María Angélica abre la puerta de chapa con una sonrisa. Afuera, el pasillo es charco. Ayer llovió y adentro de la casa de mucha chapa y algo de cemento el agua también dejó su huella en las paredes. Esta vez a María Angélica no le importan las grietas. Tampoco le preocupa que, con la tormenta, el piso volvió a hundirse unos centímetros. En pocas horas se va. “No conozco, no fui, no me mostraron nada –repite sobre su nuevo hogar a kilómetros de aquí-. Pero estoy llena de expectativas. Quiero que mi hija adolescente progrese, que viva en un lugar más seguro y estable. Vivir acá es muy difícil”, dice mientras guarda una pila de platos adentro de una bañaderita de bebé de un rosa desteñido. 

 

Junto a su hija, Angélica es una de las 60 familias que acaban de partir hacia el barrio Padre Mujica desde la villa 21. Deja atrás 8 años habitando el borde del Riachuelo; 40 en la villa. El 29 y 30 de enero el Gobierno porteño cumplió con otra pequeñísima porción del fallo de la Corte Suprema de Justicia que en 2008 le ordenó relocalizar a 1460 familias de la villa más grande de la Ciudad. Todas viven a menos de 30 metros del Riachuelo, en una franja a la que se conoce como camino de sirga. En septiembre pasado se mudaron las primeras 64 familias. Con la nueva tanda ni siquiera llega al 10 por ciento.

 

Lo más importante de esta segunda mudanza es que delegados, vecinos y organismos torcieron la decisión del IVC, que tuvo que privilegiar a las 60 familias que vivían en el Meandro de Brian, una de las zonas más críticas a nivel ambiental y sanitario, con casas construidas sobre un basural, y tierra que se hunde día a día. Según un relevamiento de ACUMAR, el 30 por ciento de los chicos del Meandro tienen plomo en la sangre y problemas respiratorios y dermatológicos. Así todo, el Gobierno de la Ciudad insistía en comenzar por otra punta de la villa, en mejores condiciones.

 

“El IVC quiere que sea todo como ellos ordenan. No cumplen nada. Siguen edificando allá mientras acá las viviendas están paradas, como en Mundo Grúa o como en Osvaldo Cruz y Luna, donde ni siquiera se comenzó. Y no van avanzar más que lo que ellos quieren, que es llevarnos allá, a Castañares y General Paz”, dice con resignación Jorge Zabala. El “allá” que marca este vecino es el complejo donde ahora viven 60 familias del Meandro. Y aunque su decisión es quedarse en la villa, entiende que muchos estén felices. “Yo me traslado a unos metros de acá, en la manzana de al lado. No me puedo alejar porque tengo cáncer y no puedo cambiar de hospital ni de médico. Acá cuando me descompongo, los vecinos me levantan… Allá no tengo conocidos, no hay colectivos, ni vehículos como para salir a cualquier hora. Entonces preferí quedarme acá hasta que se haga un nuevo traslado por la zona. Eso es lo que pedimos desde hace 3 años”. Zabala habla del destierro mientras a un metro, dos obreros de pecheras naranjas demuelen a mazasos el kiosco Don Jorge, su único ingreso hasta ayer. Un poco más allá, por el mismo pasillo, una topadora convierte en escombros una pared que minutos antes hablaba de Dios en letra cursiva.

 

Jorge Zabala era el delegado de las familias que hoy se van. Pero él se queda. Además de sus problemas de salud, dice que en el barrio Padre Mujica la inseguridad va en aumento.

Las denuncias lo confirman. En los últimos meses, los vecinos vienen pidiendo más presencia de fuerzas de seguridad por varios casos de robos y de tomas violentas de departamentos donde ya vivía gente. Pero nadie los escucha. Ni Ciudad ni Nación. La demanda es desesperada.

 

En el pasillo que hoy es charco, escombros, juguetes viejos y muebles rotos la seguridad también brilla por su ausencia. “Estoy nerviosa y ansiosa a la vez. Por suerte me voy y mis hijas van a dejar de ver todo lo que vieron en este pasillo que es un infierno”. Nancy vive en el borde de villa 21 desde hace 15 años. Está sentada en un pedazo de tronco con la espalda apoyada en lo que queda de su ranchito. Se agarra la panza. Se quiere ir ya. “Hoy no duermo”, dice y en seguida explica una de sus razones: “La comodidad del departamento, con piezas para cada una. ¿Sabés lo que es? Yo acá no tengo ni ducha”.

 

Los que se quedan seguirán esperando con las urgencias de siempre. A metros de los escombros, una mamá con 9 niños de entre 2 y 14 años, todos con plomo en sangre, acostará a sus hijos en las 3 camas que se desparraman en una única habitación. Las perspectivas de nuevas relocalizaciones son lejanas. El Gobierno porteño muda de a puñados y entre cada traslado pasan largos meses. “Hacemos de a una cosa por vez”, confesó sin ponerse colorado un funcionario del IVC. El organismo tiene los terrenos en Barracas para poder construir y relocalizar sin desterrar. No lo hace, o lo hace lentamente. Parece no tener apuro. A este ritmo , las 1400 familias que faltan podrían terminar de mudarse en más de una década.