A las siete de la mañana, decenas de efectivos entraron al barrio sin previo aviso para desarmar las precarias casillas en un operativo que incluyó golpes, fuego y topadoras. Desde julio, 80 mujeres y 175 chicos permanecían en el antiguo basural expulsadas por el aumento de los alquileres. Muchas de las mujeres venían de sufrir violencia de género, y estaban reclamándole al gobierno de la Ciudad la apertura de una mesa de diálogo para buscar soluciones definitivas.

“Nos tiraron todo sin importar que había niños adentro. El Ministerio de la Mujer y la Defensoría tardaron una hora en llegar. Nos dejaron sin casa, sin importar que tenemos hijos que estaban durmiendo adentro. Nos dejaron sin techo. Están violando todos nuestros derechos. Se llenan la boca hablando de la vivienda digna y ahora nos dejaron en la calle”, relataron desde el barrio. “Nos echaron a la calle peor que a un perro. Vinieron a las 7 de la mañana, cuando muchas mamás llevaban a los chicos a la escuela”.

Con la salida de la pandemia, los alquileres en el barrio aumentaron de forma desmedida: por una pieza, en la villa hoy se están pidiendo 10 mil pesos mensuales.  Walter Córdoba, referente de Somos Barrios de Pie, explicó que "el subsidio que Horacio Rodríguez Larreta a las familias es de 6 mil a 8 mil pesos, es decir que no alcanza para cubrir un alquiler dentro o fuera del barrio, y caduca a los 6 meses". El problema se agrava porque la mayoría de los propietarios no acepta inquilinos con niños. 

Las desalojadas permanecen cerca del lugar del acampe, donde otras vecinas de la 31 se acercaron para darles su apoyo. "No te alquilan con chicos", explicó una de ellas. "En eso tienen que fijarse. Tendrían que ayudar a las mamás solteras. Así está la justicia: dejan al hombre en la casa y la mujer con sus hijos terminan en un parador".

Ramiro Geber, abogado de las familias, denunció que “ni la fiscalía (a cargo de Valeria Messaglia) ni el gobierno de la Ciudad quiso armar la mesa de diálogo”. Geber, que es integrante de la APDH, asegura que desde el estado nunca hubo voluntad de intervenir para garantizarle a las familias de la toma sus derechos mínimos.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció ante la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas 11 “el uso de la fuerza policial que puso en riesgo la integridad física de las personas”. “Varias mujeres relataron que policías apuntaron con escopetas a sus niñes durante el operativo. No se tomaron en cuenta los recaudos más básicos para evitar que la actuación policial sume más violencia a una situación de por sí ya muy grave”, advirtieron.

El organismo también señaló que el predio en cuestión permanecía sin uso hacía años. “Durante el desalojo, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad argumentó que en el predio ocupado tienen proyectado construir una escuela. Sin embargo, no mostró ningún plan de obra, ni su inclusión en el presupuesto 2021. Las familias que viven en la zona tampoco estaban enteradas a pesar de que la falta de vacantes es una problemática que viene siendo denunciada desde hace años en la villa 31”.

Fuente: Página 12