Luego del incendio intencional que se llevó la vida de 4 personas, entre ellas una bebé de 1 año, quienes vivían en el inmueble de Pedro de Mendoza 1447/51 quedaron en la calle. Ante la clausura del lugar –más por sus condiciones anteriores al incendio que por las consecuencias del fuego-, las familias decidieron organizarse y pelear por volver a tener un techo. Entre otras acciones, acudieron a la Justicia y pidieron que se dé cumplimiento a la ley 2.240 ejecutándose un proyecto específico para la rehabilitación del predio. Una vez rehabilitado, solicitaron que se les permita retornar a sus viviendas y se les regularice la posesión del lugar que está desde hace décadas abandonado y que, incluso, estuvo en manos del Estado porteño. En el expediente que lleva la jueza Patricia López Vergara también pidieron que, de forma supleatoria, se les brinde un crédito especial que les permita a las familias comprar un inmueble en el barrio.

 

El 7 de agosto, a dos semanas del incendio, la jueza hizo lugar al amparo y le ordenó al Gobierno porteño y al Instituto de Vivienda (IVC) que otorguen una “adecuada e inmediata satisfacción a los requerimientos económicos y materiales” con miras a paliar la “dramática desigualdad existente entre quien tiene demasiado y quien no tiene nada”.

 

Sin embargo, los tiempos de la burocracia no son lo veloces que deberían ser ante situaciones tan dramáticas y urgentes. Y aún más lentos son, si no existe un verdadero interés de dar respuesta desde la política pública.

 

El 31 de agosto la jueza López Vergara dio un paso más y le otorgó carácter colectivo a la acción de amparo interpuesta por las familias. Pero en una medida que sólo puede entenderse como dilatoria, el Gobierno porteño apeló la decisión de la jueza.

 

“La indignidad a la condición humana al tan sólo visualizar el numeroso grupo de familias que han quedado desguarnecidas de mucho más que un techo material y de sus pertenencias, lo cual es un despojo de sus más elementales cobijos a su existencia, ya exime de mayor análisis a la trascendencia social que su solución requiere”, señaló la jueza y de allí concluyó: “Desde ya se descuenta que el Gobierno de la Ciudad deba tener un fuerte interés estatal en su protección”.

 

Sin embargo, el paisaje actual de la avenida que bordea el Riachuelo muestra exactamente lo contrario: desinterés por proteger a los más vulnerados. Y, en simultáneo, una idea fija: transformar esa zona en un Paseo del Arte, con torres de altura que conviertan a La Boca en la continuación de Puerto Madero y, claro, sin pobres.

 

Las familias de Zanchetti no bajan los brazos. Los usan para seguir resistiendo pero también para abrazar a quienes vivieron lo mismo que ellos, cuando el 6 de septiembre perdieron todo bajo el fuego, en Lamadrid 645, apenas a unas cuadras de allí.