También pidió que se explique si, a partir de agosto de 2019, se autorizó a estas empresas a efectuar modificaciones o reemplazos de los alimentos y, en tal caso, si se dio intervención a algún profesional.

 

Por otra parte, la Defensoría requirió información sobre el presupuesto aprobado, ejecutado y devengado para 2018 y 2019 en la partida destinada a los comedores escolares.  También indagó en  la cantidad de viandas que se proveen diariamente (así como cuántas se entregaban en 2018) y cuál es el circuito para solicitar las becas alimentarias. A lo largo del año, crecieron también los reclamos en relación a la dificultad para acceder a ese derecho.

 

Dos Santos Freire solicitó que se detalle la cantidad de alumnos a los que se les asignó beca completa y media beca durante 2019 y, puntualmente, en las escuelas linderas a los barrios de emergencia u otras zonas desfavorables buscan saber si las becas se entregan automáticamente o deben tramitarse.

 

Otro ítem del pedido es la matrícula total de personas que asiste a escuelas estatales (identificadas por nivel y modalidad de estudio); la cantidad y datos de los establecimientos que sirven desayuno, almuerzo, refrigerio y/o cena; el valor actual de las raciones; y la cantidad de nutricionistas, técnicos verificadores o controladores con los que cuenta la Dirección General de Servicios a Escuelas.

 

En cuanto a los controles realizados sobre el servicio de alimentación, se solicitó información sobre las penalidades impuestas durante 2018 y 2019 a las empresas y los controles bromatológicos realizados a los alimentos y pidió, finalmente, que se informe si existe un protocolo ante posibles incidentes alimentarios. Cabe recordar que semanas atrás hubo una intoxicación masiva por la ingesta de pizza en mal estado en un comedor escolar.

 

Fuente: Nueva Ciudad