La salud mental es un derecho

En la villa 21-24 hay sólo doce profesionales de la salud mental para más de 70 mil habitantes. El servicio psicológico está colapsado. Durante la pandemia, el consumo problemático de drogas y los suicidios aumentaron entre les jóvenes del barrio. El estrés, la depresión y la ansiedad también se volvieron recurrentes entre quienes viven hacinades, no les alcanza para el alimento o se quedaron sin la changa ¿Es posible garantizar el derecho a la salud mental cuando la mayoría de los otros derechos están vulnerados?  

La salud mental es un derecho

Cada 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, una iniciativa desarrollada por la Organización Mundial de la Salud para “crear conciencia sobre los problemas de salud mental en todo el mundo y movilizar esfuerzos en su apoyo”. Este año, el foco estuvo puesto en los efectos de la pandemia, la cual -sostiene la OMS- agravó la situación en la región, “aumentando los nuevos casos de afecciones de salud mental y empeorando las preexistentes”. En el mismo sentido, La Garganta Poderosa se propuso visibilizar la problemática en los barrios populares y publicó el primer Informe sobre Salud Mental Villera. Así fue como decidieron elaborar un relevamiento que les permita cuantificar esta demanda insatisfecha: concluyeron que en la villa 21-24 hay 12 psicólogos/as para una población de 70 mil habitantes (en otras palabras, 1 cada 5800 personas), mientras que la OMS sugiere 1 cada 400.

Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de salud mental? Para Malena Lenta, psicóloga e investigadora de la UBA, la salud mental no debe pensarse como la ausencia de enfermedad o padecimiento individual, sino como una instancia social y comunitaria donde se pone en juego “la capacidad de ser parte de un conjunto social, de un proyecto de vida individual y colectivo. Es un proceso dinámico donde tiene un peso muy importante la calidad de la atención del sistema de salud y las prácticas de cuidado que tenemos. En este sentido, la pandemia nos plantea una crisis muy grande de todos los espacios de cuidado, no solamente de los hospitales sino también de otros espacios que posibilitan la participación social”. 

Tamara Noga, vecina de la 21-24 y coordinadora de Salud de La Garganta Poderosa, explica que la idea de realizar un relevamiento que problematice la deuda pendiente con la salud mental, especialmente en los barrios pobres, surgió a partir de escuchar los relatos de las vecinas de la Villa 21-24 que se acercaron durante estos años a la Casa de las Mujeres y las Disidencias, de los cuales se desprendía la necesidad de recibir atención psicológica: “Generalmente son feminidades las que se acercan a la Casa, y no suelen venir en busca de una solución para ellas, sino en busca de ayuda para su hijo, su hija, su mamá… y hablando te das cuenta que ellas también necesitaban ese espacio de primera escucha”, explica a Sur Capitalino. “Las principales problemáticas que las movilizan hasta acá son la violencia intrafamiliar, o la búsqueda de un lugar donde sus hijos puedan tener continuidad escolar. Las situaciones de consumo problemático también existen, y las demandas alimentarias, porque a veces no tienen para comer. También vienen preocupadas por el acceso al sistema de salud. Se acercan a este espacio porque saben que trabajamos en red con los centros de atención primaria. Pero aún, todo lo que tiene que ver con salud mental es un tabú. Cuesta mucho salir de la lógica donde ir al psicólogo es estar loca. Decir ‘necesito este espacio’, todavía genera mucha vergüenza”, afirma.

El suicidio y el consumo problemático son dos de las problemáticas sobre las que el informe de La Garganta llama la atención. Sobre este punto, Tamara señala que “al no tener que ir a la escuela, al no tener conectividad, al no tener los espacios colectivos que antes sí estaban y no poder conseguir un trabajo formal, el consumo es una salida que está muy a mano. Muchos pibes terminan envueltos en situaciones de violencia que genera la droga, que si hubiera políticas públicas que garanticen educación, recreación, etc. estas situaciones se podrían evitar”.

