Piden informes a Larreta sobre las personas en situación de calle

La Justicia intimó al Ejecutivo porteño para que en cinco días informe las medidas previstas para las familias sin techo en el marco del asilamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus. En la ciudad hay más de 7200 personas que viven en la calle.
 

Piden informes a Larreta sobre las personas en situación de calle

Según consignó el portal I-Judicial, el titular del Juzgado n° 13 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Guillermo Scheibler, intimó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a que en el plazo de cinco días remita los actos de creación y modificación del Programa Buenos Aires Presente, del Plan Prevención del Frío y Plan Prevención del Calor, y el Programa Atención para Familias en Situación de Calle, así como los que dan cuenta de sus tres últimas afectaciones presupuestarias.
 

Legisladores del Frente de Todos habían reclamado un plan de acción específico para los sectores vulnerables que no pueden realizar el aislamiento social. La legisladora Claudia Neira presentó un pedido sobre los comedores escolares, los institutos de menores y las personas en situación de calle.
 

Al respecto, ya hubo una intimación del asesor tutelar Gustavo Moreno a la ministra de Desarrollo Humano: "Las personas en situación de calle no pueden realizar un aislamiento social obligatorio porque no tienen dónde hacerlo", advirtió el funcionario judicial, que también reclamó un plan de acción específico. En la misma línea, la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (Ajunaf) pidió también que se avance con acciones para aquellos menores de edad que están institucionalizados.
 

La legisladora de SOMOS (FdT) y miembra de la comisión de Salud, Laura Velasco, propuso durante un encuentro con representantes del Ministerio de Salud porteño que se adelante el Operativo Frío y adecuar los dispositivos para que den respuesta como Centros Integrales, así como agilizar la adjudicación de subsidios habitacionales, alojamiento en hoteles y que se garantice el acceso a alimentos, elementos de higiene y medicamentos, entre otros elementos básicos. Además, a fin de evitar el agravamiento de la situación, solicitó frenar las altas hospitalarias en salud mental a pacientes sin techo y los aproximadamente 200 desalojos que aún están pendientes en la Ciudad.
 

En tanto, la Comisión de Derechos Humanos por la Inclusión difundió un pedido especial ante la eventual expansión y circulación local del virus en la población de las villas y asentamientos precarios, en los cuales también se ha expandido el dengue y la tuberculosis.

“En nuestros barrios las ambulancias no ingresan si no es con una fuerza de seguridad”, señalaron entre otros puntos en materia de derechos vulnerados para la población villera. Y apuntaron que “a esta injusticia social naturalizada, que evidencia una vulneración preexistente de derechos, se suma la epidemia de dengue en muchos barrios ante la falta de medidas preventivas por parte del Estado durante el invierno, y se agrega la eventual expansión y circulación local de un virus de alto contagio, y fuerte comorbilidad. Muchas de las medidas preventivas aconsejadas por las autoridades sanitarias gubernamentales en materia de dengue (no acumular agua) o en materia del coronavirus (lavarse las manos varias veces por día con agua y jabón, usar alcohol en gel, limpiar superficies de contacto frecuente con agua y lavandina, aislarse catorce días ante la presentación de síntomas, entre otras), resultan de imposible o de muy difícil cumplimiento, en barrios donde existe un fuerte déficit de agua potable, de calidad de agua segura, y donde muchas personas viven en los pasillos de los barrios sin acceso a condiciones elementales (adolescentes y jóvenes afectados por el paco, por ejemplo), y solamente acceden a la alimentación a través de comedores comunitarios”.

Y agregaron: “Desde esta Comisión de Derechos Humanos por la Inclusión queremos expresar nuestra alta preocupación al no visibilizarse una política pública destinada a determinar cómo se dará cumplimiento a las medidas preventivas sanitarias que difunden las autoridades gubernamentales, tendientes a resguardar el derecho a la salud de la población de nuestros barrios, donde existe una vulneración preexistente de los derechos sociales”.

Como parte de los pedidos concretos, solicitaron ampliar los días (a sábado, domingo, y feriados) y los horarios de atención de los Centros de Salud cercanos a estos barrios; como también contemplar que los módulos hospitalarios móviles —anunciados por las autoridades nacionales—, se ubiquen en las cercanías de villas y asentamientos.
 

Fuente: Nueva Ciudad