El Instituto de la no vivienda
El IVC apeló un fallo judicial en el que se le ordenaba que haga efectivo dos créditos que el propio organismo había aprobado. Los préstamos permitían a quince familias comprar el conventillo a donde viven y no quedar en la calle ante un inminente desalojo. Por Martina Noailles.
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad borró con el codo lo que escribió con la mano. Ante un juez nacional se había comprometido a otorgar dos créditos para que quince familias que viven en Ministro Brin 1251/3/7 puedan comprar el conventillo que habitan y no ser desalojadas. Sin embargo, tras medio año de audiencias y con los créditos ya aprobados por el propio organismo, el IVC se negó a cumplir con el acuerdo. Inesperadamente, argumentó que el inmueble es inhabitable y que, entonces, no prestará el dinero para comprarlo. “Estos vecinos viven en condiciones deficitarias y riesgosas desde hace tiempo; pero ha sido a través del trámite de esta causa que esas circunstancias han alcanzado algún grado de visibilidad para el Estado, pues bien podría haber ocurrido un desastre antes de ahora, sin que ningún funcionario del gobierno local hubiera movido un dedo por mejorar las condiciones edilicias que ahora invocan como fundamento para la no concreción del esfuerzo que se vino realizando durante los últimos meses y de la que los organismos de la administración local tenían conocimiento cabal por lo menos desde septiembre de 2011, cuando se efectuó el relevamiento del inmueble por el Programa Buenos Aires Presente”, reprochó el juez nacional en lo Civil, Gustavo Caramelo. En el fallo, el magistrado le ordenó al IVC que haga efectivos los créditos de manera urgente. El organismo porteño apeló.
Emilia López despliega un montón de papeles sobre la mesa de la pieza. Muestra planos, fotos, carpetas con proyectos de reforma, la inscripción de la cooperativa en el INAES. Su entusiasmo se desinfla cuando cuenta la mala nueva. “Venía todo bien: el dueño nos quiere vender, la Comisión de Hábitat de Nación nos da el subsidio para hacer las obras en el conventillo, el IVC nos aprueba el crédito a dos familias para poder comprar. Pero ahora dice que no. Sale con esta excusa. Y no es justo. Nuestros hijos se despiertan todas las mañanas preguntando qué va a pasar, a dónde vamos a ir… ¿Ellos no tienen derecho a soñar un futuro? ¿A dormir tranquilos sabiendo que tienen su casa?”, pregunta la presidenta de la Cooperativa Crecer en Ministro Brin y una de las que, solidariamente, decidió poner su crédito individual para el bien de todos sus vecinos.
El conventillo donde viven, frente a Plaza Solís, es un ejemplo más de cómo entre las chapas viejas y descoloridas de La Boca comenzaron a crecer negocios inmobiliarios. En este caso, fue en 2005 que Alberto José Librandi compró el lugar a través de un remate. Con unos pocos miles de pesos y en la velocidad en que un escribano baja su martillo, el conventillo con 18 familias adentro fue suyo. Recién unos 4 años después, en 2009, decidió iniciar acciones legales contra ellas. La orden judicial de desalojo llegó el año pasado.
Sin embargo, el juez nacional en lo Civil Gustavo Caramelo, a cargo de la causa, congeló la ejecución del desalojo y llamó a una audiencia entre los habitantes, el dueño y el Gobierno porteño para encontrar una salida que compatibilizara el derecho a la propiedad adquirida pero también el derecho humano a la vivienda de las familias. De las audiencias también participaron representantes de la Comisión Nacional de Tierras para el Hábitat Social dependiente de Nación.
El juez buscó por todos los medios que las familias tuvieran una solución definitiva y no transitoria (de subsidios mensuales, hoteles o paradores) como se desatendía el IVC. Y en noviembre finalmente se llegó a un acuerdo: las familias recibirían en una sola cuota el subsidio habitacional que suele otorgarse durante algunos meses a quienes quedan en situación de calle tras un desalojo. Ese monto, sumado al crédito individual que el IVC otorgaría a dos familias (que calificaron según el sistema de evaluación de ese organismo) serviría para comprar el conventillo que el dueño tiene a la venta por un monto diez veces mayor al que lo adquirió.
Para cerrar el círculo, las familias conformarían una cooperativa para que la propiedad sea de todos. En las mismas audiencias, la Comisión de Hábitat de la Nación se comprometió a hacerse cargo de la refacción del inmueble con el otorgamiento de un subsidio.
Todos cumplieron: las familias se organizaron en cooperativa, Hábitat nacional hizo un plan de reparación del conventillo y confirmó que otorgaría el monto para concretarlo.
La Ciudad, en cambio, ante los requerimientos del juez para acelerar la solución habitacional no hizo más que sumar escollos y burocracia en cada audiencia. Hasta que finalmente en junio pasado dijo que el lugar estaba en muy malas condiciones y que, entonces, no podía otorgar el crédito ya aprobado.
Ante estos argumentos, el juez dictó un fallo en el que recordó varios informes en los que se describe la situación de gran vulnerabilidad en la que viven las familias y subrayó: “Es claro, y debía serlo para cualquier persona que evaluara con un mínimo de interés y de seriedad las constancias de la causa, que el inmueble que actualmente habitan los vecinos de Brin no es habitable (…) Frente a tal situación no podría, en Justicia, adoptarse una solución prescindente de la suerte de esos grupos familiares que habitan en el barrio de La Boca desde hace generaciones, imponiéndoles una solución que, como dice la expresión popular, es ‘pan para hoy y hambre para mañana’, dada la limitación temporal de los subsidios ofrecidos por el gobierno local”, dice Caramelo.
Y continúa: “Si hay un riesgo asociado con lo que ocurre en el inmueble, está en gran medida ligado, pues, a la dejadez burocrática evidenciada por el gobierno metropolitano en este tema; pues es claro que hace tiempo que la administración de la Ciudad tiene conocimiento del estado del inmueble y nada ha hecho por mejorar la situación de quienes allí habitan”.
A diferencia de muchos jueces civiles que desde sus escritorios dan respuesta a las demandas de los propietarios sin registrar las consecuencias de sus fallos, el juez Caramelo no sólo escuchó a los vecinos en audiencias: en diciembre, se acercó al conventillo, en una recorrida en la que los funcionarios del Gobierno de la Ciudad eligieron estar ausentes.
Ahora la palabra la tiene la Cámara Nacional de Apelaciones. Quince familias esperan que la Justicia sea justa y que tenga en cuenta los derechos de los más vulnerables en una Ciudad donde el Estado no los garantiza sino que con sus políticas generan más desigualdad y más expulsión.