EDITORIAL

Casas vacías

Por Martina Noailles
En Arzobispo Espinosa 351 hay un edificio grande y colorido. El complejo fue construido por el Gobierno de la Ciudad en 2006 para funcionar como vivienda transitoria de las familias que habitan los inhabitables conventillos de Suárez 1061 y Rocha 1031/1033, ambos propiedad del IVC. A Espinosa serían llevadas mientras las destartaladas edificaciones de chapa eran demolidas y, en sus terrenos, el Gobierno construía viviendas dignas. Pero eso nunca pasó.

 

EDITORIAL

 

Uno de los motivos fue la presión de tinte discriminatoria de algunos vecinos de Catalinas Sur que, por 2007, se negaban a que el inmueble sea vivienda de quienes habitan en conventillos. Aquellas gestiones, que incluyeron cortes de avenida y reuniones en el IVC, fueron la excusa perfecta para congelar el proyecto.
 
Así, mientras las 54 viviendas siguen vacías, la emergencia habitacional en La Boca crece día a día.
 
La jueza de la Ciudad, Patricia López Vergara, es quien tiene a cargo la causa que investiga las irregularidades y la inacción del Programa de Rehabilitación del Hábitat de La Boca, a cargo del Instituto para la Vivienda.
 
En diciembre, la jueza decidió hacer una audiencia pero en lugar de elegir su oficina, citó a los funcionarios en el complejo de Espinosa. Allí, frente a personal del IVC, el asesor tutelar Jorge Bullorini y miembros de la Defensoría del Pueblo –denunciantes en la causa-, se realizó la audiencia y una inspección judicial.
 
La jueza comprobó que las viviendas están en un 95 por ciento terminadas y que sólo faltan el final de obra y la instalación de luz y gas. Tras escuchar los argumentos de los funcionarios que, claramente, “tocaban de oído”, intimó al IVC a presentar con urgencia los planos, el final de obra y el alta de los servicios.
 
Los funcionarios dieron plazos insólitos (meses para armar los planos, por ejemplo) y desplegaron un abanico de excusas: que no encuentran el expediente administrativo, que todo comenzó en otra gestión y que el lugar no fue habilitado porque no respeta las medidas de los códigos de edificación. Rápida de reflejos la jueza les retrucó: “Tampoco los conventillos de Suárez y Rocha cuentan con habilitación alguna”.
 
Cuando desde el IVC intentaron cuestionar las condiciones habitacionales de Espinosa, como nuevo argumento para no dar vivienda transitoria a las 50 familias, López Vergara los invitó uno por uno a mudarse a alguno de los conventillos de La Boca “a ver si ahí pueden vivir”.
 
Tras la feria judicial, el Gobierno porteño deberá responder las medidas ordenadas por la jueza. ¿Qué nuevas excusas inventarán?