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viernes 23, enero de 2009

Villa 31, otra vez en centro de disputas

Tras las declaraciones del Gobierno porteño sobre sus intenciones de demoler algunas construcciones de La Villa 31 de Retiro, se reabrío el conflicto de responsabilidades entre Nación y Ciudad.

Las primeras noticias de la semana indicaban que el gobierno de la Ciudad demolería construcciones precarias de la Villa qie corren peligro de derrumbe. Macri aclaró que se está dialogando con los vecinos para acordar los procedimientos: "Detener el crecimiento, hacer obras de infraestructura, y resolver los problemas de los edificios que corren peligro de derrumbe”.

El Jefe de Gobierno, acusó al ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández , de no cumplir la orden judicial que prevé el cierre de los accesos para el ingreso de materiales de construcción.

El titular de la cartera de Justicia no se hizo esperar y salió al cruce con fuertes declaraciones : "Mi gente, sea de la Policía, Gendarmería, Prefectura, conoce de muchas cosas pero no de materiales de construcción como para decir esto que están entrando es para construcción de altura".

Y agregó: “No voy a poner a la gente a hacer lo que no sabe a hacer. Nosotros hemos tomado contacto con el juzgado y el juzgado ha entendido, esperamos que nos den los oficios pertinentes, que disponga en conjunto con la Ciudad de Buenos Aires, que es quien tiene poder de policía, quiénes son los inspectores que se van a abocar a esta tarea. Cuando nos digan los inspectores, nosotros pondremos la policía que va a custodiar esos inspectores y el tema se llevará adelante de la mejor manera", indicó Fernández.

"Yo voy a cumplir cuando me digan a quién tengo que custodiar", enfatizó el ministro y volvió a apuntar contra Macri: "Este señor, aparte de vago y de inculto, no tiene la vocación de escuchar. Que agarre un libro que no muerde, se lo pido por dios".

Al conocer las intenciones del Ejecutivo porteño, los  vecinos de la villa 31 y 31 bis salieron a la calle para protestar contra la nueva amenaza de demolición. Desde el Gobierno porteño salieron a apagar el fuego mediático que desató el anunció y sseguraron que  "no está prevista ninguna demolición parcial o total sin el consentimiento de los habitantes del lugar".

El ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, expresó "todos estos objetivos han sido establecidos mediante el diálogo con referentes y vecinos de los asentamientos en el marco de la Mesa de Trabajo", en referencia a la reunión que mantuvieron con 33 referentes del barrio.

Entre estos objetivos consensuados se destacan: "la inmediata solución de los problemas de presión en la red de agua de la Villa 31, el tendido de una red de agua troncal en la Villa 31 bis (obra que se iniciará en las próximas semanas), la remodelación y el equipamiento de los espacios verdes existentes en los distintos sectores de los asentamientos, el alumbrado y asfalto de las principales calles y la ampliación de la sala de auxilios médicos".

En los próximas semana funcionarios del gobierno se reunirán con los habitantes de las 50 viviendas en las que se detectaron irregularidades y  peligro de derrumbe para explicar la situación y acordar una salida.

El Gobierno de la Ciudad convocará también a peritos de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal para que revisen las viviendas en peligro para proceder y elaboren un diagnóstico, que de coincidir con el del Gobierno, resolvería la refacción o demolición parcial o total de las construcciones.

El presidente de la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña, Facundo Di Filippo, aseguró que esto es una pelea entre el macrismo y el kirchnerismo y que “`se pasan la pelota´, para no hacer nada, desentendiéndose del problema, y dejando a los que más sufren sin respuestas y sin soluciones”.

Además hizo referencia a la decisión de Macri de demoler viviendas en la Villa 31: “Una medida como la que pretende llevar a cabo el Gobierno de la Ciudad requiere la aceptación de la Mesa de Diálogo constituida con los habitantes de la Villa (no sólo de los punteros afines); la reubicación en viviendas dignas ya construidas; y, sobre todo, se necesita un estudio serio respecto de la situación edilicia de las construcciones, y no uno surgido de la mera observación de un arquitecto disfrazado de fumigador”, y añadió: “Lo que tienen que hacer los Gobiernos de la Nación y de la Ciudad si quieren evitar riesgos edilicios y darle una mejor calidad de vida a quienes viven precariamente en las villas, es un verdadero plan de urbanización que las transforme en barrios dignos integrados al resto de la Ciudad”.

Respecto del veto dispuesto por Macri a la modificación de la Ley de Emergencia Habitacional, Di Filippo afirmó: “Pareciera que el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad actúan coordinados en la política de desalojos sistemáticos. Macri veta la ley con argumentos ridículos, y el Organismo Nacional de Administración de Bienes (ONABE) ya ejecutó 55 procesos de desalojo y avanza en el desalojo de 800 familias en el playón de Chacarita”.

Por último, remarcó que “El Estado es quien debe asegurar las condiciones de vivienda digna, y no debería ser el responsable de agravar la situación de vida de quienes padecen el déficit habitacional”.

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