Sobre las problemáticas emergentes durante la pandemia, el médico Juan Calvetti, a cargo del Centro de Salud y Atención Comunitaria (CeSAC) N° 8, afirma que aunque es difícil precisar si en los centros aumentaron las consultas por salud mental, en las entrevistas con les profesionales “la gente refiere más cuestiones vinculadas a la salud mental que antes, como situaciones de ansiedad e insomnio, que quizás no llegan al psicólogo/a pero que son demandas de la salud mental y muy probablemente vinculadas al periodo de aislamiento. Sí aparecieron problemáticas -agrega- que pre pandemia no surgían con tanta frecuencia, como por ejemplo, situaciones de abuso sexual intrafamiliar, situaciones de autoagresión en los jóvenes o intentos de suicidio, inclusive suicidios consumados. También situaciones de violencia de género. Estas cuestiones emergieron principalmente en este último año”.

No obstante, las referentes de La Garganta se encontraron con que los centros de atención primaria del barrio no están pudiendo hacer frente a la demanda que perciben en aumento: “En los CeSAC hay más de tres meses de espera para conseguir un turno. Y una vez que ingresas, la cantidad de sesiones es acotada, porque el equipo tiene que garantizar que ingresen otras personas que están en la lista de espera”, explica. “Nos dimos cuenta que en los territorios todo lo que tiene que ver con salud mental está muy desfinanciado, no solo en lo económico sino también en términos de recursos humanos”.

Calvetti coincide con la imposibilidad de los centros de atención primaria en satisfacer la demanda: “Hay consultas de salud mental que requieren un/a psicólogo/a y los centros de salud tenemos una cantidad limitada. Hay cuatro centros de salud en el barrio, y en total hay unos 10 o 15 psicólogos/as en los cuatro centros, que no dan abasto para todas las consultas”. Calvetti también llama la atención sobre otra problemática, relacionada con la atención psiquiátrica: “Es un nudo crítico, una necesidad grande en el barrio. Los/as psiquiatras están en los hospitales monovalentes como el Moyano o el Borda, a los cuales la gente no accede tan fácilmente”.

Las investigadoras del Grupo de Estudios sobre Salud Mental y Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Gino Germani, Silvia Faraone y Celia Iriart, analizan en un artículo publicado en el 2020 la pauperización de la atención psiquiátrica en los barrios del sur de la ciudad, agravada por la pandemia: “Una situación que emergió repetidamente fue que, dada la dificultad de traslado para la asistencia ambulatoria en los hospitales monovalentes Borda y Moyano, las/os usuarias/os comenzaron a recurrir a los centros de salud para solicitar medicación, generalmente crónica. Estas/os usuarias/os al no poder asistir a la atención institucional habitual, recurrieron por su cuenta a los centros de salud para obtener la necesaria medicación, pero sin acceder a una continuidad terapéutica más profunda y cuidadosa”. Calvetti afirma que, si bien los CeSAC pueden brindar la medicación requerida, la profunda escasez de psiquiatras afecta el adecuado seguimiento de los tratamientos ya iniciados, así como la posibilidad de contener padecimientos que expresan un mayor nivel de urgencia y que requieren tratamiento farmacológico.

 

Mirada integral, más derechos

Para Fabio Muente, psicólogo y trabajador de las Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia (ATAJO), el problema no se resuelve balanceando la ecuación aritmética: “Cuando hablamos de salud mental hablamos de un padecimiento, de un dolor que no encuentra un cauce (...). La respuesta no es agregar más psicólogos/as, sino una mirada distinta sobre estos territorios. Tratar la salud mental como algo mucho más comunitario, ligado a actividades sociales, y con una mirada más preventiva. Y por supuesto, con más reconocimiento de derechos”.

