Entre los datos más relevantes están, que el 29,3% de niños y adolescentes tienen déficit en sus comidas y que el 13% pasó hambre, mientras que un 35% asiste diariamente a comedores comunitarios o escolares. A su vez un 24% tiene déficit habitacional y un 23,4% vive en hacinamiento; mientras que el 40% se encuentran sufriendo pobreza extrema.

 

El informe de la Universidad Católica reveló que el 51,7% niños y adolescentes están bajo la línea de pobreza porque sus hogares no cuentan con ingresos suficientes para cubrir la canasta básica total y el 10,2% se encuentra en familias que no cubren siquiera la canasta alimentaria básica, lo cual indica que se encuentran en situación de indigencia.

 

En los fundamentos de la medida Roberto explicó que “la desnutrición y malnutrición infantil condiciona severamente el desarrollo de niños y adolescentes, quedan eventualmente expuesto a enfermedades como así también los enfrenta a una desigualdad a la hora de su aprendizaje, lo cual condiciona su educación y su posible desarrollo educativo, social y económico” y recordó que uno de cada dos niños de barrios carenciados asiste a comedores comunitarios y escolares, “lo que indicaría un problema nutricional no sólo en el menú de las familias sino en el de estos lugares, lo cual señalaría con claridad el déficit de la política alimentaria del Gobierno de la Ciudad”.

 

Sobre esa misma línea manifestó que este año “fue más difícil para las familias el acceso a la beca en un comedor escolar, las raciones disminuyeron en cantidad y calidad” y consideró que “este dato es una alerta para las políticas públicas alimentarias construido a partir de las propias organizaciones barriales y comunitarias que se organizan para paliar el hambre”.

 

“Es indispensable promover una Ley de Emergencia Alimentaria y políticas proactivas para desterrar la malnutrición infantil, realizando la inversión presupuestaria necesaria para cancelar esta deuda con nuestra infancia antes que las consecuencias sean irreversibles”, concluyó.