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martes 24, marzo de 2009

Riachuelo: todo sigue igual

A nueve meses del fallo de la Corte, el Cuerpo Colegiado presentó este lunes un duro informe sobre lo actuación por la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo, organismo que debe llevar adelante el plan de saneamiento establecido por el máximo Tribunal.

El lunes pasado, el Cuerpo Colegiado integrado por  la ONG Greenpeace, la Asociación Vecinos de La Boca, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) y la Defensoría del Pueblo de la Nación, denunció el incumplimiento de las obligaciones establecidas por la Corte Suprema para sanear la Cuenca.

De acuerdo a lo dispuesto por la Justicia, estas organizaciones deben controlar la ejecución del Plan de Saneamiento del Riachuelo, por eso, a nueve meses de su puesta en marcha los representantes de las agrupaciones hicieron un crítico balance de lo actuado por la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).

Durante la conferencia de prensa realizada en la Vuelta de Rocha  hicieron público un documento en el que detallaron las reiteradas faltas, entre las que destacó: la no inspección de las industrias de la Cuenca; la ausencia de planes de reconversión para las empresas contaminantes; la inexistencia de controles ambientales periódicos de la calidad del agua y el aire y de la salud de los pobladores de las zonas ribereñas; la falta de ejecución de las obras indispensables para proveer de cloacas a los municipios de la cuenca y darles adecuado tratamiento a sus residuos domiciliarios así como la ausencia de medidas para atender la emergencia habitacional de las personas que viven sobre basurales.

Además reclamaron que se establezca un cronograma para que las industrias reduzcan a cero el vertido de sustancias tóxicas a la cuenca, para el año 2020 y la implementación de  un sistema de información pública que permita medir el avance en el cumplimiento de los objetivos que fijados por la Corte, mejorar la calidad de vida de los habitantes, recomponer el ambiente de la cuenca y prevenir el daño futuro.

Ante el  decepcionante panorama, solicitaron a la ACUMAR que establezca una meta urgente de reducción al 50 % de un grupo de contaminantes industriales prioritarios (cromo, plomo, cadmio y mercurio) para el año 2015.

Asimismo, enfatizaron que el reglamento actual para la determinación de los Agentes Contaminantes dictado por la ACUMAR “carece de bases ambientales sólidas”, “no contempla el control de metales pesados que hoy contaminan la cuenca” y “exime del control a la empresa AySA, a pesar de que es la mayor aportante de vertidos”. El Cuerpo solicitó el dictado de un nuevo reglamento a la ACUMAR, que se adecué a las obligaciones establecidas en la sentencia dictada por la Corte Suprema.

Otro punto flojo fue el de la prevención y eliminación de los basurales a cielo abierto asentados sobre los márgenes de la Cuenca y soluciones habitacionales para los habitantes de la zona que viven en situación de alerta sanitaria.

Por último, mencionaron la ausencia de mecanismos de consulta y participación popular de los residentes de la cuenca en el diseño e implementación de políticas.
 

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