Se trata de la detención arbitraria y torturas a Ezequiel Villanueva Moya, de 15 años, e Iván Navarro, de 18, en septiembre del año pasado a la vera del Riachuelo. “Fueron sometidos a prácticas de tortura que uno creía que sólo podía encontrar en el Nunca Más. Los detuvo la Policía Federal y no los registró, se los pasó a la Prefectura que efectivizó las torturas y amenazaba con pasarlos a Gendarmería para que se divirtieran un rato los gendarmes también”, relata Levy a Sur Capitalino.

 

El informe que dio lugar a la citación desde Ginebra –para el 3 de octubre- fue presentado en conjunto con el Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos. Los diez casos fueron relevados a través del registro de control popular de las fuerzas de seguridad que llevan adelante las 44 asambleas de la organización en todo el país en coordinación con el CELS y la Procuvin desde septiembre de 2013, cuando fue asesinado Kevin Molina luego de que Prefectura y Gendarmería liberaran la zona. El nene tenía nueve años.

 

Junto con las torturas a Iván y Ezequiel en la Villa 21, los otros nueve casos corresponden a situaciones de violencia institucional y policial en Córdoba, Chaco, Mendoza, Santiago del Estero, Salta, Tucumán y Provincia de Buenos Aires. “Esa muestra que antecede y enmarca la desaparición forzada de Santiago Maldonado expresa la impunidad con la que históricamente se han movido las fuerzas represivas adentro de nuestros barrios”, señala Levy, y agrega que en el sur porteño “la dinámica en el territorio está a la vista desde hace mucho tiempo y el recrudecimiento que ha tenido en este último año y medio, también. El caso de Iván y Ezequiel fue en la 21. En su momento el caso de Kevin fue en Zabaleta. Y ahora venimos de marchar por el asesinato a sangre fría por parte de un efectivo de la Policía de la Ciudad a Cristian Toledo y de denunciar que esa misma fuerza fue después a apretar al Padre Toto en la Villa 21”.

 

El relevamiento de La Poderosa surge a partir del no relevamiento de casos de violencia policial por parte del Estado. “Sabemos que hay como mínimo un caso de gatillo fácil cada 25 horas –aunque en los diarios no haya uno ni cada 25 días-. Son los datos de Correpi (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional) y son los únicos datos que manejamos todos. No hay ningún organismo del Estado que registre las irregularidades de las fuerzas o las denuncias sistemáticas en los casos que no terminan en muerte. Convivimos con casos de tortura, allanamientos sin orden, gendarmes no identificados, cacheos que no corresponden, decomisos de droga que no se registran en ningún lado”, enumera el referente. “Para dar una idea de hasta qué punto convivimos con esas irregularidades -entre comillas, porque son regulares-, sólo en el último mes presentamos mil denuncias a nivel nacional”, advierte.

 

El informe que será ampliado en Ginebra “da cuenta de la violación del Estado argentino del artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que impone el deber de los Estados a garantizar que ningún niño sea sometido a torturas, malos tratos ni penas crueles o degradantes, y expone una preocupación por la posible violación al artículo 40 en caso de que el Estado argentino quisiera avanzar con el proyecto que intenta bajar la edad de imputabilidad”.