Stodf , que todavía trabaja dentro de la Fuerza en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, dijo que no escuchó la balacera por la lluvia. También adujo que la Plaza Kevin no se encontraba en la jurisdicción de la Prefectura, pero tanto las autoridades de esta fuerza como de Gendarmería señalaron que la zona sí correspondía. De todas formas -dice el comunicado de La Garganta Poderosa-, “Stofd tenía la obligación de intervenir incluso si hubiese estado por fuera de ella”.

 

El resto de los efectivos de la Prefectura involucrados en el delito fueron sobreseídos porque respondían a Stofd, único canal de comunicación con el 911. Alertado por nueve desesperados llamados de vecinos al 911, dos los móviles llegaron al barrio pero ninguno de los siete agentes que iban en ellos intervino para ponerle fin al tiroteo. Si lo hubieran hecho, Kevin tendría hoy 15 años.

 

Luciano Ortíz Almonacid, el abogado que representa a la familia de Kevin, considera que por no haber intervenido como era su deber, no sólo Stolfd, todos los que “debieron hacerlo”, serían partícipes necesarios del crimen o cuando menos ser acusados de homicidio culposo.

 

Roxana Benega, la mamá de Kevin, explicó en el juicio que en ese momento ella vivía, con sus hijos y su marido, en un monoambiente de seis por seis, dividido por cortinas. Sus hijos dormían en camas tipo cucheta y cuando empezaron los disparos, Kevin estaba dormido. El enfrentamiento era entre un grupo que ocupaba una casa ubicada a pocos metros de la de su familia y otro que estaba sobre el pasillo que separa los dos inmuebles. Ella hizo tirar al suelo a sus hijos, a los que cubrió con frazadas y colchones, para tratar de ponerlos a resguardo. Al despertarse, Kevin dijo sus últimas palabras: “Qué suerte que no le pegaron (los balazos) a los parlantes”, que eran de uno de sus hermanos. El chico se escondió debajo de una mesa, mientras su mamá iba al baño. “Cuando volví, me agaché para ver cómo estaba Kevin y ahí me di cuenta que se estaba ahogando con su propia sangre”, herido en la cabeza por una bala calibre 9 milímetros.

 

La casa donde se refugiaba uno de los dos grupos había sido allanada por las fuerzas de seguridad meses antes del tiroteo, por una denuncia por venta de estupefacientes. “Tenía un cartel que decía ‘kiosco’, pero no había mercadería”, como comprobó ella un día que fue al lugar con la cándida intención de comprar azúcar. Tras ese allanamiento, el “kiosco” fue clausurado, pero no dejaron a ningún prefecto de custodia. Uno de los grupos narcos volvió a ocuparlo y el otro grupo fue a al enfrentamiento para tratar de quitárselo a sus rivales. Recién pusieron custodia en el “kiosco” después del homicidio del pequeño.

 

El crimen de Kevin motivó la conformación de una comisión de vecinas y vecinos nucleados en las asambleas de La Poderosa para controlar el accionar de las distintas Fuerzas mediante recorridas diarias y la fiscalización de los operativos que llevan a cabo. El propósito es detectar “situaciones de violencia policial y proceden a realizar las denuncias correspondientes, como también acompañar a las víctimas y sus familias”.

 

Fuente: Página 12