vestir, “uniformes policiales y de empresas de seguridad privada”, sostuvo el fallo.

La investigación se inició a raíz de la denuncia de una de las víctimas de trata ante la Policía Metropolitana que, con la intervención del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, realizó allanamientos en los que se “secuestró gran cantidad de telas, máquinas de coser y distintos elementos de costura”.

Uno de los imputados “se encuentra inscripto en los registros de la Afip como fabricador de productos textiles desempeñándose en dicha actividad desde el año 1993″, explicó el fallo firmado por los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero.

Los acusados, manifestaron los jueces en el fallo, “han desplegado mecanismos de captación, traslado y acogimiento o recepción que consistieron en haber ofrecido y brindado trabajo y alojamiento a los damnificados”.

En ese sentido, destacaron que se “aprovecharon del contexto económico altamente desfavorable en el que se hallaban, para consumar la finalidad de explotación laboral en los talleres textiles de los cuales eran sus titulares responsables”.

Las víctimas describieron que habían sido contactadas en Bolivia por un familiar de uno de los imputados, quien les había ofrecido trabajo en Argentina, en conocimiento de sus “dificultades de acceder, en su país de origen, a trabajos que les permitan tener ingresos suficientes para cubrir sus necesidades y en algunos casos de sus familias”.

El contacto se realizaba mediante “un aviso de un periódico local para desempeñar la tarea de ayudante de costurero bajo la promesa de un sueldo mensual de 500 dólares”, sostuvo el fallo.

Asimismo, expresó que el trabajo contemplaba “jornadas muy extensas de lunes a viernes y los sábados hasta el mediodía, con escaso tiempo de descanso durante el transcurso de la misma”.

“Todos desempeñaban sus tareas sin contar con un contrato que regule su actividad y, en consecuencia, sin contar con los beneficios que les corresponden, tales como aportes jubilatorios, obra social”, afirmaron los magistrados.

Los lugares allanados “contaban con infraestructura deficiente, falta de calefacción e higiene, falta de mantenimiento y seguridad, como asimismo instalaciones eléctricas precarias”, manifestó el fallo.

Los magistrados destacaron que en el mismo lugar “era donde tanto trabajaban como vivían, pese a lo cual no contaban con llaves, siendo necesario solicitar permiso a los encargados para retirarse, cada vez, aún por escaso tiempo”.

Fuente DYN