En la misma línea, Ximena Arias, psicóloga y coordinadora del Atajo de la villa 21-24, agrega que pensar una política en salud mental con una mirada integral “incluye todo lo que es promoción y prevención, no solo apagar el fuego. Hay mucho trabajo en los barrios, profesionales muy comprometidos, pero no alcanza por los escasos recursos”. Y explica que “cuando nos llega un caso vinculado a salud mental, nos ponemos en contacto con el CeSAC que le corresponde y con los profesionales con los que tenemos más llegada; pero, en definitiva, no hay turnos, por más que haya buena voluntad, están sobrepasados”. Tamara coincide con esta perspectiva: “Entendemos que la falta de atención no tiene que ver con el personal de salud, sino con falta de políticas públicas que garanticen que haya cuerpos físicos que puedan dar respuesta”. En efecto, según pudo confirmar Sur Capitalino, en estos casi dos años de pandemia les trabajadores de la salud de los CeSAC no pudieron tomarse licencia para descansar y, obviamente, están agotades. Al respecto, Faraone e Iriart concluyen en su artículo que “la pandemia evidenció las malas condiciones de trabajo que décadas de políticas neoliberales han generado en la ciudad más rica del país. Precariedad laboral, bajos salarios, espacios laborales inadecuados y falta de reconocimiento profesional”.

Además de plantear la ausencia de protección social y el reconocimiento de derechos pendiente para con les trabajadores de la salud, el informe de La Poderosa pone en discusión la relación entre salud mental y vulnerabilidad social: "¿Es posible gozar de salud mental en un contexto de precariedad? ¿Cómo hacer para obtener un mínimo grado de estabilidad psíquica cuando los derechos son vulnerados?”. Al respecto, Ximena ensaya una primera respuesta: “tener todo garantizado no es sinónimo de salud mental, pero en estos barrios este bienestar tiene que ir acompañado de otras políticas públicas, que garanticen trabajo, vivienda, salud, educación, etc.”. Por su parte, como vecina de la 21-24 Tamara señala que la salud mental se deterioró especialmente en los barrios populares, “porque no es lo mismo tener angustia y llegar a tu casa y no tener agua para bañarte o que el agua salga sucia. Por otra parte, no poder salir a hacer changas afectó un montón a los vecinos y vecinas. Lo que intentamos hacer fue garantizar las primeras escuchas, bancar la parada. Ahí entran los cuidados colectivos, y nos damos cuenta que somos las feminidades las que garantizamos estos cuidados. Otra lista más que se suma a los trabajos no pagos que tenemos”.

Así, les referentes sociales de los barrios se convierten en espacios de acompañamiento y escucha sobre problemáticas “que a veces podemos contener y a veces no. Las situaciones de consumo problemático y de suicidios son muy difíciles”, sostiene Tamara. “Y tenés que estar armada con una especie de primeros auxilios psicológicos para que no te destruya cada situación que viene. La vida en el barrio es el día a día y es difícil todos los días. Vivimos bajo un estrés constante en el que hacemos lo que podemos, trabajando articuladamente, y sabiendo que no estamos solos en eso”.

Más allá de las carencias, los escasos recursos y los déficits, les entrevistades coinciden en que es necesario potenciar lo existente. “En la 21-24 hay muchos dispositivos, mucha organización procurando bienestar, procurando armar redes”, dice Ximena. La articulación y el trabajo colectivo y comunitario es clave: “Hay una definición de Freud que me parece que sigue sumamente vigente, que es que la salud es la capacidad de amar y trabajar”, comenta Fabio. “Y me parece que eso se ve mucho en los barrios, incluso en los contextos más precarizados. Pienso en los comedores comunitarios que llevan adelante mujeres con mucha capacidad de amar y trabajar. Lo que me parece es que hay que cuidar esos espacios, por ejemplo reconociendo derechos. Quizás la pregunta sea cómo hacer para cuidar y potenciar la salud mental que existe en los territorios”.