Mil ciento sesenta niños y niñas viven separados de sus familias al encontrarse, por disposición del gobierno porteño, alojados en lugares de internación situados, "casi la mitad de ellos", fuera del territorio porteño, resaltó el Informe 2011. Además, la mayor parte de  los 94 dispositivos de albergue, se encuentran tercerizados en Organismos No Gubernamentales.

Para la AGT, la localización fuera de la Ciudad de los sitios de internación "genera una situación de desigualdad en lo que refiere a la posibilidad de acceder a las políticas públicas locales".

Desde el organismo señalaron que los niños, niñas y adolescentes permanecen institucionalizados en promedio entre 3,6 y 6 años.

La presentación del informe se concretó en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña, en un encuentro que estuvo encabezado por la presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud del cuerpo, María Elena Naddeo, integrante del bloque Frente Progresista y Popular (FPyP). El documento abarcó el accionar de la AGT en 2011 y el monitoreo de políticas públicas referidas a niños, niñas, adolescentes y personas afectadas en su salud mental en la Ciudad.

La AGT también difundió que “256 niños y niñas fueron internados el año pasado por razones de salud mental. El 80 por ciento de esas internaciones se concretó en hospitales monovalentes y sólo en ocho casos intervino un abogado”. Además, el informe apuntó que “en 65 por ciento de los casos no se registró una notificación al juzgado correspondiente”.

Precisamente,  2011 fue el primer año de vigencia de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, y la AGT brindó apoyo técnico a la Campaña Piloto por el Derecho a Votar de Personas Usuarias de Servicios de Salud Mental para dar difusión y garantizar que las personas internadas ejerzan este derecho, amparado en el Código Electoral Nacional. Por su parte, la Asesoría destacó en el encuentro realizado en la Legislatura el funcionamiento del Equipo Público de Abogados del Niño, que ejerce la defensa de niños, niñas y adolescentes para garantizar que su opinión se exprese en todo expediente administrativo y judicial que los involucre.

Fuente: DyN