El decreto de necesidad y urgencia había sido objetado por organizaciones de derechos humanos y de las Naciones Unidas (ONU) por considerarlo un retroceso en la política migratoria de nuestro país consagrada en la ley de 2004.

En solo dos años de vigencia, el gobierno macrista expulsó del país a 3 mil inmigrantes y limitó el ingreso a la Argentina de muchos más que contaban con antecedentes penales.

Su derogación quedó fue oficializada a través del decreto 128/2021 firmado por el presidente Alberto Fernández, que entre sus considerandos destaca que los cambios a la Ley de Migraciones (25.871) impulsada por el gobierno anterior eran “irreconciliables con la Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos".

Uno de estos cambios duramente criticado por las organizaciones de derechos humanos era "la violación al principio del debido proceso y al derecho a contar con asistencia y defensa legal”.

Por este motivo, restituyó la vigencia de la normativa que había sido modificada de manera unilateral y con criterios discriminatorios, y creó además una Comisión Asesora de Política Migratoria que deberá "proponer medidas no vinculantes” relativa a la Ley de Migraciones.

En su momento, Amnistía Internacional (AI) advirtió que el decreto introducía "impedimentos concretos para el ingreso y permanencia de migrantes en el país, acelera los trámites de expulsión reduciendo las garantías procesales de las personas, vulnerando el derecho de defensa; elimina la unidad familiar como condición para evitar la expulsión y restringe el acceso a la nacionalidad argentina".

Desde el CELS celebraron la decisión del Gobierno nacional y recordaron que con la puesta en marcha del decreto “se vulneraron derechos y garantías: separó a madres de sus hijes, y a miles se les sometió a una inminente expulsión, atada a la suerte de los escasos recursos legales que ofrecía la norma".

Fuente: Página 12