En el 2025, se cumplieron quince años de la sanción de la Ley nacional de Salud Mental, que fijó tajantes indicaciones sobre los hospitales neuropsiquiátricos y el avance a una desmanicomialización que lleve a su reconversión o cierre. Pero entre la fría y lejana letra de la normativa, la falta de interés de les funcionaries por hacer cumplir estos cambios y la ausencia de inversión, los centros de salud como el Borda, en Barracas, ven pasar el tiempo y avanzan en el sentido contrario. Sobremedicación, pacientes con nula posibilidad de cumplir cualquier proyecto de vida y presencia intimidante de personal de seguridad conforman el panorama diario que transcurre en los prolongados patios y pasillos del hospital.

A propósito de un nuevo aniversario de la sanción de la Ley Nº 26.657 de Salud Mental, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentaron un informe para abordar el estado de situación de los manicomios porteños y la “transformación que no llega”, como lo definieron. De ellos el Borda, con más de 500 de las 1290 camas que tienen los cuatro centros monovalentes de la Ciudad, es el que más experimenta la desidia y la distancia con lo que debería ser.

“En principio, no tendría que haber un hospital de las características del Borda”, dice Sofía Soberón, trabajadora social e integrante del área de Salud Mental del CELS. La profesional explica que, contradiciendo la normativa e incluso la Ley 448 de la Ciudad, “se sigue sosteniendo y en el último tiempo fortaleciendo, una respuesta de encierro manicomial”. Esta respuesta, explica Sofía, “tiene que ver con internaciones crónicas como la única respuesta para abordar problemáticas de salud mental, en lugar de pensar otro tipo de dispositivos que apunten más a la atención desde el ámbito comunitario o desde lo ambulatorio”.

De esta manera, según su descripción, la cotidianeidad del hospital neuropsiquiátrico se ve invadida por situaciones de “sobremedicación, hechos de violencia, y donde no hay una delimitación clara de consignas policiales en los hospitales, llevando a que se desdibujen las funciones y derivando en una rutina policial dentro de un centro de salud”. Ante estos casos, como integrante de una situación que permanentemente hace un seguimiento de los excesos policiales, enfatiza que “siempre deberían poder primar las decisiones del equipo tratante o profesionales de salud, sin interferencia de las fuerzas”.

Control y disciplinamiento

Celeste Fernández es abogada e integrante de ACIJ. A lo descripto, aporta las consecuencias que genera el encierro de las personas que son atendidas en el Borda. “Los pacientes no son libres de salir de ese lugar. Si quieren salir, deben pedir autorización médica. Entonces son instituciones basadas en el encierro, el control y el disciplinamiento de las subjetividades. Cuando uno se acerca a estos lugares, es muy claro ver que las personas están ´muertas en vida´ porque no pueden materializar sus proyectos de vida. Eso solo ya constituye una tortura, e incluso hay casos en los cuales hay prácticas todavía más explícitas de tratos crueles, inhumanos y degradantes, por la sobremedicación, la violencia física y psicológica por parte del personal de seguridad o los propios profesionales de salud”.

Dentro de este clima, uno de los pocos espacios de oxigenación con el que cuentan los pacientes, en la dirección desmanicomializadora, es la radio “La Colifata” o el Frente de Artistas (FAB), experiencias predecesoras a la ley y que funcionan a pulmón. Pero lamentablemente, son insuficientes para transformar la lógica monovalente que rige a hospitales como el Borda.

Por eso, se impone una pregunta: qué debería hacerse con los pacientes neuropsiquiátricos y qué debería pasar con hospitales de este tipo. Fernández lo sintetiza en tres ejes: “Uno es la atención de la salud mental en el primer nivel, que prácticamente no la hay en los centros de salud, lo que genera que se llegue a niveles críticos que se podrían haber atajado mucho antes. Lo segundo son las salas en hospitales generales: si estos no reciben a personas con diagnóstico en el campo de la salud mental, estamos mal. No te deberían poder rechazar en ningún hospital. Y lo tercero, son los dispositivos comunitarios que hacen que las personas puedan vivir en la comunidad. Algunos son residenciales y otras no, como talleres de arte o inserción laboral”.

Sofía Soberón, de CELS, añade a los CESACs como instituciones que podrían trabajar con estos pacientes según la ley nacional y la local. Pero explica que lo que falta para dar el primer paso en la atención en estos espacios o los hospitales generales para casos de salud mental es grande. “También supone que las internaciones deberían ser por períodos cortos y que, pasada la crisis, el paciente pudiera seguir su tratamiento de manera ambulatoria. Pero en eso también hay que determinar qué tipo de tratamiento, y preferentemente de manera interdisciplinaria. Todo eso no se está cumpliendo”, cuestiona.

Como un cumpleaños de quince, pero en tono triste y con sabor a resignación, pacientes, familiares, asociaciones y profesionales de distintas ramas de la salud, ven pasar estos tres lustros de la sanción de una ley, que tiene la solución al alcance de la mano. Pero que la falta de decisión política, voluntad presupuestaria y visibilidad de lo que pasa en el día a día para el resto, hace lejano un cambio al menos en el corto plazo.