Pero no es la única irregularidad. En una decisión, como mínimo polémica, la Cámara Nacional de Casación Penal decidió en diciembre que el caso de gatillo fácil más trascendente de los últimos años sea juzgado sin público ni periodistas. En su resolución, la sala presidida por el camarista Pablo Jantus determinó que el juicio oral contra Chocobar se realice junto al que investigará la responsabilidad del adolescente acusado de robar y agredir a un turista en La Boca. La decisión de la Justicia de juzgar a un menor y a un adulto en un mismo proceso implica que el juicio sea “reservado” en pos de preservar los derechos del niño. La ausencia de público y prensa en las audiencias beneficia al policía con las mismas garantías procesales que un menor y, al mismo tiempo, impide propiciar el debate de un caso de gran repercusión social y política. Chocobar llega al juicio en libertad, procesado por "homicidio agravado en exceso del cumplimiento del deber", tras disparar por la espalda al joven de 18 años el 8 de diciembre de 2017 en La Boca.

 

El Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos de la Defensoría General de la Nación que representa a Ivon Kukoc, mamá de Juan Pablo, se opuso a la incorporación al debate del informe pericial que fue producido por un área específica de la Policía de la Ciudad a requerimiento de la defensa de Chocobar. Después de leer las doscientas páginas del informe, los abogados Sebastián Da Vita y Pablo Rovatti, que llevan el caso, expresaron por escrito al Tribunal su conclusión: que no parecía ser elaborado por un experto en criminalística. Y que pudieron detectar de qué páginas de Internet había copiado y pegado la información para hacer el informe pericial.

 

Además del plagio y que no se trata de un conocimiento experto ni especializado, lo que hizo el funcionario fue expresar una simpatía para nada disimulada con el policía Chocobar. El comisario que redactó el informe dice cosas como “a nuestros agentes hay que darles seguridad y protegerlos”, declaraciones impropias para un dictamen que se supone tiene que ser imparcial de un perito oficial. Además, cita fallos de otras causas, que no tienen nada que ver con esta, en las que otros policías fueron absueltos para justificar una posible absolución de Chocobar con esta prueba trucha.

 

El TOM 2 deberá decidir ahora si esta pericia se incorpora o no como prueba al juicio, cuestión que podría resolverse durante las audiencias. La postergación del inicio del juicio se debe también a que la defensa de Chocobar presentó un nuevo recurso ante Casación para que el policía sea juzgado en un juicio por jurados y la Justicia aún no definió el planteo. Meses atrás, ese Tribunal ya dijo que el recurso era inadmisible.

 

Luego de que Casación anunciara la unificación del proceso y su consecuente “reserva”, el Colectivo de Medios Populares, que integra Sur Capitalino, presentó un escrito solicitando ingresar a las audiencias comprometiéndose a respetar los derechos del menor, en pos del derecho a la información. Un pedido similar fue planteado por el CELS. Como organismo de derechos humanos, solicitó autorización en calidad de observadores, basados en el inciso 1 del artículo 413 del Código Procesal Penal de la Nación que permite asistir a juicios de menores a quienes “tengan interés legítimo en presenciarlo”. Ambas peticiones fueron rechazadas.

 

La falta de presencia de los organismos y de la prensa le impedirá a la sociedad informarse y sobre el juzgamiento de uno de los casos de violencia institucional que más repercusión mediática tuvo en los últimos años. Luego de matar a Kukoc, Chocobar fue recibido por el entonces presidente Mauricio Macri y la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien modificó el reglamento de uso de armas de fuego con una orientación que daba vía libre a las fuerzas para disparar. La normativa, derogada por el nuevo gobierno nacional, se ganó el apodo de “Doctrina Chocobar”.