Reducen un 60% la atención sanitaria a los vecinos del Riachuelo
La atención sanitaria a la población vulnerable que vive en los márgenes del Riachuelo se redujo en más del 60 por ciento por la desarticulación del Plan Integral de Saneamiento Ambiental a pesar de que un fallo de la Corte Suprema había ordenado a la Acumar cumplir con esa tarea.
El cambio de gestión se hizo sentir fuerte en la Acumar: mientras que en 2015 fueron asistidas casi 32 mil personas, el año pasado se atendió a menos de 13 mil; las dosis de vacunas bajaron a la mitad, de 14 mil a 7 mil; y las personas vacunadas bajaron de unas 2.638 a 726.
El recorte fue consecuencia del congelamiento de los recursos para el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), de Acumar. Hubo, además, reducción en el personal de médicos, psicólogos, nutricionistas y trabajadores sociales porque fueron desplazados o se los dejó sin funciones.
De las doce Unidades Sanitarias Móviles con las que cuenta el organismo, en 2016 cada operativo utilizó un máximo de cuatro. Algunas no fueron usadas en todo el año. Un informe titulado “Retroceder en el cuidado de la salud y el ambiente”, elaborado por la Fundación Soberanía Sanitaria, al que tuvo acceso Página 12, publicó estos datos luego de un relevamiento sobre la implementación del PISA. El estudio señala además un retroceso cualitativo en la implementación del Plan, y la reducción en el personal de médicos, psicólogos, nutricionistas y trabajadores sociales que fueron desplazados o se los dejó sin funciones.
“Lo que se está viendo es la diferencia entre la concepción de salud como beneficencia que tiene el gobierno de Cambiemos, a la idea de salud como derecho que tenía el kirchnerismo”, opinó en diálogo con Página 12 el presidente de la Fundación, Nicolás Kreplak. El ex viceministro de Salud de la Nación se refirió a los barrios asentados a orillas del Riachuelo, tanto de la Ciudad de Buenos Aires como de la provincia de Buenos Aires, como “algunas de las zonas más vulnerables del país por cuestiones socioeconómicas y además por la contaminación y los problemas de sanidad que implica. Es un lugar en el que tiene que estar el Estado, porque si no la gente no tiene a dónde acudir para acceder a los servicios básicos de salud. Hoy están dejando desamparada a la población más necesitada, y teniendo los recursos para ayudarla”, agregó Kreplak.
En el 2008, después de la intimidación de la Corte Suprema, que pidió que se mejore la calidad de vida de los habitantes de la Cuenca Matanza Riachuelo; que se logre la recomposición del ambiente de la cuenta y que se prevengan los posibles daños, el PISA desarrolló el Plan Sanitario de Emergencia (PSE). De esta manera se pusieron en funcionamiento 12 Unidades Sanitarias Móviles, de las cuales 6 son para atención primaria de salud, dos de odontología, una de “Evaluación del crecimiento y desarrollo”, una de diagnóstico por imágenes, una de oftalmología y una de zoonosis.
Sin embargo, mientras que en 2015 se realizaron 145 operativos con las Unidades Sanitarias Móviles, en 2016 sólo se hicieron 44; el número de personas atendidas bajo más de la mitad, pasó de 31.967 a 12.721, y la cantidad de vacunados que en su mayoría son chicos pasó de 2.638 a 726.