Orden, limpieza, propiedad privada. Bajo estas premisas, festejadas por muchas y muchos porteños, gobierna Jorge Macri. Con una narrativa que estigmatiza al pobre y al migrante, desde hace dos años despliega políticas públicas que arrasan derechos que el Estado debería garantizar. Los casi 600 desalojos, con los que hace campaña y se enorgullece por redes sociales, ya despojó de vivienda a más de 3 mil personas, entre ellas mil niños y niñas, tal como denunció Tiempo Argentino. El método (de dudosa legalidad) que el gobierno de la Ciudad utiliza en muchos de estos desalojos impide que esas familias se defiendan de cualquier arbitrariedad o mentira y, además, evade protocolos establecidos para proteger los derechos de esas personas. El brazo ejecutor de esa decisión política es la Guardia de Auxilio. Y el mecanismo consiste en señalar que una propiedad está en peligro de derrumbe y, automáticamente, hacer salir a quienes viven allí, en general con lo puesto y sin poder retirar nada de sus pertenencias. Una vez desalojado, el inmueble es clausurado por orden de la propia Guardia y listo. Nadie se pregunta qué pasa con esas personas que quedaron en la calle ni tampoco con la vivienda. ¿Alguien realizará alguna obra para que el lugar vuelva a ser habitable? ¿O quedará vacía detrás de una tapia de ladrillos rojos? ¿Esas familias a dónde vivirán? ¿Podrán volver a su vivienda?

La Boca es uno de los barrios en los que Macri eligió desplegar esta política. No es casual. Desde hace años, sufre un proceso de gentrificación (de expulsión de sus habitantes habituales) de la mano de un Estado que habilita el avance del mercado inmobiliario. Hasta ahora, las maneras en que esto sucedía estaban asociadas mayormente a juicios civiles, en algunos casos penales, y a incendios no prevenidos. Así, decenas de inmuebles quedaban en manos del negocio especulativo. Bueno, esto sigue sucediendo, pero se sumaron el desalojo administrativo -el que hace directamente el gobierno sobre inmuebles que (en principio) le pertenecen, pero en los que viven familias - y el desalojo por peligro derrumbe -que también está en manos del Ejecutivo, en particular, de la Guardia de Auxilio-. No son casos aislados y, haya riesgo o no, la protección de las personas es la excusa para vaciar rápidamente el lugar. Para ellas, regresar será una misión imposible.     

De altares, fuego y resistencias

En la esquina que forman Melo, Salvadores y Vespucio se levanta un altar. Bajo un techo de chapa, hay fotos, trofeos, flores, estampitas, rosarios y un cartel que, a mano, dice “Pitu. Polaco. Proyecto Futuro”. Detrás del santuario, un terreno vacío y al fondo una casita precaria. Allí viven Estela y Jorge, mamá y papá de Pitu y Pola, dos niños que murieron durante el incendio que el 13 de octubre de 2013 se encendió, de forma intencional, en el conventillo que habitaba toda la familia. Ahí mismo, donde ahora se levanta el altar y el rincón donde viven. En realidad, donde vivían. Porque en enero, la Guardia de Auxilio clausuró el lugar porque una de las paredes estaba en muy mal estado. Desde entonces, Estela y Jorge están en un hotel en Ciudadela. La clausura también incluyó al conventillo lindero, de Melo 580, a donde viven otras cinco familias hace 30 años. Ellas también quedaron en la calle con lo puesto luego de que el arquitecto de la Guardia de Auxilio, Gustavo Míguez, dijera que el lugar estaba en riesgo. Sin embargo, otro arquitecto, Tomás Zadek, del Grupo de Vivienda y Hábitat de La Boca dijo lo contrario. “Es prepotencia, porque no tiene justificación técnica hacer semejante nivel de clausura e inhabilitación de acceso a pertenencias y hábitat, por más precario que sea. Hay familias que están en este terreno hace 30 años. Es obvio que hay una motivación no manifiesta”. La motivación es que estos lugares queden a disposición del mercado.

El 29 de enero por la mañana un enorme despliegue de policías de la Ciudad llegó a Melo y Salvadores junto a personal de la empresa privada de demoliciones Global y una grúa. Las familias desalojadas una semana antes esperaban en la calle desesperadas. No estaban solas. Había vecinos y vecinas, integrantes de organizaciones sociales y políticas de La Boca, medios de comunicación populares como Sur Capitalino, profesionales de la salita del barrio. Nada estaba claro, ni siquiera qué vivienda venían a demoler. La orden, decían desde la Guardia de Auxilio, era de Jefatura de Gabinete. Finalmente, Estela y Jorge aceptaron llevarse sus pertenencias y, tras una discusión y unos forcejeos, se logró que el altar no se demuela.

La resistencia activa también logró que el conventillo de Melo 580 no se toque y que se abra la posibilidad de que las familias presenten un plan de obra que, si se aprueba, pueda hacer las reparaciones necesarias. Pero hasta tanto eso ocurra, si es que ocurre, el conventillo seguirá clausurado. Y las familias sin un techo.  

Pero el caso de Melo no es el único en La Boca. Para el arquitecto Zadek, “hay un patrón de acción en la Guardia de Auxilio, que ejecuta un instructivo que viene de otro lado. De hecho, en los últimos meses me estoy convirtiendo en un visitante asiduo de la Guardia por distintos episodios que tienen en común exigirles a las familias desalojadas un laberinto imposible de cumplir. Como que presenten un título de propiedad, algo que no existe en los conventillos de La Boca”.   

Título de propiedad o comprobante de alquiler es lo que también les pidieron a los vecinos del incendio de Irala 952, ocurrido el 23 de enero y en el que murió una señora. Tres semanas después, el lugar sigue clausurado y la mayoría de las familias ni siquiera pudieron entrar a sacar sus pertenencias más básicas, a pesar de los oficios presentados por la Defensoría. En algunos casos, los papeles que les exigen están dentro de la vivienda o se quemaron.

Casualmente, la Guardia de Auxilio nunca intima a propietarios a realizar las obras necesarias para que los conventillos estén en condiciones de habitabilidad. Llegan después de incendios o accidentes. O desalojan y clausuran inmuebles abandonados o sin dueños, en el que decenas de familias viven desde hace 20 o 30 años.