"Pretender que cohabiten niños y niñas con fuerzas de seguridad policial es de una gravedad que no se ciñe con las garantías constitucionales y los tratados internacionales vigentes en nuestro país", sostuvo la legisladora de Igualdad Social, Liliana Parada, quién presentó una medida cautelar para que la Justicia prohíba al Ejecutivo porteño construcción del muro.

A pesar de la fuerte oposición que desató el anuncio, la semana pasada el Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, decidió que el programa recreativo para niños carenciados “Puerto Pibes” dejará de funcionar en el predio de Costanera Norte para instalar el centro operativo de la futura Policía Metropolitana.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social, aseguraron que los trabajos de “Puerto Pibes” continuarán en Parque Roca.El punto que el macrismo parece olvidar es que la mayoría de los chicos que acudían al complejo de Costanera viven en la Villa 31, muy alejados del Parque Roca.

El complejo Puerto Pibes funcionaba desde 1989 como centro de recreación infantil, en sus instalaciones se desarrollaban programas educativos para niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad social.

Además como en el predio seguirá funcionando la escuela Indira Gandhi, planean construir un muro que divida las instalaciones pertenecientes al Ministerio de Justicia y Seguridad y al de Educación.

En vista de esta situación, la legisladora Parada presentó una medida cautelar ante la Justicia para prohibir la construcción de la pared divisoria.

La semana pasada, la legisladora ya había presentada un amparo ante la justicia a fin de "a fin de resguardar el derecho social constitucional a la educación amenazado por las acciones del Gobierno porteño”.

Los padres y docentes se reunieron con funcionarios del Ministerio de Educación y Seguridad para plantearles su oposición a la medida. Todavía desde el Ministerio de Educación no informaron cuando comenzarán las clases en la escuela Indira Gandhi.

Por su parte los trabajadores de la educación que integran la Red de Apoyo Escolar y que trabajamos con niños y niñas en situación de alta vulnerabilidad social manifestaron su repudio al cierre del complejo y consideraron la medida como un “atropello a los derechos a la recreación, a la integración, a la educación, a la protección y asistencia que el Estado debe brindar por obligación y por ética, a los niños y niñas con escasos recursos sociales y económicos”.

“Resulta llamativo y preocupante que, en un contexto deficitario (en calidad y cantidad) de políticas públicas para niños/as y adolescentes de sectores de escasos recursos (que en parte trasciende la actual gestión), el Ejecutivo decida cerrar Puerto Pibes y ubicar allí un centro para la policía metropolitana. La niñez y la adolescencia parecen cobrar notoriedad y prioridad en la agenda sólo cuando ingresan vinculadas a los temas de seguridad, la delincuencia, la baja de la edad de imputabilidad, el paco etc.”, remarcaron.