En los últimos meses, el Hospital José T. Borda se fue transformando a los ojos de quienes lo habitan a diario en un espacio más parecido a una comisaría o a una cárcel que a un hospital

público especializado en salud mental.

Cualquier tarde de semana, la escena se repite: móviles policiales estacionados frente al Borda, efectivos apostados en los accesos y dentro del predio, policías circulando por pasillos,

salas comunes y sectores que hasta hace poco eran exclusivos del personal sanitario.

Trabajadores y pacientes describen un clima cada vez más tenso, con controles más rígidos y una atmósfera que muchos definen como opresiva, muy lejos de la lógica de un dispositivo de cuidado y tratamiento. El hospital endureció el control de ingreso y egreso, sumó dos servicios de admisión (en total son tres) para recibir a personas que delinquieron, se redujeron las visitas de los sábados y se eliminaron la de los domingos. La atmósfera se volvió opresiva y el clima –entre el personal, pacientes y una policía armada y uniformada o de civil que se desenvuelve cada vez con “mayor prepotencia y altanería”–, tenso.

Trabajadores del Borda explican que, desde el desmantelamiento de las Unidades 20 y la salida del programa Prisma, muchas personas con padecimientos mentales y causas judiciales quedaron sin dispositivos específicos y comenzaron a ser derivadas al hospital. “Hace tiempo recibimos pacientes enviados por la Justicia como si el hospital fuera un ámbito carcelario; por eso el Borda se llenó de policías”, advirtió Gabriela Sánchez, secretaria de la Comisión Interna de ATE en el establecimiento, al señalar que la institución terminó funcionando como un lugar de depósito para personas judicializadas con custodia armada.

Según relatan los trabajadores, la Dirección del hospital no rechaza estos ingresos y existe un antecedente que explica ese posicionamiento: en una oportunidad, médicos de guardia se negaron a internar a una persona por no cumplir criterios clínicos y terminaron procesados por no acatar una orden judicial. Desde entonces, las internaciones se concretan igual, pero bajo estricta vigilancia policial, mientras que los intentos de obtener explicaciones oficiales por parte de las autoridades de salud mental porteñas no tuvieron respuesta, pese a reiterados pedidos de periodistas y organizaciones.

A la par del aumento de efectivos, los empleados denuncian que la policía comenzó a ocupar áreas de trabajo de enfermería y otros sectores del hospital, incluso utilizando oficinas y espacios comunes para reuniones informales y juegos nocturnos con música alta. Un episodio que encendió las alarmas fue cuando un trabajador de limpieza abrió la puerta de un baño y recibió insultos y una amenaza directa de un agente: “Mirá que te puedo dar un tiro”, relato que circula entre el personal como ejemplo del deterioro de la convivencia y del corrimiento de límites dentro de un dispositivo que debería priorizar el cuidado.

Tras cumplirse 15 años de la sanción de la Ley de Salud Mental que exigía la desmanicomialización, el Borda no sólo siguió siendo un hospital monovalente sino que hoy se convirtió, según sus trabajadores, en “una gigantesca comisaría” o en “un espacio depositario de pacientes judicializados con policías armados”.

Fuente: ElDiaroAr