Hasta hace algunos años, vivían en los márgenes de la villa 21-24 pero, por orden de la Corte Suprema, fueron relocalizados a nuevos complejos de vivienda. Su situación habitacional cambió, pero la económica es la misma o, incluso, peor. Hoy viven en edificios con fallas estructurales y deudas impagables. Un proyecto de ley de la Defensoría del Pueblo busca declarar la emergencia para revertir esta realidad.
El 14 de mayo, el gobierno de Jorge Macri desplegó un violento operativo policial en quince villas porteñas. Con televisación en vivo y equipamiento de guerra, el despliegue de “Tormenta negra” más que combatir delitos complejos, buscó exhibir autoridad sobre sectores históricamente estigmatizados. En las semanas posteriores, los controles, desalojos y clausuras no se detuvieron.
Un informe de la Defensoría Pública porteña puso en números el mapa de la pobreza infantil en la ciudad más rica del país: en las comunas 4 y 8, el 58% de los niños, niñas y adolescentes son pobres, frente al 10% del norte. Son más de 214 mil los menores de 17 años que viven en malas condiciones ambientales y unos 100 mil que ni siquiera tienen garantizada su alimentación. La marca de la desigualdad.
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