En una reunión conjunta, convocada por Myriam Bregman y Victoria Montenegro,  presidentas de ambas comisiones estuvieron presentes trabajadores ambulantes senegaleses, referentes de la CTEP que los acompañan, representantes de distintos organismos de derechos humanos y diputados de distintas fuerzas políticas.

 

A raíz de la violenta represión de la Policía de la Ciudad y la infantería ocurrida hace dos semanas  en Flores, que terminó con un vendedor herido con  una fractura expuesta tomaron repercusión las prácticas xenófobas de la fuerza porteña.  Los trabajadores que llegaron a la Legislatura contaron los abusos que viven diariamente, no sólo por la venta sino por su condición de migrantes.  "Entran a nuestras casas, nos golpean y nos roban todo, hasta la plata y el celular. Hay todo tipo de abusos por el hecho de vender en la calle. Vienen como policías de civil y nos empiezan a insultar por ser senegaleses', señaló Jackson, uno de los trabajadores presentes.

 

"Es necesario que esta política represiva se revierta”, señaló Myriam Bregman en el inicio del encuentro y remarcó que la represión a esta comunidad “se incrementó notoriamente” en el último tiempo, con intervenciones policiales abusivas que “combinan contravenciones, detenciones por la Ley de Marcas y armado de causas federales”. 

Todos los participantes destacaron no solo la violencia institucional agudizada desde diciembre de 2015 si no una profundización de los insultos y agresiones xenófobas por parte de las fuerzas de seguridad. 

 

De la reunión conjunta de ambas comisiones participaron la legisladora de Unidad Ciudadana Paula Penacca,  Gabriel Solano y Patricio Del Corro del FIT, Sol Méndez y Maximiliano Ferraro de Vamos Juntos y el defensor adjunto Gabriel Fuks. El encuentro se desarrolló en el Salón Perón de la Legislatura porteña y participaron diversos representantes de organismos de derechos humanos junto a organizaciones sociales y políticas.

 

Nicolás Caropresi, referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, alertó sobre el rol de la fiscal porteña Celsa Ramírez, quien “empezó un armado de causas sobre venta ambulante reforzando el mito de que detrás existe una mafia”. Caropresi advirtió que la fiscal inició una investigación contravenciones sobre el uso indebido del espacio público, “y con esa excusa se meten en los domicilios” de los senegaleses. Semanas atrás, luego de una marcha contra la represión, varias de sus viviendas fueron allanadas en simultáneo y terminaron con la detención de 23 personas.

 

Caropresi remarcó también que a los trabajadores senegaleses “los agarran por negros, en general no por estar vendiendo”. Y contó el caso de un joven haitiano que no trabaja como vendedor ambulante y terminó detenido por estar comiendo en Constitución.

Manuel Trufó, del CELS, señaló que “hay un claro problema de abuso policial y una política de espacio público con una guerra selectiva a las economías populares”.

 

Demián Zayat, coordinador del programa de violencia institucional de la Defensoría General de Buenos Aires,  explicó que desde 2017 se da una intervención violenta para detener por resistencia a la autoridad, y actualmente también se inician causas por la Ley de Marcas. “Con el cambio de DNU migratorio, estas causas complican la situación migratoria de los senegaleses”, señaló. Y alertó que “hay una decisión clara de que no haya vendedores senegaleses en la vía pública porteña”.

 

Los senegaleses “no están seguros en la calle, ni en los locales que alquilan, ni en sus casas donde son allanados. Es una persecución con muchos recursos”, resumió Zayat. Y planteó que la comunidad pida un ámbito de diálogo con las autoridades de la Ciudad. “Es un problema que escala y va a seguir si no se le da una solución política”, advirtió.

 

“Allí donde la Justicia ve mafias, quienes trabajamos en estos temas vemos redes migratorias, basadas en la solidaridad, como las de nuestros abuelos”, concluyó Gabriela Liguori, coordinadora de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes.

 

Fuente: Nueva Ciudad