Villa 31: urbanización vs especulación

La Comisión de Presupuesto de la Legislatura aprobó una iniciativa impulsada por Horacio Rodríguez Larreta para vender 12 predios de la ciudad, entre los que se encuentra el Barrio Padre Carlos Mugica, para pagar deudas contraídas por la construcción del Paseo del Bajo. De aprobarse la norma, deja abiertas las puertas a la especulación privada y pone en peligro  la permanencia de los vecinos en el barrio. 

 
Villa 31: urbanización vs especulación

Los vecinos denuncian que el gobierno porteño avanzó sobre una norma que incumple la ley. Entre los 12 predios que el Gobierno porteño pretende vender se encuentra el polígono denominado Barrio Padre Carlos Mugica, más conocido como Villa 31 de Retiro y otros seis que están en los alrededores y el 35 por ciento del Mercado de Hacienda, en Mataderos.

Los terrenos que estaban en manos del Estado nacional fueron transferidos por un convenio el año pasado, a cambio de que Ciudad se hiciera cargo del financiamiento de la última etapa de la obra del Paseo del Bajo, que vincula la Autopista Buenos Aires-La Plata con la Autopista Illia. Nación tomó deuda por 400 millones de dólares con la Corporación Andina de Fomento (CAF), y a su vez le pidió a Ciudad que absorbiera parte de esa deuda y se hiciera cargo de 175 millones de dólares.

A pesar de las vallas y los policías que rodeaban la Legislatura, los vecinos del barrio se movilizaron hasta las puertas del recinto para rechazar la norma porque no les garantiza la propiedad de la tierra y por considerar que es expulsivo al posibilitar que el mercado inmobiliario compre los terrenos.
 
Para aprobarse, el proyecto requiere de doble lectura y audiencia pública. En caso de avanzar, el Poder Ejecutivo podría enajenar los inmuebles para cancelar deudas adquiridas. 
 
Héctor Guanco, integrante de la Mesa de Urbanización Participativa y Rotativa del Barrio Carlos Mugica, dijo a PáginaI12 que “el gobierno sigue avanzando sin escuchar a los vecinos ni respetar la ley 6129 de reurbanización del barrio, que dice que todas las decisiones deben pasar por el Consejo de Gestión Participativa (CGP), que integra el gobierno, distintos organismos públicos y los consejeros del barrio”.
 
Según explicó Guanco, “si sale esta ley será expulsiva para las 44 mil familias del barrio. Proponen enajenar las tierras para pagar deuda y poder venderlas a terceros que no son del barrio, con lo que a nosotros prácticamente nos estarían expulsando. En el primer artículo habla de brindar soluciones habitacionales definitivas a los vecinos del barrio, como sostiene la misma ley que incumplen, pero eso no garantiza que los vecinos, a los que los quieren hacer escriturar sin siquiera saber cuánto van a tener que pagar, sean definitivamente los dueños de la tierra”.
 
En el mismo sentido, la legisladora de Unidad Ciudadana Andrea Conde afirmó que “el proyecto no garantiza la permanencia de los habitantes del barrio Mugica en sus propias tierras. La puesta a disposición de tierra pública, como ya nos tienen acostumbrados el gobierno, se agrava en este caso porque se trata de un barrio habitado. El proyecto no es claro y determinante acerca del destino de esas tierras y deja abierta la posibilidad de que puedan ser compradas por aquellos que siempre quisieron desalojar el barrio por estar ubicado en donde está”.
 
Fuente: Página 12