La titular de la Asesoría de Primera Instancia N°1, Dra. Mabel López Oliva, fue quien promovió la acción de amparo contra el Gobierno porteño.  En el documento presentado, López Oliva reclama al Gobierno porteño asegurar “la provisión del servicio de transporte escolar”. Sostiene que dicho servicio era brindado por la Administración y ha sido interrumpido de modo irrazonable e intempestivo, accionar que califica como una omisión ilegítima”.

El 3 de mayo, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo N° 1, a cargo de Romina Tesone, hizo lugar a la medida cautelar y ordenó al Ministerio de Educación que en el plazo de tres (3) días garantice el servicio de transporte escolar a todas las y los estudiantes con discapacidad que cursan sus estudios primarios en las escuelas de educación común y asisten a contraturno a la Escuela de Educación Especial Nro. 33 ‘Santa Cecilia’.

Cumplido el plazo de la orden judicial, el Juzgado impuso una multa diaria a Soledad Acuña, “de quince mil pesos por cada día de demora, sanción que se devengará automáticamente al vencimiento del plazo señalado”, marca la resolución.

En su fallo, la jueza Romina Tesone subrayó: “las personas con discapacidad, en particular con ceguera, cuentan con un alto grado de protección legal que tiene por finalidad garantizar, efectivizar y tornar exigible su derecho a la educación inclusiva de modo integral y plenamente operativo. Tales prerrogativas comprenden el deber del Estado local de realizar de modo inmediato los ajustes razonables requeridos por su parte, de acuerdo a su situación y particulares necesidades, con el objetivo de remover las barreras y permitir su plena inclusión y máximo desarrollo individual en los aspectos de la personalidad”.

Según un informe publicado por Tiempo Argentino, el vaciamiento educativo es sistemático desde las primeras gestiones del PRO en la ciudad e impacta con más fuerza sobre la comunidad con discapacidad: el presupuesto congelado en el sector ronda el 3,7%; desde hace 8 años dejaron de enviar a las escuelas especiales los libros de texto, de literatura y materiales didácticos que recibían estudiantes de inicial y primario; dejaron de enviar materiales específicos para estudiantes ciegos y sordos, como textos en braille, en lengua de señas, máquinas Perkins para escribir en braille o las hojas especiales; y en junio del año pasado recortaron el transporte escolar.