La visita de los diputados se concretó tras una invitación de los trabajadores del zoo, quienes vienen reclamando subas salariales y mejores condiciones para los animales a la empresa Jardín Zoológico SA, que está a cargo del predio del barrio de Palermo desde la década del 90 y cuya concesión fue renovada en 2012 por cinco años más.

Después de comprobar las irregularidades, pidieron al gobierno que intervenga en la concesión porque la “falta de inversión” de la empresa pone en riesgo la vida de los animales y mantiene a los trabajadores en una situación laboral peligrosa.

“El gobierno de Mauricio Macri tiene que intervenir de forma inmediata debido al agravamiento de la crisis que afecta al personal, a los animales y a su patrimonio arquitectónico, y revocar la concesión vigente frente al incumplimiento del pliego de bases “, indicó el legislador Adrián Camps, que motoriza un proyecto para convertir el paseo en un “jardín ecológico”.

Junto a Camps, recorrieron el predio los diputados de ECO Hernán Rossi, Inés Gorbea y Virginia González Gass; del Frente de Izquierda, Marcelo Ramal; de Bien Común, Gustavo Vera y de Verde al Sur, Pablo Bergel; y representantes de la organización #SinZoo, quienes elaboraron la iniciativa para transformar al actual espacio y terminar con el cautiverio y exhibición de los animales y crear un centro de rehabilitación y protección de la fauna autóctona.

Esa organización fue la que dio a conocer meses atrás la muerte de dos lobos marinos del acuario con tres días de diferencia, y atribuir lo ocurrido a que uno de los animales falleció por estrés, luego de haber realizado 15 shows en una misma jornada. En rigor, el zoológico de Buenos Aires está emplazado en el Parque Tres de Febrero, se extiende por 18 hectáreas en las que viven aproximadamente 2.400 animales y cuenta con 52 edificios que hicieron que fuera declarado como Monumento Histórico Nacional.

La concesión está a cargo de la empresa Jardín Zoológico SA desde 1991, otorgada por el entonces intendente Carlos Grosso, y extendida hasta el 2017 por la gestión de Mauricio Macri, quien recibe un canon mensual de 1.010.000 pesos por la explotación. Trabajan allí 220 personas -70 en tareas administrativas y 150 en contacto con los animales, entre ellos solo 30 cuidadores- y reciben diariamente a los visitantes, los que pagan una entrada de 180 pesos si son mayores de 12 años.

En la recorrida, los legisladores pudieron constatar el abandono en que se encuentran algunos de los edificios patrimoniales, como el denominado “Chalet de los Ciervos”, que data del 1900, pero que ahora muestra una estructura en riesgo de derrumbe y que, según contaron los trabajadores, será destinado a lugar de descanso de contratados de un servicio de limpieza.

También, observaron un recinto construido en 1901 para los loros y que actualmente alberga a primates, los cuales “necesitan un espacio 50 veces más grande que el que tienen ya que la estructura no les da el hábitat adecuado”, contó a la comitiva Miguel, uno de los cuidadores que ofició de guía durante la caminata y a su vez es delegado de los trabajadores.

Pero el caso más impactante se registra en un edificio en malas condiciones que está destinado como espacio de descanso de las tres elefantas que hay en el zoo: Mara, de 20 años, y Kuky y Pupi. El problema surgió cuando la elefanta mayor dio señales de estar celosa de las dos cachorras, lo que obligó a sus cuidadores a separarlas durante el día en el área de paseo.  Ahora, al menos una de ellas debe estar encerrada por varias horas en un espacio reducido y tras una reja dentro del edificio que data de 1904.

Para Laura, veterinaria del zoo y también delegada, el conflicto que atraviesan se debe a “que la empresa concesionaria busca su mayor ganancia y por ello en estos tres primeros años no invirtió en nada y eso genera una falta de bienestar en los animales, falta de insumos, una reducción en las condiciones laborales y la falta de mantenimiento de los edificios que fueron declarados patrimonio”.

“Vimos las malas condiciones en que está el zoo en general, pero también tomamos conocimiento de una situación menos visible que es la situación de riesgo laboral en que están los trabajadores ante, por ejemplo, edificios con peligro de derrumbe”, consideró el legislador Bergel.

Ramal, en tanto, aseguró que “en lo inmediato deberían abrirse las cuentas de esta concesión, porque sospechamos que no pagan el canon mensual, y a raíz de la denuncias de los trabajadores, habría que estudiar la posibilidad de rescindir la concesión actual”.

Fuente Télam