Por la libertad de los presos de la Legislatura

El próximo jueves los familiares y amigos de los detenidos realizarán un acto para reclamar su excarcelación. Tres de los presos continúan en huelga de hambre.
Por la libertad de los presos de la Legislatura

Mientras tres de los 15 presos de la Legislatura cumplen su décimo día de huelga de hambre en el penal de Devoto en reclamo de su libertad, familiares y amigos convocan a un acto para el próximo jueves  a las 10 en las puertas de la Cámara Penal Criminal, de Viamonte 1155, día en que los abogados defensores presentarán los fundamentos del pedido de excarcelación.

La causa de los presos de la Legislatura está radicada en la  sala V de la Cámara Penal Criminal, la misma sala que dictó hace pocos días la excarcelación de Omar Chabán.

Eduardo Marcelo Ruiz (31), César Gerez y Javier Scaramella (24), los tres vendedores ambulantes, recurrieron a la huelga de hambre para ser escuchados. Según informó un amigo de Ruiz que lo visitó hoy en la cárcel, su esposa “se tuvo que ir con su hijito a Santiago del Estero donde tiene familiares porque ya la desalojaron de su casa por falta de pago del alquiler”.

Los restantes presos son Eduardo Suriano, Jorge Nieva, Adolfo Rafael Sánchez, Héctor Eduardo Gómez, Carlos Hernán Santamaría, Jesús Fortuna Calderón y Pablo Amitrano, alojados en Devoto; María del Carmen Ifrain, Marcela Roxana Sanagua,  Margarita Meira, alojadas en la cárcel de Ezeiza, al igual que Antonio Medina de 20 años, que ocupa un pabellón para menores mayores, y  Horacio Ariel Ojeda, que está en la cárcel de Marcos Paz .

En cuanto el estado de la causa, el fiscal interviniente, Claudio Socca, acaba de pedir elevación a juicio oral a la jueza Silvia Ramond, a pesar de que no posee pruebas fehacientes que sustenten el cargo más grave, la Coacción Agravada, que prevé de 5 a 10 años de cárcel.

“El pedido a juicio oral elevado por el fiscal Socca –explicó un familiar de uno de los presos- reproduce casi textualmente el fallo de la jueza por el que dictó prisión preventiva 10 días después de haber sido detenidos, es decir hace 10 meses. Lo que en buen criollo quiere decir que en ese lapso no reunió las pruebas de peso que justifiquen el encarcelamiento.”

“Tanto es así -argumentó el esposo de una de las presas- que el fiscal pidió a la doctora Ramond que entrevistara uno por uno a los legisladores para que dijeran si se habían visto impedidos de sesionar ese día (Coacción agravada), pero la jueza no dio a lugar al pedido y cerró el período de instrucción. Si el fiscal  no contaba con las pruebas suficientes en lugar de pedir el juicio oral podría haber dictaminado que no había mérito para tenerlos presos o pedir el sobreseimiento. Esperamos que nos escuchen el jueves en la Cámara y los dejen libres de una vez por todas.” 

El viernes 10 de junio se cumple el plazo para que la defensa haga su descargo, luego la jueza estaría en condiciones de pedir a la Cámara de Casación que adjudique por sorteo la realización del juicio entre 30 tribunales orales de la Ciudad de Buenos Aires.

Actualmente, los presos políticos incluyen, además de los 15 personas apresadas en los alrededores de la Legislatura el 16 de julio del año pasado, a un militante del MUP, Gabriel Rosen, luchador social del barrio de Ringuelet, donde trabajaba en un comedor para el vecindario. Rosen se encuentra alojado en el penal de la localidad bonaerense de Magdalena

Los presos están recibiendo la defensa, en su mayoría de abogados pertenecientes a distintos organismos de derechos humanos y organizaciones políticas, entre los que se pueden contar la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH),  Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).

Para el acto del jueves, los familiares han invitado a apoyar el reclamo de libertad de los detenidos a miembros del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que presentará un escrito; representantes de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo y de Madres Línea Fundadora; al doctor Capurro, presidente de la Asociación Nacional de Juristas y vicepresidente de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, y al premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

Datos del informe: Agencia Walsh