La jueza Alejandra Petrella había intimado a la Ciudad a que informe en un plazo de dos días las obras que encaró para realizar Unidades Transitorias de Aislamiento y Febriles de Urgencia en los hospitales monovalentes Braulio Moyano, José Borda, Tobar García y Torcuato de Alvear que se encuentran bajo su jurisdicción.  También qué tipo de protocolos había elaborado en el caso de detectarse casos positivos de coronavirus y la realización de testeos masivos a los pacientes allí internados.

 

El Gobierno porteño había apelado el fallo de primera instancia en la causa presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), la Asesoría Tutelar y el Órgano de Revisión de la Ley de Salud Mental.   Entre otros argumentos legales, el Gobierno porteño había apelado esta resolución con el argumento de que el plazo otorgado "era exiguo".

 

La Cámara aseguró que la situación "podría agravarse sin una oportuna y adecuada intervención integral por parte de las autoridades de salud, pudiéndose ver que el testeo masivo se muestra como una medida preventiva razonable para evitar y controlar la propagación del virus".

 

Advirtieron que es la Ciudad "quien debe demostrar por qué el plazo otorgado resulta insuficiente" y detalló que las respuestas son "manifestaciones dogmáticas y genéricas basadas en citas jurisprudenciales».

 

Precisaron que la situación de pandemia "requiere de respuestas urgentes a fin de evitar –en el mayor grado posible- la vulneración de los derechos que asisten a las personas usuarias del sistema de salud mental dependiente de la Ciudad".

 

Fuente: Télam