Desde clases virtuales hasta trámites esenciales, el año de la pandemia sacó a flote las dificultades de acceso a internet para las familias que viven en barrios populares. Y aunque el Estado nacional lo declaró “servicio público”, las grandes empresas se niegan a cumplir con la regulación. Mientras tanto, un programa del Enacom impulsa proyectos de cooperativas para brindar conectividad allí donde más se necesita.
Están en la primera línea de los centros de salud, los comedores populares, las escuelas, los cuarteles de bomberos. Sin dudarlo, asumen los riesgos para asistir a los demás. Ponen el cuerpo en su trabajo asalariado, en el solidario y en sus hogares, donde sostienen las tareas y el cuidado de niñes y personas mayores. Son mujeres de La Boca, las protagonistas del 2020.
A decenas de familias de la villa 21-24, relocalizadas en complejos de viviendas en el marco de la causa "Riachuelo", les llegaron facturas de Edesur y Metrogas con montos y consumos tan altos como irreales. Son familias que se encuentran bajo la línea de pobreza y que la mudanza las obligó a afrontar nuevos gastos pero con la misma vulnerabilidad. Piden que se apliquen tarifas diferenciadas por zona y que el IVC garantice que el pago de los servicios y del crédito no supere el 20 por ciento de los ingresos.
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