“De acá no nos vamos a mover. Hace años que venimos defendiendo este lugar y no nos vamos. Ahora le estamos pidiendo a la Legislatura que nos den la expropiación definitiva”, sostuvo una de las encargadas del lugar.

 

La planta, ubicada en Querandíes 4290, en el barrio de Almagro, fue uno de los casos pionero en el movimiento de fábricas recuperadas tras la crisis de 2001.  La fábrica productora de aluminio entró en quiebra en 1998, dejando a los los empleados en la calle y sin indemnización.

 

Los trabajadores decidieron organizarse, tomaron el lugar y armaron la Cooperativa de Trabajo 22 de Mayo.  IMPA se convirtió en una fábrica cultural abierta al barrio, donde funciona un centro cultural, una escuela secundaria para jóvenes y adultos y una sala de atención médica gratuita.

 

El 4 de diciembre de 2008, consiguieron que les otorgaran en forma provisoria el predio de la fábrica a través de la ley 2.969 en la Ciudad de Buenos Aires.  Pero en 2009 un juez declaró la inconstitucional de esa expropiación, que fue ratificada por la Cámara en lo Civil y Comercial  un año después.

 

En aquella oportunidad, la decisión estuvo teñida por un escándalo de espionaje.  Previo al dictado de la sentencia, los jueces enviaron a un empleado judicial a hacerse pasar por un estudiante interesado en el Bachillerato Popular de la fábrica con el objetivo de investigar las condiciones del lugar. El asunto salió a la luz por la denuncía del taxista que traslado al empleado y a la camarista que tenía que resolver la cuestión del desalojo.

 

Finalmente, la Cámara en lo Civil y Comercial determinó que la expropiación no tenía una “utilidad pública” o de “bien común” porque había sido dispuesta en favor de un grupo de trabajadores en “particular” y se sentenció que: “Bajo la apariencia de un uso público, los bienes expropiados han de ser destinados a un mero uso privado”.

 

En aquella causa intervino como fiscal la hoy Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, que defendió los argumentos de los trabajadores. Gils Carbó denunció la extralimitación de los jueces que anularon una ley provincial sin fundarse en hechos comprobados en la causa, como una típica práctica del "gobierno de los jueces". Asimismo, manifestó que "esta falsa acusación constituye un verdadero insulto al esfuerzo genuino de los trabajadores de la Fábrica Recuperada, sobre el que nunca pudieron defenderse", dice el expediente

 

Para los jueces, si los trabajadores se quedaron sin trabajo por una crisis económica y social hay que darles planes sociales y no afectar el derecho de propiedad.

 

La Cooperativa llegó a la Corte con un recurso de queja, pero el tribunal rechazó el recurso extraordinario sin analizar los planteos de las partes por entender que no había “agravio federal”.

 

De esta forma, el fallo volvió a quedar firme y abrió el camino para el desalojo de la planta, lo que podría dejar en la calle a unas 130 familias que trabajan en la fabrica.