Con la imágenes del incendio del edificio tomado en el barrio de La Boca aún en la retina, el Gobierno porteño no dudó en anunciar el  veto a ley aprobada por todos los bloques de la oposición que prohibía los desalojos de personas en situación de emergencia habitacional que ocupan edificios de propiedad pública. Además, la Ley fijada un plazo de 90 días para que el Ejecutivo presente un plan para solucionar el déficit habitacional y creaba una comisión de seguimiento integrada por legisladores, varias ONG y la Defensoría del Pueblo, para garantizar su cumplimiento.

El diputado de la Coalición Cívica y presidente de la Comisión de Vivienda de la Legislatura, Facundo Di Filippo, autor de la norma sancionada el pasado 4 de diciembre afirmó: " no me llama la atención el veto porque el Ejecutivo porteño todos los días saca decretos administrativos para desalojos", y sostuvo que con esta medida: "El Gobierno de Macri demuestra que no le interesa la crisis habitacional de la Ciudad, es más, la desconoce. No hay justificación para este veto y estamos analizando una presentación ante la Justicia porque es el Estado el que debe dar soluciones progresivas a la crisis habitacional protegiendo a los sectores más vulnerables".

La desición marca el rumbo de la política habitacional del macrismo y deja vía libre para desalojar unas setecientas familias que ocupan desde hace veinte años los terrenos bajo la ex AU 3, entre los barrios de Belgrano y Villa Urquiza, donde el gobierno planea levantar nuevos emprendimientos inmobiliarios. Ante esta situación, la  jueza porteña, Elena de Liberatori, ordenó la suspensión de los desalojos en toda la extensión de esa traza.

En su fallo la Jueza sostuvo: “Estamos ante la amenaza cierta a un derecho constitucional doblemente afectado por el gobierno de la ciudad. Por un lado, porque no se han tomado recaudos acerca de dónde habrían de ser trasladadas las personas a desalojar, y sin contemplar qué sucede con los niños. Por el otro, tampoco le es respetado a esas personas su derecho a vivir al menos donde están, en la situación de precariedad absoluta en la que se hallan.”

La semana pasada, Macri recibió una carta de firmada por 30 organizaciones sociales, entre ellas el CELS y el SERPAJ, donde se objetaba la política en materia habitacional y le pedían que promulgara la ley que, finalmente, fue vetada.

La medida causó el rechazo de los legisladores de la oposición que salieron a cuestionar duramente al Jefe de Gobierno. El legislador kirchnerista, Juan Cabandié, consideró que "el gobierno de Macri no puede, ni debe, convertirse en uno de los mayores desalojadores de la Ciudad”, y agregó: "escuchar a Rodríguez Larreta pone los pelos de punta. Debe pensarse que al avanzar en más desalojos cada vez más familias serán arrojadas a vivir en las calles sin ningún tipo de contención”.

Si bien resta una instancia institucional en la cual la Legislatura podría rechazar el veto, haría falta una mayoría especial de dos tercios del cuerpo, unos 40 votos que la oposición no alcanza a reunir.